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El recrudecimiento de los ataques a la libertad de expresión, que ha dejado como saldo reciente los homicidios de la periodista Miroslava Breach, en el estado de Chihuahua; y los periodistas Ricardo Monluí Cabrera, en Veracruz, y Cecilio Pineda, en Guerrero —que merecen la más amplia condena de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos—, así como amenazas contra comunicadores como Héctor de Mauleón, Denise Maerker, Denise Dresser, Julio Astillero, Olivia Zerón, José Luis Montenegro, Bela Braun y Kennia Velázquez, entre otros compañeros del gremio, debe alertarnos a la sociedad entera y a las autoridades a no ser indiferentes ante esos reprobables hechos que constituyen mensajes y amagos a la seguridad del resto de los comunicadores, a quienes se busca amedrentar para impedir que realicen sus labores profesionales. Igualmente destaco la más reciente agresión al periodista Armando Arrieta en Veracruz, lo que confirma el clima adverso que en nuestro país enfrenta la libertad de expresión.
Es obligación de las autoridades poner fin al círculo perverso que va desde las amenazas hasta el homicidio contra los periodistas, trayecto que pasa por el miedo, la incertidumbre, la duda y en no pocas ocasiones la autocensura, sin olvidar el cierre de medios informativos, el obligado cambio de profesión de periodistas, el autodestierro o la movilidad forzada.
No pueden soslayarse las dos amenazas más relevantes que se ciernen sobre la libertad de expresión: el crimen organizado y el abuso de poder, que constituyen, hoy en día, una realidad que con lamentable frecuencia golpea una y otra vez los espacios de libertad del periodismo con el propósito de censurarlo, sumarlo a fines y causas ajenas, inhibirlo, reprimirlo o castigarlo.
El grave problema en que se han convertido las agresiones contra periodistas y su consecuente impunidad, tiene su origen, en gran parte, en la crisis estructural que padece la procuración de justicia en nuestro país, ya que ni a nivel federal ni en las entidades federativas existe una adecuada investigación ministerial —ya sea por incapacidad, negligencia, aquiescencia o complicidad— que permita el esclarecimiento total de los casos, salvo contadas excepciones como resultado de la intensa presión mediática, teniendo su efecto en la arraigada impunidad.
Los hechos nos demuestran que mientras las agresiones contra los trabajadores de los medios de comunicación van en aumento, la actuación de las autoridades procuradoras de justicia federales y estatales afecta el acceso a la justicia de periodistas y medios informativos, constituyendo una doble victimización.
La falta de diligencia de las autoridades gubernamentales de seguridad pública, de procuración de justicia genera, en gran medida, que los agravios contra informadores queden impunes o que no se agoten las líneas de investigación procedentes, especialmente las relacionadas con el ejercicio de su labor profesional.
Alarma, por tanto, que en un sinnúmero de ocasiones la autoridad actúe con debilidad e incurra en evidentes omisiones frente a su responsabilidad de investigar y procurar justicia.
Los agravios a periodistas que no se atienden hasta su esclarecimiento total, reparación integral del daño a la víctima y castigo a los responsables, dañan la libertad de expresión, el derecho a la información de toda la sociedad y estimulan la autocensura. La impunidad debe dejar de ser el sello distintivo en las agresiones a periodistas.
Para terminar con la impunidad, deben completarse debidamente las investigaciones ministeriales, lograr la protección eficaz para el ejercicio periodístico, impulsar la actuación eficiente de las autoridades procuradoras de justicia, sancionar a las autoridades que actúen con dolo o negligencia, fortalecer el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación, hacer efectivo el derecho de las víctimas a la reparación integral del daño, así como revisar la competencia de las distintas autoridades y sus mecanismos de rendición de cuentas. Y en esa tarea también deben participar los propios medios de comunicación, en su calidad de empresas y patrones. La defensa de las libertades de expresión y de información es un compromiso de todos. ¡Nunca más los profesionales del periodismo deben quedar desprotegidos!
En estos momentos aciagos para el quehacer periodístico debe subrayarse el valor, compromiso y entrega con que desempeñan su labor, que debe contar con un entorno seguro. ¡El valor no debe ser inhibido!
Como consecuencia de los tres homicidios recientes de periodistas, hay dos elementos que deben considerarse: en ninguno de esos casos, al parecer, se había dado a conocer una situación de riesgo; no es que no la hubiera, sino que las víctimas no alzaron la voz, lo que refleja su alto grado de desconfianza en las instituciones y en las autoridades; por otra parte, y a pesar de la falta de un entorno seguro, el gremio periodístico continúa con su necesaria labor cotidiana.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos refrenda, una vez más, su solidaridad con los familiares de los periodistas recientemente asesinados, y con todo el gremio periodístico, al tiempo que observará el resultado de las indagatorias para que pueda romperse el sello de la impunidad.
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
