Hoy es uno de esos días en que los temas pululan en la agenda nacional. Uno ya no sabe si voltear y comentar el testimonio del hacker, Andrés Sepúlveda, que asegura que trabajó para Enrique Peña Nieto en la campaña de 2012, reírse con la propuesta de Diego Fernández de Cevallos de rifar la entrada a su siguiente fiesta, hacer énfasis en que falta sólo un mes para que se discutan, según el plazo constitucional, las leyes del sistema nacional anticorrupción y que la cosa pinta mal o, para variar, tocar el tema de derechos humanos y su fragilidad en México.
Y como no me decidí, trataré de tocar, aunque sea de rápido, la mayoría.
Duro lo que dijo Emilio Álvarez Icaza, aún secretario ejecutivo de la CIDH. Ya dio acuse público de recibido al hecho de que se inició una investigación en su contra (que no ha sido ratificada, por cierto) por un supuesto fraude de un dinero que, está probado y avalado por la OEA, él no recibió ni usó:
—Ni en el Perú de (Alberto) Fujimori, ni en la Venezuela de (Hugo) Chávez (uyyyyy, tsssss) hubo el precedente de una averiguación previa contra un secretario ejecutivo de la CIDH. México se está poniendo en una regresión autoritaria... si (el gobierno de México) ataca así a los organismos internacionales, cómo se puede esperar que actúe con los defensores de los derechos humanos en su país.
Sopas. Auch.
Lo cierto es que dos puntos crean tendencia, y en el caso de los derechos humanos en México y las recomendaciones internacionales son mucho más que dos, ya ni hablo de la situación de los defensores de derechos humanos en el país. Enumero (y quizá faltan temas):
—La reacción en febrero de 2015 a las recomendaciones del Comité contra desapariciones forzadas de la ONU. El gobierno dijo que “no reflejaban” la situación verdadera del país (ya sabe: tenemos un Presidente que cree que la mayoría tiene una visión distorsionada de la realidad).
—La reacción, en marzo de 2015, al informe sobre tortura de Juan Méndez. Lo mismo. La reacción del gobierno fue insistir e insistir en que no había tortura “generalizada”. Y esa fue la nota, aunque aceptaron las recomendaciones. Ahora sabemos, además, que Méndez pidió regresar a nuestro país este año, antes de octubre que finaliza su gestión; pero fue notificado que no podrá ser.
—El retiro del apoyo al juez argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué dijo él? Ah, pues que en México vivíamos un “genocidio por goteo”. No cayó bien.
—También el inexplicable retiro del apoyo a la candidatura de otro académico serio, Miguel Sarré, al Comité contra la tortura de la ONU. Decidieron nombrar a Claude Heller, diplomático de carrera.
—El hecho de que desde octubre de 2014 haya más de 60 recomendaciones de la ONU al Estado mexicano para la implementación de la Convención por los derechos de las personas con discapacidad. No ha pasado nada.
—La reacción, también adversa para la segunda parte del informe del GIEI (la primera lo tomó bastante bien el gobierno mexicano, pero después hubo un latigazo de retroceso).
Mucho más de dos puntos.
A todo esto, dado que les choca que vengan “extranjeros” a decirnos todo lo que nos falta, ¿por qué no le hacen ni caso, como deberían, a la CNDH?
A partir del primer minuto de hoy, la PGR podría tener los resultados del tercer estudio sobre el fuego en el basurero de Cocula, mismos que conoceremos públicamente en los próximos días. Es ese peritaje al que la PGR apuesta para el “desempate” a si lo dicho por Jesús Murillo Karam es “verdad histórica” o “hipótesis muy dudosa”. El ex procurador, por cierto, se reunirá el miércoles 6 de abril con los diputados federales que dan seguimiento al caso.
Otros resultados que están próximos a conocer son los realizados a los restos óseos localizados en ese basurero y en el Río San Juan. El próximo lunes, Eber Omar Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos, viajará a Innsbruck, donde se los entregarán. Permanecerán en un sobre cerrado, el cual se abrirá el jueves 7 en una reunión con los padres de familia de los normalistas y los integrantes del GIEI.
