Omar Fayad encendió las redes con la iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informativos, que contiene 48 artículos. En estos días de asueto con motivo del Día de Muertos tuvo tiempo de reflexionar y ofreció hacer lo que todo legislador serio (más si aspira a gobernar un estado) haría, a consultarla con expertos:
—Ofrezco todas las opciones: corregir, quitar, aumentar o comenzar de cero una nueva redacción... Si lo que quieren es que la queme, la quemamos, pero que no quede en la conciencia social y en las redes que quisimos hacer un intento de mordaza, eso jamás lo haría… la iniciativa no pretende regular el internet, es falso, ni coartar la libertad de expresión.
Fue tal la reacción en su contra, que convocó para que el próximo jueves 5 de noviembre inicie el debate sobre esta controvertida iniciativa, en la cual metieron mano la Secretaría de Gobernación y la Policía Federal.
Hace unos días, la Red de Defensa de los Derechos Digitales, R3D, desmenuzó algunos de los artículos que contiene la iniciativa, entre ellos, el artículo 17, cuya redacción tal cual es:
—“A todo aquel que dolosamente destruya, inutilice, dañe o realice cualquier acto que altere el funcionamiento de un sistema informático o alguno de sus componentes, se le impondrá una sanción de cinco a quince años de prisión y multa de hasta mil días de salario mínimo vigente”.
La R3D considera que, con el texto así, todos cometeríamos un delito simplemente al actualizar un software.
También en el artículo 17 se lee:
—“A quien a través de medios informáticos, acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de internet, de forma reiterada o sistemática, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y una multa de cincuenta a ochenta días de salario mínimo vigente”.
O sea un delito contra el honor reloaded, que para expertos equivaldría a la posible criminalización de voces disidentes, minorías o impopulares.
Qué bueno que el gobierno federal ha insistido en que ésta será una administración transparente… de ser así, no se entendería el artículo del 22 al 25 de esta iniciativa, donde se destacan los “Delitos contra la Divulgación Indebida de Información de Carácter Personal”. Yo los llamaría los artículos antileaks, porque lo que se busca es frenar la difusión de material de investigación. Una de las sanciones es de “hasta 10 años de prisión a quien ofrezca o preste servicios destinados” a la difusión de este tipo de información.
En el artículo 9, inciso 10 se lee que la Policía Federal, en coordinación con las autoridades competentes podrá “gestionar, conforme a las disposiciones aplicables, la cooperación con empresas proveedoras del servicio de internet para suspender sitios, páginas electrónicas y cualquier contenido que atenten contra la seguridad pública, así como para prevenir y combatir los delitos en los que se utilizan medios electrónicos para su comisión”.
Qué bueno que Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, reconsideró. Sin duda la reacción lo ameritaba. ¿Habrá sabido en serio lo que propuso?
Ya hay fecha para la llegada del papa Francisco a México. Norberto Rivera, el cardenal, anunció que llegará el viernes 12 de febrero a México y estará en el país por 8 días.
Aunque aún no hay una agenda definida, es seguro que visita la Basílica de Guadalupe, podría también acudir a Morelia, Michoacán, —recordemos que el hoy cardenal Alberto Suárez Inda le envió una carta donde detallaba la difícil situación de inseguridad por la que se atravesaba, en esa zona— y se ve la posibilidad que pueda visitar la frontera sur y norte del país, resaltando el tema de la migración.
Falta ver quién se cuelga el milagrito: recordemos que el presidente Enrique Peña Nieto le extendió la invitación, dijo que sí; pero no nos había dicho cuándo; Andrés Manuel López Obrador le entregó cartita y medallita en su pasada gira por Europa, y luego la carta que envió el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en la cual le externó su agradecimiento por visitar México y el deseo de reconocerlo como Huésped Distinguido.
Por cierto, hablando del Vaticano, falta ver qué sucederá con Lucio Ángel Vallejo Balda, sacerdote ligado al Opus Dei, quien era secretario de la Prefectura de Asuntos Económicos de la Santa Sede, y Francesca Inmmacolata Chaouqui, especialista en Relaciones Públicas y consultora en las reformas económicas y organizativa que emprendió el Papa Francisco. Ambos fueron integrantes de la Comisión Investigadora de los organismos económicos y administrativos de la Santa Sede, y se les acusa de haber filtrado información sobre finanzas vaticanas, que serían fuente de dos libros que saldrán a la venta el jueves: "Via Crucis", de Gianluigi Guzzi y "Avarizia", de Emiliano Fittipaldi.
Por lo pronto ella quedó en libertad al comprometerse a colaborar con la investigación que iniciaron las autoridades.
Primero fue Oaxaca, ahora van sobre los maestros de Michoacán: hay 28 órdenes de aprehensión contra maestros de la CNTE y normalistas de esa entidad. De acuerdo con el procurador José Martín Godoy Castro están acusados de robo, robo de vehículos, daños materiales.
Para poner(los)nos a pensar son los números difundidos ayer por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en torno a la conmemoración del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas: en nuestro continente, de 2010 a la fecha, han sido asesinados 150 periodistas o trabajadores de medios de comunicación. Con estas cifras, cada 14 días se registra un asesinato.
Y México no sale bien parado. Se detalla que 1 de cada 3 crímenes se registró en nuestro país (55 casos); 1 de cada 4 en Honduras (28 casos) por citar dos ejemplos. ¿Ya le habrán pasado este informe al gobernador de Veracruz, Javier Duarte?
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