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Me parece un poco ridículo pensar que todo el informe del GIEI, la colaboración de los expertos independientes (¡lean sus currículum!) y de toda una institución internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —cuyo mandato en México fue aceptado por el gobierno mexicano y su participación renovada hace unos días por 6 meses más— ahora sea, para algunos, la obra-venganza de un solo mexicano: Emilio Álvarez Icaza.
La argumentación de las personas que desacreditan el GIEI va más o menos así: como Álvarez Icaza no fue ómbudsman hace seis años y ni consejero del INE, pues se quiere vengar. ¡Está clarísimo! ¿Qué mejor manera de hacerlo que atacar al país que “lo rechazó” aquí para trabajar? (¿Cómo dice el dicho? Ah, sí… el león cree que todos son de su condición).
Es parte del pensamiento de parte de la clase política que en esto, me parece, está rebasadísima, atrasada. Todo lo que hace alguien —en lo personal o con un grupo— es porque “otro/otra” lo manda; siempre hay intenciones y fuerzas ocultas atrás. Las personas, los ciudadanos como usted o yo, no actuamos por nosotras solas; porque digamos, nos encabronamos o indignamos por no encontrar justicia en México. ¡No vaya usted a pensar eso! Alguien los “echa a andar” (así dicen).
Ayer leía a Ricardo Raphael; tiene un debate epistolar con el embajador Emilio Rabasa, representante ante la OEA (Organización de Estados Americanos) de quien depende, institucionalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte (CoIDH).
Rabasa minimiza: son sólo 245 casos de violaciones a derechos humanos que, una vez que se acabaron las instancias en nuestro país, van ante la CIDH para pedir justicia. Un acuerdo, recuerdo, que nuestro propio país aceptó y que no vulnera su soberanía, es parte del acuerdo internacional. Son situaciones de violaciones a derechos humanos que involucran al Estado mexicano (no al gobierno en turno, al Estado: vienen muchos casos del sexenio de Felipe Calderón). Bueno, pues aun así son muchísimas.
Pero son más cuando se sabe cuántas están en trámite —que aún la CIDH no decide si se van a admitir— hasta el cierre de 2014: 2 mil 121 peticiones. Un récord. El país que sigue es Colombia con mil 747.
Es decir, según este pensamiento “mágico”, hay 2 mil 121 personas o grupos que —movidos por alguien, para algunos es Álvarez Icaza— se han tomado la molestia de hacer un escrito serio, mandarlo a Washington, ir a cabildearlo allá, etc. Vaya. Qué poderoso es Álvarez Icaza.
¿No es, de nuevo, no querer aceptar que en este país sí estamos bien malitos de nuestro sistema de justicia que sigue violando derechos humanos? El primer paso es, siempre, aceptar que algo está mal para cambiarlo. Pero no, hay que encontrar algún culpable fuera y no en nosotros.
Diversas voces, como Isabel Miranda de Wallace (a quien quiero y respeto mucho) es una de las voces que pide que se considere la desaparición de los normalistas como “secuestro” y no como “desaparición forzada”. Su argumento es que, como la pena es mayor por secuestro, debería ser por eso y no por desaparición forzada (que tiene una ley chafa, que no es nacional, y que tiene menor pena).
Tiene razón en esto, como está ahora. Sí, la pena es mayor por secuestro. Pero la desaparición forzada es secuestro ¡y mucho más! Implica una responsabilidad del Estado; es un delito de lesa humanidad. Recuerde que la “desaparición forzada” es cuando un “agente del Estado” (un policía municipal, estatal, del Ejército o de Protección Civil) participan o intervienen en la desaparición de una persona. También cuando colaboran con alguien que no es parte del Estado (como, en este caso, parece ser un narco).
Si algo nos ha quedado claro es que agentes del Estado sí intervinieron en Ayotzinapa. O en Cocula. Debe ser tipificado como tal y la ley nacional sobre desaparición forzada (que está por terminar su consulta con la sociedad civil) necesita debatirse y aprobarse en el Congreso cuanto antes.
Y no tengo duda de algo: Ayotzinapa es, para muchos hoy, el 68 de estos tiempos. O el Halconazo. Es una piedra enorme que cayó sobre un estanque de podredumbre, corrupción, connivencia de narco y distintos gobiernos que seguirá provocando olas. Debe hacerlo.
Mañana, cuando inicia el ayuno de los padres de los normalistas desaparecidos, una visita a partes poco comentadas del Informe del GIEI que ameritan que la PGR siga investigando. Recuerde: el GIEI no investigó, hizo recomendaciones sobre la investigación de la PGR.
katia.katinka@gmail.com
