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Si aceptamos que a partir de 1983 iniciaron los cambios estructurales de la economía mexicana, México está cumpliendo 34 años de introducir y aprobar reformas. No obstante la transformación y desmantelamiento del Estado autoritario desprovisto de pesos y contrapesos; con intervenciones discrecionales; propietario de medios de producción con más de 1,155 empresas paraestatales; monopolio en la extracción y transformación de hidrocarburos y monopolio en la generación, transmisión y distribución de electricidad; de partido hegemónico; de economía cerrada y con comercio internacional basado en cuotas, permisos y cupos; la tasa de crecimiento económico medida por el producto interno bruto (PIB) sigue siendo muy baja. Más aún, este bajo crecimiento no da para que en un plazo relativamente corto se duplique el PIB per cápita.
¿Dónde están los principales nudos que impiden el despegue de una economía de mercado, abierta al comercio exterior y que ha firmado 12 tratados de libre comercio con 45 países, 31 acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones y 9 acuerdos de complementación económica; con un Estado de derecho más democrático, con más libertad de expresión, con más transparencia, en el que ahora el crecimiento de las actividades productivas y del empleo están en manos del sector privado tanto nacional como internacional?
Definitivamente tenemos problemas graves causados por la impunidad, la corrupción y la falta de seguridad; también las debilidades se manifiestan en: las endebles capacidades institucionales de los gobiernos estatales, Ciudad de México, municipios y delegaciones para regular y supervisar; la falta de autonomía de los poderes judiciales, por citar sólo algunos. Sin embargo, estrictamente desde el punto de vista económico, sí hay una variable que llama la atención: la auténtica inversión pública ha decrecido y es muy baja.
Me refiero a la inversión que llevan a cabo los gobiernos federal, estatales y Ciudad de México, municipios y delegaciones para ampliar la oferta de bienes y servicios a los que todos, de alguna manera, podemos acceder. Dentro de esta infraestructura pública se encuentra la que dota el servicio público de agua potable, drenaje, calles, vialidades, puentes, banquetas, parques, carreteras y autopistas, transporte público, equipamiento para la seguridad pública, etc. No me refiero a la inversión pública que se confunde y se suma a la que hacen paraestatales que llevan a cabo actividades productivas que en otras partes del mundo lo hacen empresas privadas.
La triste realidad es que hoy los gobiernos de los tres niveles (no la parafernalia de los sectores públicos con paraestatales) gastan sustancialmente más per cápita que hace 34 años. La realidad es que tenemos a los políticos y a los partidos empeñados en una carrera sin fin que empezó en el 2001. El nombre del juego es quién ofrece más regalos disfrazados de “programas sociales” que han mostrado su ineficacia en sacar de la pobreza a la población. También se destinan más de nuestros impuestos a las pensiones, especialmente de entidades paraestatales.
La gran transformación del Estado autoritario y propietario en un Estado democrático de derecho ha tenido como motivación que los gobiernos se ocupen de asegurar que la población reciba buena educación pública, servicios de salud de calidad, desarrollo urbano para acceder a una vivienda digna, promover la ciencia e investigación, y desde luego seguridad pública así como acceso a la justicia.
Las reformas estructurales que se han llevado a cabo en los últimos 34 años tendrían que haberse reflejado en más inversión dentro del país y en más crecimiento económico. Sin embargo, la evidencia no lo respalda. De 1993 a 2016, la formación bruta de capital fijo (FBCF) para la economía mexicana como porcentaje del PIB pasó de 17.2 a 21.6% respectivamente. Es cierto, la reforma energética debió haberse aprobado en la década de los noventa, pero aún así, dado el calado de las reformas estructurales, este aumento en la relación inversión a PIB es relativamente pequeño. Como ejemplo de una economía emergente que sí está creciendo está la India. En este país la FBCF pasó para ese mismo período de 21 a 33% del PIB. En América Latina, Colombia incrementó esta razón de FBKF a PIB de 21 a 28%.
A este desempeño mediocre han contribuido los gobiernos federal, CDMX, estatales y municipales, al reducir la inversión pública que les corresponde para dar lugar a los mal llamados “programas sociales” que no suman ni para la productividad ni para sacar de la pobreza a millones de personas.
La historia nos juzgará por el gran despilfarro del auge petrolero que se dio de 2003 a 2014, con extracción de hidrocarburos que se llevó al máximo y precios de petróleo a niveles altos nunca vistos. Exijamos que todos aquéllos que buscan ser candidatos a la presidencia de la República, para que su candidatura sea seria, tengan una propuesta para incrementar la formación bruta de capital fijo. Si no la tienen, que sean honestos y reconozcan que están en la actividad de la demagogia.
Economista.
@jchavezpresa
