La ira de los “dioses” arrepentidos arremete contra dos gobernadores de mala entraña, protagonistas estelares de la debacle priísta del pasado 5 de junio.
Los mandatarios de Veracruz y Quintana Roo parecen gemelos. Si ya eran “risueños”, ahora les hacen más cosquillas.
Embriagados con el aroma del poder, topan con pared en la recta final de sus administraciones. Quedaron huérfanos de padrinos que hicieron la vista gorda mientras ambos saquearon sin pudor los tesoros de sus estados.
Para prevenir consecuencias, Javier Duarte y Roberto Borge pretendieron blindar fechorías usando a sus respectivos Congresos para nombrar magistrados “guardaespaldas” y fiscales anticorrupción “a modo”.
Todo iba bien hasta que salió mal.
La PGR ha presentado ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra los Congresos y gobernadores de Veracruz y Quintana Roo por las reformas aprobadas en materia de combate a la corrupción sin tener facultades para ello, explicó Salvador Sandoval Silva, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR.
¿La acción es para calmar la animadversión ciudadana contra la corrupción?, ¿para que el PRI-gobierno no caiga más bajo en el ánimo popular?, ¿es estrategia concertada para no perder más poder?
A la acción del Ejecutivo sume la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Veracruz. El supremo ente fiscalizador, que todo ve y sabe, va tras tres tristes “tigres” cómplices del gobernador Duarte, y 34 contribuyentes socios-sucios de empresas “chuecas”, sin empleados ni domicilios, “cobrones” de facturas por 645 millones de pesos pagadas por la administración estatal entre 2012 y 2014. Los rateros disfrazados de funcionarios constituyeron empresas de “papel”, registradas como proveedoras del gobierno.
Según el portal Animalpolitico.com, fueron 73 contratos vía adjudicaciones directas o licitaciones cerradas para la compra de productos que debieron distribuirse entre la población vulnerable, de lo cual no quedó más huella que la de los nuevos vulnerables: Duarte y su “banda jarocha”, incluidos 21 notarios-corredores.
El mugrerío del fraude veracruzano podría ascender a 3 mil millones de pesos, centavitos más o menos. El desfalco es de tal magnitud que el escándalo no habrá de acabar sólo en consignar chivos expiatorios, personas físicas o (in)morales; sería majadero.
EL MONJE REFRANERO: Duarte y Borge no quieren más queso, sino salir de la ratonera.
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