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“Humberto (Moreira) hizo mal las cosas, ¡obvio que lo iban a cachar!… yo lo hubiera hecho de otra forma, hay maneras”.
Omito los presentes y el lugar de la reunión, fue por las fechas en que Humberto Moreira estaba detenido en España sujeto a una investigación por lavado de dinero, alguien en la mesa le preguntó al entonces gobernador Javier Duarte por el tema, así respondió y, sin empachos ni cuidado de las formas, soltó una carcajada ante la sorpresa de todos los que comíamos con él. Duarte, al menos ahí, con esa frase, fue sumamente transparente.
Faltaban meses aún para que se destapara la cloaca de las empresas fantasma que desviaron miles de millones de pesos del presupuesto, dinero que terminó invertido en aviones, ranchos, viajes, pinturas donde posaban Duarte y su esposa, accesorios de lujo y una vida de derroches apenas comparable con la que llevan los más ricos del mundo, pero aún así, desde aquellas fechas, Duarte ya olía a corrupción, a un tipo enfermo de codicia que piensa que todo lo merece porque todo, según él, lo ha hecho “bien”.
Seguramente Duarte ya tenía planeada una ruta de escape desde el principio, escogió Guatemala por sus conexiones con autoridades sudamericanas y por las amistades con empresarios de la región que cultivó durante sus años en el poder, pero escogió Guatemala por otro elemento clave: su sistema jurídico garantista.
En Guatemala se aplica desde hace varios años el sistema penal acusatorio que otorga al inculpado amplios derechos y obliga a los tribunales a probar, con algo más que dichos y testigos protegidos, los delitos por los que se puede condenar a una persona a prisión.
El artículo décimo quinto del tratado de extradición México-Guatemala estipula que “la persona reclamada que ha sido entregada de conformidad con este Tratado no podrá ser detenida, juzgada o sancionada en el territorio de la Parte Requirente por un delito distinto a aquel por el cual se concedió la extradición ni tampoco será extraditada a un tercer Estado”.
Por eso Duarte quiso allanarse a la extradición sin dilaciones, pues los delitos por los que se le persigue en México deben estar debidamente sustentados en averiguaciones previas y procesos judiciales sólidos o, de otra manera, habría que dar inmediatamente un carpetazo a las muchas líneas de investigación en su contra y, muy probablemente, podría incluso quedar en libertad con una defensa adecuada.
Por eso también es que la PGR debe presentar un expediente de roca a la justicia guatemalteca en su formal solicitud de extradición en los próximos días o de otra forma perderían una batalla legal que hundiría en el descrédito a la institución y al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Duarte pensó bien las cosas, de manera ruin, enferma, sucia, dolosa… pero pensó bien las cosas, al grado que, de nuevo, ha puesto a trabajar a marchas forzadas a los mejores ministerios públicos del país para evitar que su detención termine en un ridículo mortal.
DE COLOFÓN.— El 400Bis del Código Penal Federal debería aplicarse a Karime Macías, ¿o negará que no sabía de dónde venía el dinero que compraba su abundancia?
