El alcance de la práctica de la extorsión en muchos ámbitos de la economía y la vida social no sólo tiene un alto costo, como argumentaba la entrega previa, sino que se explica por el papel de los gobiernos. Es penoso decirlo, pero sin la acción del gobierno la práctica de la extorsión sería mucho menor. Esta participación, además, profundiza el costo social y económico al mermar las posibilidades del establecimiento del estado de derecho, contaminar la labor pública, reducir el tamaño de los mercados y desvirtuar el objetivo original de las reglamentaciones.
Una parte importante del mercado de la extorsión se explica por el costo de las campañas electorales y el uso de recursos ilícitos. Muchos de los avances logrados a través del Sistema Nacional de Anticorrupción no tendrán el efecto deseado si no se logra la transformación de los procesos electorales. Hasta ahora la fórmula ha sido una carrera de gato-ratón con controles crecientes y auditorías después de cada periodo electoral para concluir que se requieren más, en lugar de buscar un proceso mucho menos costoso y más ciudadano. La única manera de disminuir la corrupción en las elecciones es reduciendo radicalmente su costo y su naturaleza litigiosa. La mejor estrategia consiste en tener procesos electorales cortos (semanas de campaña y no meses), permitir que los candidatos no tengan que renunciar a sus puestos públicos para la campaña (esto reduce el incentivo para alargarla) e instituir la segunda vuelta electoral para que las controversias se resuelvan en las urnas y no en los tribunales.
Un sistema electoral caro y el exceso de dinero en las campañas crean un fuerte incentivo para allegarse de recursos que provienen de la informalidad. Y en la informalidad, los recursos se obtienen por medio de la extorsión para uso del suelo (derecho de piso en arroyo y aceras), acceso a la electricidad, placas para vehículos, seguridad y protección y otros. De hecho, no es casualidad que el crecimiento de la informalidad haya venido acompañado del proceso de democratización y de descentralización. La informalidad es una de las principales fuentes de recursos líquidos para las campañas electorales, lo que crea un fuerte incentivo para que la clase política no sólo la tolere, sino asegure su permanencia.
Sin duda, el tipo de extorsión que tiene el efecto más nocivo en la sociedad y la economía es el secuestro. Por un lado, implica un fuerte desincentivo al esfuerzo y a la inversión, ya que cuando un trabajador progresa o un empresario tiene éxito, la probabilidad de sufrirlo se incrementa proporcionalmente. Además, el secuestro deriva en fuertes externalidades producto de las medidas que toman los particulares para protegerse: guardaespaldas, armamento, vehículos blindados, que en ocasiones terminan convirtiéndose en instrumentos para otros crímenes e incluso el propio secuestro.
Debiera pensarse que la erradicación del secuestro sería la prioridad de gobiernos por su alto costo social, económico y humano. Sin embargo, con frecuencia se sabe que las bandas de secuestradores están relacionadas con las propias policías y que, cuando las operaciones de privación de la libertad son coordinadas desde las prisiones, las policías están al tanto, pero son incapaces, o renuentes, para impedirlas. De esta manera, las autoridades policiacas no sólo no enfrentan el reto del secuestro, sino que se vuelven copartícipes.
El gobierno también contribuye de una forma importante a fomentar el mercado de extorsión por medio de la práctica de compra de voluntades y premio a las manifestaciones y bloqueos. No hay manifestación de cierto calado que no resulte en una mesa de negociación por medio de la cual se consiguen concesiones y prebendas injustificadas y para las que muchas veces las autoridades no tienen competencia. Este gobierno parece ser más propicio que otros anteriores para caer en este tipo extorsión. Los movimientos magisteriales en Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas son claros ejemplos de cómo el premio a la extorsión la hace crecer en forma exponencial. Esto no quiere decir que se impidan las manifestaciones, ni no se dialogue. El punto es que el premio se convierte en un poderoso incentivo para la manifestación y hace de ella una industria sin importar el costo para la sociedad.
En el mundo laboral se da también el fenómeno de la extorsión, aceptado por autoridades y partidos políticos. Cuando una empresa pequeña o mediana empieza a crecer y tener éxito, con frecuencia recibe emplazamientos a huelga por sindicatos que no conocen ni representan a los trabajadores. La sola amenaza de emplazamiento crea un incentivo perverso para firmar un contrato de protección con un sindicato blanco. El resultado de este tipo de extorsión es que el líder sindical cobra una iguala mensual por tener la titularidad del contrato colectivo de trabajo, al tiempo que nadie representa los derechos de los trabajadores. Es decir, el régimen laboral promueve la proliferación de sindicatos de protección como resultado de la posible extorsión a las empresas. Irónicamente, los que sufren las consecuencias en términos de compensación y condiciones laborales son los trabajadores que no ven sus intereses debidamente representados.
La iniciativa de reforma de justicia cotidiana pretende asegurar la libertad de asociación sindical. Ya se verá, en los resultados, si elimina el incentivo a la extorsión que promueve a los sindicatos blancos.
El gasto en publicidad por parte del gobierno federal y de los gobiernos estatales en medios impresos y electrónicos se ha convertido también en una forma de extorsión. Los gobiernos a veces piensan que, para mejorar la cobertura, deben reasignar o aumentar el gasto en publicidad, pero los resultados son inversos: a mayor presupuesto de publicidad, mayor el incentivo para extorsionar. De hecho, la única manera de terminar con esta forma de extorsión es eliminar el gasto en publicidad. No obstante, ningún gobierno se ha atrevido a dar este paso.
Otras formas de extorsión en las que participa el gobierno incluyen:
1. Extorsión a inmigrantes de América Central por parte de autoridades migratorias y policías. Mucho disminuiría el maltrato si se les dejara entrar, circular y trabajar libre y legalmente en el país.
2. En muchas colonias de la ciudad de México si no se hace una contribución no voluntaria, no se recoge la basura de las viviendas. La recolección de basura es un jugoso negocio privado de un servicio público que el gobierno ha dejado. La mayoría de los ciudadanos termina aceptando la extorsión, mientras el resto tira la basura en alguna esquina.
3. Los franeleros se han convertido en dueños de arroyos vehiculares y los ambulantes de muchas aceras. La amenaza de cuidar su coche es también una forma de extorsión. Si los municipios pusieran parquímetros en las calles con altos índices de estacionamiento, desaparecerían franeleros, valets y habría menos ambulantes. Los gobiernos al no querer cobrar por el uso de un bien escaso como el espacio en la calle no sólo pierden valiosa recaudación, sino que fomentan la extorsión. Es clave que las autoridades aseguren el funcionamiento sin corrupción de los parquímetros.
4. Los permisos de construcción son una importante fuente de extorsión. Quizá la mejor manera de disminuirla sea que los permisos se discutan y entreguen por medio de asambleas públicas en los cabildos.
Desgraciadamente estas modalidades de extorsión no son las únicas; hay más.
@eledece
