Como sucede cada cuatro años en nuestra máxima casa de estudios, han iniciado los destapes por la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cargo muy deseado tanto por académicos como por políticos. El primero en salir a los medios y renunciar a su cargo como subsecretario de Relaciones Exteriores es Sergio Alcocer Martínez de Castro, quien se reincorpora a su plaza de investigador en busca de suceder al actual rector José Narro Robles, para el periodo 2015-2019.
Junto con este ex funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto hay otros candidatos fuertes (académicos e investigadores) que también buscan ocupar el escritorio del rector de la UNAM, que no es el mismo del maestro José Vasconcelos cuando estuvo en el máximo cargo universitario, pues al ser nombrado secretario de Educación Pública se lo llevó y ahora es parte del mobiliario de la oficina de Emilio Chuayffet.
Pero antes de que el doctor Narro Robles recoja sus libros y limpie la oficina que ocupó por espacio de ocho años, luego de que el próximo mes de noviembre se cumplan los dos periodos —de cuatro años cada uno— que estuvo al frente de la institución educativa más importante del país y de Latinoamérica, deberá entregar a su sucesor cuentas claras de su administración, por lo que en los próximos días deberá resolverse un caso de supuesta corrupción descubierto por el órgano de control de la Universidad, concretamente por la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial, a cargo de Humberto Moheno Diez.
Fuentes universitarias me dicen que se trata de un proceso que la UNAM lleva con mucho sigilo porque ocurre apenas unos días antes de que inicie formalmente el proceso de sucesión para designar al próximo rector y no quiere que éste se contamine. Según las investigaciones hay claras evidencias de que hubo un mal uso de recursos públicos federales descubierto por la Contraloría, al auditar una partida de más de 20 millones de pesos entregada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que preside el polémico Alfredo Castillo —aquel que fue comisionado en Michoacán y que dejó al estado más caliente que cuando llegó—, a la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas (DGADyR) de la UNAM, a cargo de Severino Rubio Domínguez, para cubrir algunos gastos por la Olimpiada Nacional 2014.
Aunque se trata de actividades deportivas, el caso de supuesta corrupción no es menor, pues la Universidad debe manejarse con total transparencia y los recursos públicos que recibe de la Federación tienen que vigilarse para que sean empleados adecuada y honestamente, pues al final de cuentas es dinero de todos los mexicanos que pagamos impuestos, y lo mismo debe ocurrir con los recursos autogenerados por la propia casa de estudios cuando participa en diversas actividades comerciales y disciplinas profesionales.
No es nuevo que la máxima casa de estudios padezca escasez de recursos presupuestales, pues el gobierno federal siempre escatima fondos a la educación superior, lo que provoca una creciente demanda de cientos de miles de jóvenes que no encuentran espacio en las universidades públicas y tampoco cuentan con los recursos económicos suficientes para asistir a instituciones privadas.
En las últimas semanas hemos visto múltiples movilizaciones de estudiantes rechazados que exigen ampliar la cobertura para este nivel de estudios, pero es la falta de recursos lo que impide a la Universidad abrir más espacios, por eso el dinero que maneja debe ser cuidado y bien administrado, y esta investigación de la Contraloría universitaria tendrá que llegar hasta las últimas consecuencias y fincar responsabilidades administrativas y, de proceder, hasta penales a quienes hayan abusado de la confianza de la Universidad Nacional.
PUNTOS SUSPENSIVOS... Con 7.5 millones de pesos producto de la cancelación de pensiones vitalicias que el IPN otorgaba a sus ex directores generales, algo injusto y abusivo, se pondrá en marcha un programa de becas de transporte para alumnos de escasos recursos. Esto es parte de los acuerdos alcanzados entre el gobierno y la Asamblea General Politécnica.
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