Cuando el GIEI se vaya. El gobierno federal da muestras claras de que ya está hasta el gorro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que colabora con el caso Ayotzinapa. Su segundo periodo, acordado con la Comisión Interamericana en Derechos Humanos, termina en abril.
Miguel Ángel Osorio Chong ya dijo que el grupo se va terminando este periodo. Los padres de los 43 y sus representados dicen que el periodo se puede alargar… y sí. Se podría. Pero hay escasez de algo que se llama “voluntad política”. Ni porque Angélica de la Peña y Fernando Herrera, senadores de PRD y PAN también lo pidan.
Yo lamento mucho este cierre; creo que a los mexicanos nos convendría mantener el grupo más tiempo en México. ¿Qué pasará cuando el GIEI deje de ser, aunque se resistan a verlo así, un parachoques de la indignación social? Sí es una institución que crea, por lo menos diálogo, entre las partes. Los mexicanos nos quedaremos con la papa caliente, muy caliente.
En otro tema donde la voluntad política escasea es en el Congreso de la Unión. Tiene razón César Camacho al asegurar que es “jurídicamente inviable” que los padres de los 43 suban a la Tribuna a hablar del caso, como han pedido. El coordinador del PRI argumenta --de nuevo, con razón-- que no hay motivo para su exposición como sí la hubo cuando hablaron integrantes del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) porque se discutía, en su momento, la ley de derechos indígenas.
Si hubiera voluntad política pues sabrían que uno de los pendientes --urgentes, además-- es la ley sobre desaparición forzada en el país y le meterían acelerador. Pero no. Como no está (aún) en la agenda, los padres no pueden subir y hablar.
Donde el tiempo corre --tic, tac, tic-- es en el Senado. Estamos a un mes de que concluya el periodo ordinario de sesiones y no hay avance visible en las leyes para echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción. Un debate serio, pues. El PRI-PV ya presentó su iniciativa que todos señalan como descafeinada (por ponerlo bonito), también entró la iniciativa ciudadana de la #Ley3de3, que, pese a su nombre, plantea mucho más que sólo hacer obligatorio que todos los funcionarios públicos presenten su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, sino que es toda una ley de responsabilidades.
Tic, tac, tic, tac. No veo prisas. Debería.
Por lo pronto, sobre el dictamen de Pablo Escudero (del partido sandía: verde por fuera, rojo por dentro) ya circula un documento muy bueno que contesta en 11 puntos por qué esta reforma propuesta no es la que queremos, la que está en el espíritu de la reforma constitucional. Se llama “Así no”. Y sí: #AsíNO.
Nos enteramos por el Centro Pro. De siete militares juzgados por el caso Tlatlaya, seis quedaron libres y uno fue condenado a un año de prisión, que ya cumplió. Todos, claro, en un juzgado militar por lo que no sabemos mucho más y eso nos crea dudas.
Por la vía civil hay todavía tres militares detenidos.
Y es que los militares, la verdad, pobres, ni cómo salir bien librados de esta. Están haciendo tareas que no les corresponde (la mayoría de ellos con honor), con un marco legal que no los apoya, y luego también se resisten a los cambios (sus razones tienen, pero no ayuda). Y es que eso de no abrirse más --sí, aún más-- al escrutinio de fuera, a que sus propios elementos puedan acudir a tribunales civiles les da miedo… aunque es la única manera, me parece, de recuperar la confianza perdida en una institución importantísima.
Ellos lo dijeron:
--Me dijo: ‘amiga, vengo a darte todo el apoyo, estáte tranquila. No sufras, mujer, no sufras, que se te va a hacer justicia. Defiendo a la niña, estoy con la inocencia veracruzana’: Javier Duarte según relató la abuela de Daphne, María Bretón de la Cruz. El gobernador fue a hablar con ella. Qué tal eso de “No sufras, mujer”… sonó casi mesiánico. El procurador dice que la investigación y el derecho sigue su curso. Y sí, quizá, pero qué largo y tortuoso camino.
--Si somos impositivos, ni modo: Miguel Angel Mancera, pero no con respecto al Hoy no Circula temporal, sino a la implementación del Nuevo Reglamento de Tránsito. Pues sí, ni modo. Pero la gran pregunta es: ¿está el transporte público en condiciones para darse abasto para trasladar a los habitantes de la CDMX? ¿qué van a hacer al respecto?
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