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En mi entrega pasada le contaba a usted sobre la pretendida reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de cuyo dictamen, que surgió de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados que preside Lía Limón, le compartí algunos siniestros párrafos. Pues bien, ahora la misma comisión ha sugerido una modificación a la modificación, tal y como la dio a conocer Jenaro Villamil en su Homozapping del 19 de abril, consistente en mantener la facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones de ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones de programación infantil, así como no eliminar la facultad del IFT de emitir equivalencias de clasificación para la programación de origen extranjero.
Le decía yo que los legisladores y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, prontos a hacer el favor a la industria, interpusieron sendas controversias constitucionales para intentar amordazar al IFT a fin de que acallara los 72 artículos de los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias que expidió, y así fue. Pero claramente las controversias están perdidas por carecer de sustento jurídico y porque a del Ejecutivo requiere, para proceder, que los lineamientos combatidos sean el primer acto de aplicación de la ley, y no lo son.
Realizamos una consulta vía transparencia (folio 0912100020817) solicitando al IFT los oficios, escritos, solicitudes o cualquier otro documento relacionado con la defensoría de las audiencias, códigos de ética, o en general derechos de las audiencias de cualquier particular, incluyendo cámaras empresariales, que hayan sido dirigidos al Instituto o expedidos por cualquiera de sus funcionarios. Al respecto, se confirmó, entre otros muchos documentos, la existencia de 67 solicitudes de inscripción/registro de defensores de la audiencia y/o códigos de ética presentadas por diversos concesionarios u organismos de representación, entre los que se encuentran, por ejemplo, los de la CIRT. Así que la controversia del Ejecutivo es improcedente. Por eso mejor están intentando directamente la contrarreforma, de tal suerte que, de modificarse la ley, que seguramente no será antes del 30 de abril, el desgaste de tres instituciones habría sido gratuito: el Legislativo y el Ejecutivo, con la interposición de las controversias ante la Suprema Corte contra la ley que ellos mismos aprobaron, y el desgaste del IFT, con la suspensión de la entrada en vigor de los lineamientos que se desvanecerían dejando etéreos los derechos de las audiencias.
Pero el ataque a la instituciones y a las audiencias no termina ahí; por si fuera poco, el senador Francisco Búrquez del PAN ha presentado una iniciativa que sugiere, entre otras barbaridades, eliminar la radiodifusión pública: propone reformar el artículo sexto constitucional para señalar que “el Estado no debe prestar de manera directa servicios de radiodifusión”, o sea que para este senador la BBC, Radio France o la Televisión Pública Argentina, son un error. Esta iniciativa seguramente se archivará en el cajón de las excentricidades, pero por lo pronto ahí tiene usted un ejemplo de cómo se las gastan algunos legisladores.
Nuevos comisionados. Ya han sido ratificados las personas propuestas por el presidente Peña Nieto para ocupar las vacantes a comisionados en la Comisión Federal de Competencia Económica y en el IFT: son Alejandro Faya Rodríguez, abogado por la Universidad Iberoamericana y Arturo Robles Rovalo, ingeniero en telecomunicaciones por la UNAM, respectivamente. Ambos eran ya funcionarios públicos de los órganos de los que ahora serán comisionados. Al ingeniero Robles no lo conozco pero la trayectoria de Faya es estupenda y no tengo duda de que hará un muy buen papel.
Independientemente de los nombres, después del episodio “Merodio” en el Inegi, resulta indispensable revisar el mecanismo de nombramiento de los funcionarios de los órganos autónomos. Ya lo decía yo en mi columna “Ifetel: lecciones del proceso” publicada en agosto de 2013 en EL UNIVERSAL, en la que sugerí algunos cambios para el proceso de selección de comisionados a raíz de mi experiencia como participante en el primero de ellos. El Comité de Evaluación, conformado por los titulares del Banco de México, del INEE y del Inegi, no cumplió con la Constitución ya que en su momento no dotó al proceso de la máxima transparencia y no ha corregido del todo. Por ejemplo, nunca se nos informó qué calificaciones obtuvieron los actuales comisionados. Todo esto ha influido para desincentivar la participación; el número de interesados en ocupar las vacantes de estos órganos es cada vez menor y la mayoría de ellos son funcionarios de los propios órganos, lo que nos habla de la pérdida de credibilidad en los procesos. Por ejemplo, para cubrir la vacante en el IFT en 2015, 23 realizaron el examen, el promedio de calificación fue de 59.2 y la más alta fue 78.2. En 2016, hicieron examen sólo 19, el promedio fue 57.13 y la calificación más alta 68.62. Debo decirle que, aunque es un indicador, el examen no refleja todas las capacidades de los aspirantes, para ello habría que reformular los reactivos y añadir entrevistas.
El desgaste. Coincido completamente con Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, y con Juan Pardinas y Manuel Molano, del IMCO, que a propósito del nombramiento de Paloma Merodio en el Inegi han destacado, junto con otras organizaciones, la importancia de cuidar las designaciones en los órganos autónomos y evitar lastimar a las instituciones por no hacerlo conforme a la ley. Como dijo Pardinas, qué necesidad. Sumo a su análisis la conveniencia de evitar el bombardeo que el propio gobierno asesta a los órganos autónomos para resolver intereses políticos y coyunturales, y que a la larga terminarán por hacer inservibles a las instituciones.
En la sobremesa. Una felicitación al equipo de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones de la Profeco que encabeza Carlos Ponce Beltrán, por el lanzamiento del especial de la revista del consumidor en materia de telecomunicaciones. Es una edición amigable, sencilla e interesante para adentrarse en este mundo en el que todos estamos pero no entendemos completamente.
Presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana en México.
Este artículo refleja la posición personal de la autora.
Twitter @soyirenelevy
