La relación entre el gobierno federal —la PGR y la Secretaría de Gobernación— pasa por un buen momento con los padres de los 43 de Ayotzinapa. No ha sido una relación fácil, entendible tras el torpe manejo de la crisis, pero la confianza que se rompió se está, poco a poco, reconstruyendo…
A la reunión mensual con la PGR y a la quincenal con la Unidad especializada de la misma institución se sumó, el miércoles, una reunión buena —de trabajo— con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio y la promesa de otra el año que entra. Hay puentes, diálogo.
Hay un cambio en el tono del gobierno: hay voluntad de seguir investigando (aunque ya se han hecho 670 búsquedas, la mayoría en Guerrero, y también en el Estado de México, Puebla, y Morelos). Eso es lo que los padres quieren.
Este gobierno les ha dado cosas que ninguno otro antes (y que lo merecen, sin duda, por su activismo, por su pasión, por no dejarse tirar por tan enorme pérdida): no sólo la presencia del GIEI y lo que ha contribuido —aunque aún haya resistencia a la cooperación independiente internacional—; está la unidad especializada en la PGR (donde trabajan ya 20 personas pero quieren que sean 53) y también, dentro de poco la Ley sobre Desaparición Forzada. Cosas tan elementales como buscar siempre con apoyo de la policía y un ministerio público, entre otras cosas.
Pasamos del discurso de —parafraseo, quizá injustamente— “los quemaron en Cocula y háganle como quieran; cuánto les damos de indemnización” a un “Está bien, buscaremos más; qué necesitan” (aunque el gobierno con la realización del tercer peritaje queda claro que no desecha la teoría original).
Una frase de ayer dicha por Vidulfo Rosales, a quien le llamé, me dejó dando vueltas en la cabeza. Dice que los padres no quieren aceptar una indemnización de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que, sin duda, ha sido torpe en su acercamiento a ellos (hay que reconocer en el tema la labor de Tlalchinollan y Sera Paz): “Aceptar dinero tiene connotaciones simbólicas. Es aceptar (entrar ya en) un proceso de duelo”.
Tienen razón. Hasta que no quede claro no sólo dónde están sus hijos (o sus cuerpos) sino qué les pasó, quiénes son los responsables, cómo evitamos que algo así se repita, ¿cómo pueden hacer un duelo? Es más: ¿cómo podemos, como país, hacerlo si no tomamos Ayotzinapa como la enorme, aunque dolorosa, lección que puede ser? Ni modo, a seguir investigando. A que la ciencia hable y nos convenza, como dijo Osorio.
Donde no se ven avances es con el Ejército. El GIEI insiste en presenciar las ampliaciones de las declaraciones del Batallón de Iguala. La verdad es que el Ejército no quiere; se sienten lastimados no sólo por este caso sino por otros en los que no deberían estar porque es una institución que no debe hacer labores de seguridad pública. El gobierno dice —y tiene razón— que no está dentro de la ley y los acuerdos… pero son acuerdos que flexibilizaron para otros actores.
Me dicen que el GIEI ya tiene un cuestionario que quiere hacer. Ellos insisten en estar presentes y repreguntar. Quizá un punto intermedio será —y se analiza— que el cuestionario lo aplique un ministerio público de la confianza del grupo de expertos, finalmente han aprobado a 7 de ellos. En eso están.
Que está dentro del plazo de la ley para presentar sus declaraciones, me escribió ayer Benjamín Guillermo Hill Mayoral. El miércoles escribí aquí que era increíble que él, titular de la Unidad Especializada en Ética y Conflicto de Interés, no haya presentado su declaración patrimonial y de intereses. Entró a ese puesto el 1 de noviembre y tiene 60 días naturales para hacerlo. Su plazo termina el 30 diciembre. ¿Hará públicos sus datos? Le recuerdo que la ley no obliga a ningún funcionario a hacerlo, sólo a entregarlas a la Función Pública.
Él asegura que sí. Sólo durante el tiempo que su esposa (Alejandra Sota) fue vocera de seguridad con Calderón hubo “circunstancias especiales” en las que se le sugirió no hacerlo.
Hill fue funcionario antes: en el Senado, IFE, Sedesol, Función Pública (donde trabajó por primera vez en 2001) y SHCP. Ojalá que como propósito de Año Nuevo los legisladores se planteen hacer obligatorias las declaraciones. Lo podrían hacer en la discusión de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Lo harán? Yo diría que hay que exigirlo.
Me indigna muchísimo la participación de Jorge Luis Preciado en el Teletón pasado. Y no tanto por la disfrazada promoción ahora que está en campaña ( y que debe revisarse). Lo que realmente me indigna es que él, un senador que aspira a gobernar un estado sea tan ignorante con respecto al papel que el Estado debe tener para atender a todos las personas con discapacidad (niños, jóvenes y adultos).
Esto dijo en la pasada edición:
--Venimos a felicitar al Teletón por esta acción tan noble, tan sensible que realiza. Pero también asumir el compromiso de que vamos hacer la colecta necesaria para que el próximo año llevemos un CRIT a Colima y atendamos a toda la niñez colimense que hoy sufre, que hoy tiene dolor; pero que le podemos cambiar el rostro el próximo año con la construcción de un CRIT como este.
Felicitar al Teletón está bien, sin duda que hacen un gran trabajo, pero no pueden ni tienen por qué atender ni siquiera a todos los niños con discapacidad.
¿Acaso no sabe Preciado que el Teletón no atiende ni a la mitad de los niños con discapacidad? ¿Qué sólo se especializan en rehabilitación motriz y, más recientemente, de niños y niñas con autismo? ¿Acaso no sabe que hay que también atender a niños ciegos, sordos, con discapacidad intelectual y psicosocial que esto no lo hace --ni tiene porqué-- el Teletón? ¿Es decir que para él tener un CRIT en Colima --que de nuevo estaría bien-- ya con eso van a atender “a toda la niñez colimense que hoy sufre y tiene dolor”? ¿Y los demás derechos? ¿A la educación a la inclusión y luego al trabajo? ¿También son responsabilidad del Teletón? No.
Por cierto, revelador lo que dijo sobre que la administración pasada de Mario Anguiano quedó a deber un donativo de 600 mil pesos al Teletón…
Feliz Navidad, el registro regresó. Así deben de estar en el Partido del Trabajo (PT). La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral determinó que pueden recuperar el control de sus cuentas bancarias. Que brinden porque en el 2016 tendrán, ahora sí, que estar sujetos a rendir cuentas de los recursos que reciben. Yo sigo esperando que Beto Anaya me haga llegar su #3de3.
En plena crisis política brasileña (por las acusaciones contra la presidenta Dilma Rousseff) los brasileños whatsapperos se quedaron incomunicados. Y es que Sandra Marques, juez de la comunidad de Sao Bernardo do Campo, ordenó que durante 48 horas Whatsapp estuviera fuera de servicio. ¿La razón? Se negaron a entregar información sobre los mensajes de un narcotraficante.
Sólo duró 13 horas. Otro juez decidió echar abajo la medida, y los cerca de 100 millones de usuarios regresaron. Aunque más de un millón descargó Messanger, otra aplicación similar.
Me voy de vacaciones. A usted, querido lector, lectora, felices fiestas y buen año; un abrazo con cariño. Nos encontramos por aquí el 10 de enero con una columna de resumen de lo (mucho) que nos espera en 2016. Va a estar movidito.
katia.katinka@gmail.com
