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El silencio en el periodismo equivale a la muerte de la democracia, sin importar la tendencia ideológica de quien escribe o publica. La sociedad pierde, los ciudadanos pierden, la democracia pierde. PEN México está de luto no sólo por el asesinato de un periodista comprometido y cronista indispensable del narcotráfico como Javier Valdez Cárdenas, asesinado el 15 de mayo, también por los otros siete colegas suyos asesinados este 2017, por los más de cien periodistas fallecidos de muerte violenta desde el año 2000. Ayer, finalmente, el presidente Enrique Peña Nieto se pronunció y propuso medidas ante la sociedad. Lo hizo desde la soledad del poder, porque no incluyó periodistas que aportaran ideas, pero lo hizo y es importante porque se reconoce, finalmente, que existe un problema muy grave. Además, se abre la puerta para que la sociedad civil y los periodistas exijan el verdadero cuidado y protección a los comunicadores y al derecho a la libertad de expresión.
El mensaje del presidente Peña Nieto está muy bien. ¿Cómo no va a estarlo si propone fortalecer la estructura y presupuesto del Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos; armar un esquema nacional de coordinación con los estados y un protocolo de operación; y fortalecer la Fiscalía Especial para la inmediata atención de ese tipo de delitos? En los hechos tenemos a Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, el nuevo fiscal nombrado por la PGR hace una semana, que no se ha pronunciado sobre los asesinatos, el mismo día, de Valdez y de Jonathan Rodríguez Córdova. En los hechos tenemos un país en donde la corresponsal de Proceso y de Apro, Verónica Espinosa, hostigada en abril, denunció ayer que “la encargada de prensa, una diputada, presiona y amenaza a reporteros para entrevistarla ¡sobre la Ley de Protección a Periodistas!” Mientras, en Culiacán, también el mismo día del mensaje presidencial sobre la protección a periodistas, el gobernador prometió, por supuesto, centrarse en el caso de Valdez. Lástima que después declaró que los hechos violentos son aislados.
Pero volviendo al mensaje de ayer, el gran problema de las medidas antes citadas es que no son soluciones inmediatas de cara al presente sangriento del país. El presidente no ha garantizado que los asesinos, intelectuales y materiales, de Javier Valdez Cárdenas serán detenidos en un plazo corto. Tampoco promete revisar los setecientos y tantos casos que siguen pendientes. No se habla, obviamente, de poner el tema en el tablero internacional, medida que se ha sugerido a México desde fuera. Cuando Peña Nieto pidió un minuto de silencio algunos de los reporteros presentes gritaron “¡justicia!” Eso es lo que necesitamos.
El lunes 15 de mayo la prensa mexicana comprobó, una vez más, que la libertad de expresión está siempre amenazada en nuestro país. Con los homicidios de Valdez y Rodríguez suman ocho los periodistas asesinados en este 2017: Cecilio Pineda Brito, en Guerrero; Filiberto Álvarez, en Morelos; Juan José Roldán, en Tlaxcala; Maximino Rodríguez Palacios, de Baja California; Miroslava Breach, en Chihuahua; y Ricardo Monlui Cabrera, en Veracruz. Dos periodistas más, Armando Arrieta y Julio Omar Gómez, sufrieron atentados y el escolta del segundo murió al defenderlo. Anteriormente la casa y vehículo de González habían sido incendiados en dos ocasiones. Por su parte, los periodistas Patricia Mayorga, de Chihuahua, y Fabián García Castrejón, de Nayarit, abandonaron hace muy poco sus respectivos estados al recibir amenazas de muerte. Por último, el 13 de mayo, en Acapetlahuaya, Guerrero, los periodistas Alejandro Ortiz (Grupo Imagen), Ángel Galeana (Bajo Palabra), Jair Cabrera (La Jornada), Jorge Martínez (Agencia Quadratín), Hans Musielik (Vice) y Pablo Pérez (Hispano Post) fueron asaltados por unos cien encapuchados, muy jóvenes y en estado alterado, al parecer miembros de La Familia. Se quedaron sin equipo y sin camioneta, aunque sus captores tuvieron la gentileza de dejarles un carro para que se fueran de la región bajo la amenaza de quemarlos.
Ojalá el Presidente cumpla con estas promesas. Lo central —en este país enrarecido donde, durante el último mes, han sido ahorcados dos jóvenes con cables telefónicos, asesinado un niño de dos años y violadas su mamá y su hermana, además de ser asesinada la madre activista de una muchacha desaparecida a pocos días de que el homicida saliera de la cárcel— es terminar con la impunidad. El mensaje es importante también porque serán atendidos, es la promesa, los estados que más riesgo tienen.
Dos preguntas por último: ¿Qué quisieron decir el Presidente y sus asesores con esa referencia a los periodistas serios en los últimos tres minutos del discurso? ¿Será aumentado el presupuesto?
Cronista y presidente de PEN México
