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En un artículo del mes de marzo, denunciaba en estas líneas cómo una serie de clausuras amañadas por las autoridades corruptas del municipio de Atotonilco mantenían clausurada, absurdamente, una de las obras más importantes en el mundo en materia de saneamiento: la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco (PTAR).
El proyecto se localiza en el municipio del mismo nombre en los límites del Estado de México e Hidalgo, justo en la confluencia de los desagües del Túnel Emisor Central y del Túnel Emisor Oriente con el río Tula. La ubicación del predio es estratégica porque permite tomar las aguas negras del sistema de drenaje profundo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) y pasarla por el proceso de tratamiento, antes de descargar el agua ya limpia en los canales de riego de los distritos del Mezquital.
La PTAR tiene una capacidad total de tratamiento de 35 metros cúbicos por segundo, siendo así la planta de tratamiento de agua de mayor dimensión en América Latina; un gigante que transforma la mayor parte de las aguas negras generadas por la ZMCM en agua limpia para riego.
La construcción de la Planta e instalación de los equipos se concluyó el año pasado y estando en fase de pruebas para su arranque definitivo, el 30 de noviembre del año pasado, autoridades del municipio de Atotonilco ordenaron su clausura total de manera arbitraria e ilegal. El municipio argumentaba que el consorcio operador, Aguas Tratadas del Valle de México (ATVM), adeudaba el pago de la licencia de construcción, lo cual era absolutamente falso. Según el Ayuntamiento, ATVM debía 202 millones por la Licencia de Construcción, que con recargos más intereses daban una cantidad total de 511 millones 938 mil 884 pesos, concepto infundado porque la Licencia de Construcción fue pagada totalmente en 2010.
El Proyecto estuvo clausurado ilegalmente desde el 1 de diciembre de 2015, hasta el 1 de junio de 2016, seis meses que representaron pérdidas millonarias: 180 millones solo por el concepto de sueldos, salarios y renta de maquinaria; además, el gobierno federal viene pagando al consorcio ATVM la parte correspondiente a los costos de financiamiento y capital de riesgo, por un monto mensual de 50 millones de pesos y el costo de operación y mantenimiento por 14 millones de pesos mensualmente, lo cual suma 384 millones de pesos. Esto suma un total de 564 millones de pesos de pérdidas en dicho periodo de tiempo.
Lo más grave es que no se ha podido arrancar la Planta y por lo tanto, no cumple su función primordial de limpiar las aguas negras provenientes del Valle de México.
El Convenio firmado entre ATVM y el Ayuntamiento de Atotonilco para finiquitar la clausura, es muy ilustrativo de la corrupción que impera en nuestro país. Se trata de un larguísimo documento que da cuenta de todas las acciones y oficios impulsados desde el municipio para sostener la clausura de la PTAR; solo mencionaré algunos de los considerandos y acuerdos: El primer considerando establece que el municipio tiene facultades para revocar sus propios actos; el segundo deja sin efectos los oficios de las 77 visitas realizadas; en el cuarto reconoce que la Licencia de Construcción emitida en 2010 fue legal y a fin de “prevenir cualquier violación jurídica”, “se declaran sin efectos los actos emitidos por esta autoridad”. El sexto deja sin efectos todos los requerimientos de pago por concepto de Licencia de Construcción y prórrogas; en el noveno y décimo reconocen que los requerimientos del pago del predial y de agua deben ser declarados nulos; sobre este último dice: “en virtud de que no existe ninguna prestación de servicio por parte del municipio”.
En los resolutivos se confirma la nulidad de todos los actos relacionados con los oficios de las 77 visitas y de todos los requerimientos de pagos. Se reconoce la Licencia de Construcción original y se declara nulo el requerimiento de pago de los 512 millones por recargos e intereses.
Finalmente, en el quinto resolutivo se demuestra toda la inconsistencia en los actos del municipio y la flagrante corrupción al decir: “…con este acuerdo no se afecta el erario municipal porque el consorcio ATVM se compromete a la entrega de manera directa 20 millones de pesos…”, mismos que el municipio ejercerá de acuerdo a sus “compromisos y reglas de operación”. Esto confirma la ilegalidad e inconsistencia de las clausuras por parte del municipio, con el único objeto de extorsionar al consorcio por esta cantidad.
Lo que más indigna en esta evidente corrupción es el silencio y la apatía de todas las autoridades responsables y beneficiarias de la operación de la PTAR, como el jefe de gobierno de la CDMX y los gobernadores del Estado de México y de Hidalgo, quienes no movieron un dedo para resolver este entuerto.
Una muestra más de la incompetencia, corrupción e impunidad que corroe al país.
ciudadposibledf.org
@JL_Luege
