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Ya tenemos en puerta la primera contrarreforma formal en materia de telecomunicaciones. Este golpe está orquestado por el Legislativo en manos de los diputados Federico Döring del PAN, quien presentó la iniciativa que modifica la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), y Lía Limón del Partido Verde, presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, ambos aprovechando una iniciativa de Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano. Así, han fraguado una dura estocada contra los derechos de las audiencias y la integridad de una institución “autónoma” recién creada: el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Pretextando un supuesto ataque a la libertad de expresión, a los Poderes Legislativo y Ejecutivo no les alcanzó con interponer dos controversias constitucionales en contra de su propia “reforma estructural” de 2013 obedeciendo instrucciones de la industria radiodifusora, sino que ahora modificarán la ley secundaria para, de pasadita, descremar el concepto de servicio público de radiodifusión, adelgazar las obligaciones y sanciones de los radiodifusores y los derechos de las audiencias, así como replegar al IFT en esa materia, dejando a la Secretaría de Gobernación a cargo (oh, gran defensora de los derechos fundamentales).
El Dictamen aprobado por la Comisión de Lía Limón (con sólo tres votos en contra) es una verdadera vergüenza y los diputados que lo aprobaron aún más. Mire usted, en su página 54 se lee lo siguiente:
“Si se permite que el Instituto Federal de Telecomunicaciones juzgue y califique la información de “veraz u oportuna”, limitaría la cantidad de información protegida por el derecho a la libertad de expresión, además de que como comunicadores que somos, nos veríamos compelidos a verificar que nuestras manifestaciones cumplan con tales requisitos, lo que constituye una traba y obstáculo para que nos manifestemos libremente.”
O sea que ni siquiera les alcanzó (el tiempo, la inteligencia o ambos) a los integrantes de esa Comisión para darse cuenta que estaban aprobando un documento que fue redactado por “los comunicadores”. Esto es escandaloso.
Pero no es todo, además de originalidad, el dictamen también carece de valentía y veracidad (por no decir otra cosa), ahora resulta que todo es culpa del Instituto, ¿qué no fueron los legisladores los que incluyeron en la Ley lo que ahora están intentando derogar? Si este “ataque a la libertad de expresión” proviene de los Lineamientos del Instituto, entonces ¿por qué modificar la LFTR? ¿Por qué no esperar que la SCJN resuelva este supuesto exceso del IFT, si esa es la vía? Página 18:
“Ambas iniciativas parten de una justificación material el exceso en que incurrieron los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias del IFT que se publicaron el pasado 21 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación dado el estado de riesgo en que ponía a la libertad de expresión.
Por tanto, los proyectos de iniciativa constituyen una respuesta desde el Poder Legislativo Federal sobre un problema concreto y particular, la vulneración y amenaza para la libertad de expresión que representa la interpretación y aplicación de los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias, por lo que las propuestas de reforma tienen por objeto corregir o resolver la problemática presentada.”
Pero no sólo eso, el dictamen descansa en las opiniones periodísticas que criticaron los Lineamientos y en ningún caso hace una valoración, aunque sea para desestimarlas, de las que los defendieron, ni las mencionan. Adicionalmente, el primer argumento del Dictamen se basa en la equivocada decisión del IFT de suspender la entrada en vigor de los Lineamientos (página 19):
“Es de destacar que por parte del IFT, se manifestó que dada la relevancia y trascendencia que tiene el debido respeto a los derechos humanos y ante la inexistencia de la suspensión del acto reclamado por posibles actos que los afecten se determinó diferir la entrada en vigor de los Lineamientos hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva lo conducente.”
La realidad es que esta reforma a la LFTR confiesa que las controversias constitucionales que se interpusieron ante la Corte en contra de los Lineamientos están perdidas, de lo contrario resulta incongruente la convivencia lógica de ambas acciones: o se argumenta que existe invasión de facultades del IFT al Legislativo y/o Ejecutivo y por tanto que los Lineamientos van más allá de la Constitución y la Ley, o se sostiene que la Ley debe ser modificada para quitar facultades al propio Instituto. Así, los lamentables legisladores saben que perderán las controversias y por tanto se aprestaron a cambiar la ley, vaya a saber usted a cambio de qué, en estos tiempos de elecciones sobra la necesidad de favorcitos.
La respuesta del IFT. Me preguntaba si los comisionados que votaron a favor de la suspensión de los Lineamientos estarían ahora arrepentidos, pero después de leer el comunicado del IFT del 6 de abril en el que fijan postura sobre la posible reforma, creo que no. Este comunicado no se pronuncia respecto del Dictamen, sino de las notas periodísticas que dan cuenta de una posible modificación legal, no entiendo por qué el temor de dirigirse directamente a la Cámara de Diputados. Tampoco defiende sus facultades ni reprueba el albazo a su autonomía. Además, omite señalar que se trata de una reforma que vulnera la Constitución y los derechos que el Instituto debe defender. De aprobarse esta reforma, el IFT debe interponer controversia constitucional a fin de salvaguardar, además de la dignidad de la institución, lo que le quede, las facultades que la Constitución le otorga. ¿Lo hará?
EN LA SOBREMESA. Harakiri de Mónica Aspe. La actual subsecretaria de Comunicaciones de la SCT se va a París como representante de México ante la OCDE. Sería genial que su último acto sea eliminar su oficina. Esa subsecretaría debió desaparecer con la reforma, pero ahora tiene aún menos sentido ya que dos de los tres temas que tenía a su cargo han sido prácticamente concluidos: el apagón analógico terminó y la red compartida cuenta con Promtel. Con una coordinación sería suficiente para la competencia que le dejaron en ley a la secretaría.
*Presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana en México.
Este artículo refleja la posición personal de la autora.
Twitter: @soyirenelevy
