En el sitio en internet de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se lee: “El rector es el jefe nato de la Universidad, su representante legal y presidente del Consejo Universitario”. Entonces, como autoridad principal de la máxima casa estudios, deberá aplicar en los próximos días la normatividad para que se sancione a los funcionarios universitarios que violentaron los procedimientos y las gestiones administrativa y financiera para cometer supuestos actos de corrupción con el uso de fondos públicos que pusieron en riesgo el patrimonio universitario.
Esta decisión del rector José Narro Robles se vuelve más importante porque estamos a escasos tres meses y medio de que deje el máximo cargo universitario, y lo deseable es una entrega transparente y sana de su administración. Pero ante lo ocurrido en la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas (DGADyR), como se ha relatado en las últimas dos columnas, sería necesario que el sucesor del doctor Narro ordenara una revisión exhaustiva al manejo de recursos en otras áreas y direcciones, pues la Universidad no debe permitir casos como el ocurrido.
Nuestras fuentes explican que durante tres meses, del 13 de octubre de 2014 al 15 de enero de 2015, la Contraloría de la UNAM revisó las operaciones financieras, los procedimientos y la normatividad para el control y ejercicio de 20.7 millones de pesos aportados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) con motivo de la Olimpiada Nacional 2014, en donde la Universidad fue subsede en las disciplinas de remo, nado sincronizado, canotaje, tiro con arco, hockey sobre hielo y polo acuático.
La auditoría universitaria reconoce contundentemente que hubo múltiples irregularidades e incumplimientos en la aplicación de la normatividad e instrumentación de controles para el buen uso de recursos financieros por parte de la DGADyR, a cargo de Severino Rubio Domínguez, y de sus subalternos Maximiliano Aguilar Salazar, director de Deporte Representativo, y José Luis Marín Correa, secretario académico, entre otros.
De las muchas anomalías descubiertas, destaca que el 30% de las erogaciones, que ascendieron a 6 millones 381 mil 535.11 pesos, se realizaron con cargo a fuentes distintas al patrocinio otorgado por la Conade. Además, en la adquisición de bienes y servicios no se realizó licitación alguna y tampoco hay evidencia de la celebración de contratos, lo que habría permitido actos de corrupción y abuso por parte de directivos universitarios. También hubo desvíos por 829 mil 232 pesos a conceptos ajenos a la Olimpiada Nacional 2014.
Entre esos desvíos se suman los 326 mil 372 pesos para pagar una comida de convivencia entre ex jugadores de futbol americano de la ENEO y los jugadores de Pumas CU Liga Mayor, que tuvo un costo de 43 mil 500 pesos, así como la alimentación y hospedaje del equipo de baloncesto en el hotel Villas Posadas, por un costo de 282 mil 873 pesos.
Sobre el mal uso de estos recursos asignados por la Conade a la UNAM, el titular de la DGADyR, Severino Rubio Domínguez, respondió a la Contraloría que una vez concluida la Olimpiada quedó un remanente de recursos, lo que “generaría un problema tanto para la Conade como para esta Universidad en cuanto a la devolución de los recursos, por lo que le planteó a los funcionarios de la Conade hacer uso de esos recursos en la adquisición de uniformes y maletas para los voluntarios que pertenecen a la Comunidad Universitaria y que apoyaron en la logística de la Olimpiada Nacional, así como en diversos servicios de hospedaje y alimentación”.
Según la declaración de Rubio Domínguez, la Conade le autorizó los gastos extra para comprar pants y morrales, y presentó como prueba de ello un oficio, DGAD/081/2014, con fecha 30 de enero de 2015, en donde hace la solicitud, pero el documento oficial de la Universidad nada menciona sobre el hospedaje y alimentación del equipo de baloncesto, ni de la comida para la convivencia del futbol americano. Es decir que sí hubo desvíos.
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