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Aquí tres temas que darán de qué hablar esta semana:
Congreso de la Unión frustra incremento a costos de postería. Nadie de los operadores en telecomunicaciones entendió por qué desde la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT se cabildeó la propuesta para modificar la Ley Federal de Derechos para el 2017 y que quienes vienen usando (para poner su cableado) los postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tuvieran que hacer su pago a la paraestatal y ya no a la Tesorería de la Federación.
La propuesta era un “perder-perder” para la SCT: los millonarios recursos que hoy pagan los operadores de telecomunicaciones dejarían de depositarse en la Tesorería, que es parte del propio gobierno, para en su lugar quedarse en la CFE que ya es un “empresa productiva del Estado” y, sobre todo, dado el cambio de metodología, se hubiera frenado el despliegue de infraestructura por el incremento en lo que pagan los operadores de telecomunicaciones por uso de postes.
Si la prensa reportó ayer incrementos en las cuotas de luz de la CFE en hasta un 17%, también era de esperarse un incremento sustancial en las cuotas por el uso de su infraestructura. Y es que la industria de telecomunicaciones no tiene opciones, o usa los postes de CFE o los de Telmex, pero la telefónica cobra el doble que la CFE con el objetivo de desincentivar la ampliación de la infraestructura de sus competidores.
Así que, por lo menos para el 2017, los operadores de telecomunicaciones podrán seguir pagando vía la Ley Federal de Derechos, lo que les da certeza, pero eventualmente, dados los cambios a la legislación energética, será la Comisión Reguladora de Energía la quién fije el monto por este tipo de cobros con base en una “remuneración justa”.
Por lo pronto, la medalla va para la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), que hizo un cabildeo exitoso, así como para el Congreso de la Unión y la SHCP que fueron sensibles al tema. Frenar la expansión de redes de telecomunicaciones e impactar el costo que pagan los usuarios finales hubieran sido malas noticias.
Narcoseries en la TV mexicana. Las tres televisoras comerciales (Televisa, Azteca e Imagen) han estado evaluando qué hacer con el género de las narcoseries. En algunos países han generado importantes audiencias, como es el caso en Estados Unidos con Señora Acero que transmite Telemundo, pero en otros, concretamente Colombia, el hacer apología del narcotráfico (sus coches, mujeres, aviones y vida glamurosa) ha incrementado de nuevo este problema. Incluso, varios colombianos que participan y dirigen en la serie Narcos han recibido fuertes críticas en su país.
En México, las narcoseries pueden pasar en TV abierta, según la normatividad vigente, a partir de la medianoche y previa clasificación de la Secretaría de Gobernación (Segob). En TV restringida, dado que hay opciones para autobloquear la programación (parental control), estas series pasan a partir de las 10 pm y en la televisión por Internet (OTT) se pueden descargar en cualquier momento, pero también hay opciones para bloqueos por perfiles y edades.
Ayer iniciaron transmisiones de narcoseries en Tv Azteca. La están programando, en TV abierta, a las 9pm, para acarrear (carry-over) audiencia a su noticiero nocturno, en un diferendo con la Segob. Al respecto, surgen varias interrogantes: ¿Podrá esta Secretaría hacer cumplir la ley de la materia? ¿Televisa –quien por cierto tiene acceso a la mayor librería de narcoseries por su alianza con NBC-Telemundo y Caracol- programará de igual manera? Como en Colombia, ¿este tipo de series servirán para hacer crecer el fenómeno del narcotráfico al alabarlo y justificarlo? ¿Tiene sentido aún regular a la TV abierta cuando la TV por Internet no tiene regulación alguna? Por lo pronto Televisa e ImagenTv han puesto pausa a transmitir narcoseries y están esperando el desenlace legal entre Tv Azteca y la Segob, aunque desde el Congreso también están apuntando a una intervención del Instituto Federal de las Telecomunicaciones (IFT).
Si bien las narcoseries generan importantes audiencias, éstas no traen muchos anunciantes, pues ninguno de ellos quiere asociar su producto comercial al fenómeno del narcotráfico, pero en México AT&T es la excepción a la regla pues la está patrocinando.
Finalmente, habría que señalar que muchos de los asesinatos que ocurren en México son producto del narcotráfico y esto no es ficción alguna. Basta con ver lo acontecido ayer a efectivos militares en el Maxitúnel de Acapulco. Estamos hablando de vidas humanas y este tema requiere de la máxima responsabilidad por anunciantes, televisoras y autoridades.
Red Compartida. Muchos comentarios se han generado en los últimos días en relación con la licitación del proyecto de Red Compartida que se encuentra desarrollando la SCT, particularmente por lo que se refiere a la identidad, porcentajes de participación, niveles de responsabilidad y origen de los recursos de cada uno de los socios que integran los dos consorcios participantes, Altán y Rivada.
Ante las especulaciones y la falta de difusión de mayor información por parte de las autoridades, uno de los propios consorcios, Altán, fue quien emitió un boletín de prensa señalado la conformación de su grupo.
Desafortunadamente el boletín no logró despejar muchas de las dudas en torno a tres de los socios de Altán: CMF Investment Company, el Fideicomiso de Administración Número 2431 y el Fideicomiso Fflatam-15-2. De hecho, el boletín de Altán ni les menciona.
Sobre de estos tres socios han recaído las mayores preocupaciones respecto de los recursos que los respaldan, pues serían provenientes de Bancomext, Banobras, Nafin y Focir, así como de PensionISSSTE, lo que implicaría que con recursos públicos se estaría fondeando un enorme negocio privado en el sector telecomunicaciones.
Quien tiene la llave para cerrar todas las especulaciones es el propio IFT, basta que publique las resoluciones del 13 de octubre pasado con las que emitió las opiniones favorables en materia de competencia económica e influencia a cada uno de los consorcios. No debería de existir inconveniente para ello, toda vez que desde el pasado 20 de octubre los participantes entregaron sus ofertas económicas e incluso ya se llevó a cabo la apertura de sus ofertas técnicas. De no hacerlo, el IFT seguirá abonando a una percepción de opacidad en el proyecto. Lo relevante aquí es que los funcionarios de la SCT se irán con el cambio de Gobierno, pero el IFT permanece al ser un organismo transexenal, por lo que debería de cuidar más su reputación.
Twitter: @JTejado
