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El artículo 21, inciso C, fracción séptima del proyecto de Carta Magna de la CDMX dice que la plusvalía de cualquier inmueble será parte de la riqueza del gobierno local.
Sí, leyó usted bien…
La sentencia pone los pelos de punta a quienes hayan podido adquirir un bien raíz.
“Morder” —aunque pueda ser poquito— el beneficio legítimo de un particular es una salvajada, un asalto a la razón; va en contra de cualquier lógica jurídica. Es absurdo.
Entiendo que el régimen de propiedad privada en el mundo tiene como fundamento el valor de las edificaciones no sólo por aquello de lo que están hechas, sino por el terreno donde están construidas.
Los “próceres” redactores de la Constitución de la capital del país creen que el valor de los inmuebles sólo depende de la obra pública y que la urbanización —como ellos le llaman— determina el valor de cualquier propiedad construida sobre esa urbanización.
Olvidan que la urbanización no se construyó con lo que ellos llaman “riqueza pública” sino como consecuencia de la riqueza privada. El gobierno, para poder hacer mejoras, para dar más calidad y valor a zonas de la Ciudad, necesitó los impuestos de los ciudadanos, lo cual permitió precisamente la urbanización.
El gobierno cobra un impuesto predial, proporcional al valor que la propia obra pública le ha conferido al bien inmueble, pero decir que una propiedad que hace 15 años costó un millón de pesos y hoy puede venderse en cuatro es únicamente consecuencia de la urbanización que pagó el gobierno es olvidar todas las leyes de la economía y amenazar con arrebatarle a la plusvalía una tajada, es un atraco.
Los “constituyentes” de izquierda quieren confiscar el valor de la propiedad privada de manera proporcional, lo cual es un atropello absoluto a la lógica, al derecho… y al revés.
Si hay una plusvalía gracias a la obra pública lograda con nuestros impuestos, pues entonces que nos suban el predial… y se acabó.
¿Para qué ponerle un impuesto a la plusvalía?
¿La idea es agandallar al ciudadano?; ¿inventar pretextos para recaudar más dinero, y desatar una ola expropiatoria contra quienes incumplan semejante sandez, en el remoto caso de ser aprobada una ideota tan idiota?
Proponer que el incremento del valor de cualquier terreno, casa, o departamento no beneficiará al dueño sino al gobierno de la metrópoli, es privilegiar una perversa distribución dizque justiciera.
Aquí hay gato encerrado, diría la abuela sabia.
EL MONJE REPORTERO: Más de Jorge Castillo Díaz, hombre de paja y hueso, detrás del ex gobernador de Oaxaca, Gabino Cué. A la sombra del poder estatal, en complicidad con Alberto Vargas Varela, secretario de Administración, Castillo Díaz maniobró para su beneficio en el manejo de la nómina del gobierno; recurrió al mecanismo de outsourcing para evadir el pago de impuestos. La ganancia obtenida por Castillo Díaz y su cómplice Vargas Varela fue de 700 millones de pesos, sólo en 2011. Esa y otras marranadas mayores fueron detectadas por el Sistema de Administración Tributaria, SAT, que mediante el oficio D400-36-00-03-04-2014, del 28 de enero de 2015, ordenó congelar cuentas bancarias en HSBC, Scotiabank y Bancomer a nombre de Jorge Castillo Díaz. El SAT acusa al acaudalado cuentahabiente de no pagar impuestos por mil 500 millones de pesos. Vuelvo a preguntar: ¿Gabino Cué nunca estuvo enterado de tales conductas?... y aún hay más.
@JoseCardenas1
josecardenas@mac.com
