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Solidaridad plena con el colega periodista Héctor de Mauleón.
Nada frena al México sangriento a pesar de que el gasto en seguridad pública se ha triplicado en un periodo de 11 años (pasó de casi 51 mil millones de pesos en 2006, a más de 157 mil, en 2017) de acuerdo con un análisis del Presupuesto Federal para Seguridad 2016-2017, elaborado por el maestro en economía e investigador parlamentario Marcial Reyes Tépach, para la Cámara de Diputados.
La tragedia derivada de la violencia institucionalizada es que mientras más dinero se destina a la seguridad, al mismo ritmo aumentan los crímenes de alto impacto.
¿Por qué?
Según el documento referido arriba, uno de los problemas más importantes que enfrenta el gasto en seguridad pública es que 87 por ciento se destina para gasto corriente (sueldos y prestaciones de seguridad social), gasto de operación (papelería y equipos de cómputo) y subsidios (ayudas de carácter social, fondos de pensiones y jubilaciones). Sólo el 12 por ciento se aplica a la compra de patrullas, armamento de vanguardia, comunicación móvil, tecnología para la policía investigadora e infraestructura para centros de readaptación social y juzgados, entre otros rubros.
Hace tres días, la organización civil Semáforo Delictivo, a cargo de Santiago Roel, presentó su informe sobre incidencia delictiva en el país, el cual confirma, con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que el primer semestre de 2017 es el peor de los últimos veinte años; de enero a junio van 13 mil 729 asesinatos intencionales, 12 mil 155 dolosos, de los cuales, 7 de cada 10 están relacionados con el crimen organizado.
Junio ha sido el mes más violento desde 1997, con 2 mil 234 homicidios; 76 diarios, tres por hora, uno cada veinte minutos; casi el doble de los que había en 2014; 30 por ciento más que en 2016.
Todo indica que este año va a ser el peor de todos; desplazará a 2011, cuando la “guerra” de Felipe Calderón contra el crimen estaba en su apogeo.
Al paso que vamos, 2017 cerrará con más de 24 mil homicidios, porque las causas fundamentales de la violencia y las fallas estructurales para combatirla difícilmente van a mejorar.
No es asunto de fe, ni de buenas intenciones. Abatir la criminalidad requiere más dinero, sí, pero sobre todo mejor estrategia para gastarlo.
No se pueden pedir buenos resultados en el combate a la violencia que deriva en inseguridad cuando las autoridades estatales ni siquiera entienden cómo ejercer los recursos destinados a frenar el delito.
Lo indignante es que el dinero para garantizar la seguridad se ejerce mal o no se ejerce. Por ejemplo, sólo 6 de 32 gobiernos locales apenas ocupan el 10 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), cuyo total para este año asciende a 9 mil millones de pesos; hay un subejercicio del 90 por ciento.
Las autoridades locales no han cumplido cabalmente con la parte que les toca en la depuración, capacitación y equipamiento de los cuerpos policíacos y el mejoramiento de las áreas de procuración e impartición de justicia. Prefieren andar de limosneros y que la Federación cargue con los muertos.
El problema tampoco es imputable al Nuevo Sistema Penal Acusatorio, en realidad es producto del crimen organizado nutrido por el mercado de drogas, alega Santiago Roel. “El Plan Mérida (2008) nos metió en una estrategia equivocada que no defiende los intereses de México, sino los de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA), y nos empuja a una grave espiral de violencia y corrupción”.
El director de Semáforo Delictivo (http://www.semaforo.com.mx) insiste en que la prohibición de las drogas ha sido un fracaso. Propone una regulación adecuada de la marihuana recreativa, como lo están haciendo Canadá, Uruguay y otros países) y de la amapola para fines médicos, lo cual permitiría al Estado regir la producción y distribución ordenada de estupefacientes, pero sobre todo le daría control sobre el dinero que hoy utilizan los narcos para sembrar el terror.
Valdría la pena discutir todo esto en serio, aunque a algunos poderosos les saque ronchas.
EL MONJE TLAHUICA: “Les dije, les advertí y a nadie le importó…” Rigoberto Salgado Vázquez dispara en defensa propia. El jefe delegacional de Tláhuac sale al paso de aquellos que lo señalan como socio, sucio, compinche y achichincle de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos. Arropado por Morena, don Rigo se quita la mordaza impuesta por el jefe López Obrador para escurrir culpas y embarrar al gobierno de Miguel Ángel Mancera. En este “valle de lágrimas”, nada es verdad, nada es mentira, todo es del color del cristal con que se mira. El pavoroso caso Tláhuac es parte de la pelea por el 2018, no hace falta tener tantos “ojos” para leer entre líneas.
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