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Hacer pagar a Javier Duarte no será tarea fácil. La Procuraduría General de la República (PGR) tiene en la mesa un rompecabezas con muchas piezas faltantes como consecuencia de un desfalco demencial.
Para hacer justicia, el Ministerio Público Federal debe fundamentar meticulosamente las acusaciones contra Duarte por el desvío de 223 millones de pesos, para armar el expediente que justifique su extradición, y desde luego indagar las escandalosas irregularidades por 60 mil millones detectadas —desde hace años— por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en distintas revisiones a la administración duartista.
De esa enorme bolsa, como dice el abogado Diego Fernández de Cevallos, los sabuesos deben descubrir al menos cuatro agujeros negros por donde se fugó el dineral.
Primero, esos 60 mil millones que no se han justificado, son consecuencia del desorden, opacidad e irresponsabilidad administrativa. El gobierno de Duarte —como muchos otros— recurrió al cómodo e irregular procedimiento de depositar todos sus ingresos del estado en una cuenta “concentradora” de la cual tomó dinero para gasto corriente y todas las demás erogaciones que estaba obligado a realizar. Por eso cuando la ASF exigió comprobantes de las cantidades etiquetadas por la Federación para fines de salud, educación, seguridad social y pública, etc., ha resultado imposible la comprobación para averiguar dónde quedó “la bolita”.
En segundo lugar, se debe descubrir cuántos de esos 60 mil millones fueron a dar directamente a los bolsillos del señor Duarte, familiares, socios, subordinados y prestanombres, mediante la simulación, el uso de empresas fantasma y otras estratagemas para lavar el dinero saqueado al erario veracruzano.
En tercer lugar, ¿cuántos de esos 60 mil millones de pesos se utilizaron para financiar campañas políticas del PRI en Veracruz y otros estados, incluida la campaña presidencial? Esa cantidad podría sorprendernos, advierte El Jefe Diego.
En cuarto lugar, está el rubro de la “paz social”, que en la jerga política se llama el “costo de gobernabilidad”, es decir, dinero para comprar y mantener quietos a los opositores incómodos del gobierno. Javier Duarte, igual que todos los demás gobernadores, tenía bien presente aquello de: “problema que se arregla con dinero, sale barato, aunque cueste muy caro”.
La misión de la PGR —harto compleja— no admite excusa. Si no se fincan responsabilidades a todos los implicados y no se recupera lo recuperable (¿de lo perdido lo que aparezca?) otra vez la sociedad se sentirá engañada por el gobierno, aun cuando Duarte venga a dar con cachetes y huesos a la cárcel.
Si realmente hay voluntad, esfuerzo y profesionalismo de la autoridad federal deberá salir a la luz la verdad verdadera de la operación ilegal del gobierno veracruzano… y otros que se acumulen.
Lo delicado y complicado no solo es descubrir el destino del dineral desviado, sino evitar las resistencias del propio sistema a desnudar las miserias, usos, vicios y costumbres de un desorden criminal, si es que de verdad ahora sí va en serio la madre de todas las batallas contra la corrupción.
EL MONJE CHAPÍN: No por mucho extraditar, amanece más temprano... eso quedó claro en la Sala del Quinto Tribunal de Sentencia Penal de Guatemala, donde hubo más periodistas que delitos... Javier Duarte fue la estrella de una película de horror, que sabemos cómo empezó, pero ignoramos cuándo termine... Duarte, esposado y humillado, compareció para escuchar la crónica de su rapiña como gobernador de Veracruz; pospuso la decisión de aceptar la extradición para ser juzgado por sus fechorías. Javidú por fin cayó de la cima, con “ce”, a la sima, con “ese”, es decir, de la cumbre del poder al abismo de la desgracia...
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