Ya hay ganador del proyecto de Red Compartida que incluyó la reforma constitucional del 2013. El triunfador es Altán, un consorcio conformado, entre otros, por Marapendi Holding de los Países Bajos (con el 33.38%), CMF Investment Company II B.V: (23.26% fondo de inversión China Mexico Fund, administrado por la Corporación Financiera Internacional, que a su vez es parte del Banco Mundial), Miguel Escobedo y Fulda (9.35%), Megacable (4.01%) y Axtel (4.01%). La oferta de cobertura poblacional, es decir, a cuántos habitantes del territorio mexicano se cubrirán con la Red, es la que definiría al ganador. La de Altán superó la mínima requerida por la SCT de 85%, así que con el 92.2% le fue adjudicado el proyecto sin que esta oferta fuera contrastada con ninguna otra pues, como usted sabe, Rivada Networks, el único otro participante, quedó fuera del concurso por no haber presentado la carta de garantía el día que exigían las bases de licitación, antes de que pudieran abrir el sobre que contenía su oferta de cobertura.
Pero no todos festejan; Rivada Networks, intentará frenar el proceso en cualquier momento o, en su caso, obtener una indemnización por parte del gobierno mexicano. Por otro lado, los detractores históricos de la Compartida verán en el amparo de Rivada una oportunidad para intentar descarrilar el proyecto. No cejarán, seguiremos leyendo y escuchando versiones de corrupción, supuestas filtraciones de información confidencial a Altán y otras historias que insistirán en que esto es un sin sentido. Desde luego no estamos en el mejor de los escenarios, lamentablemente la descalificación de Rivada y los dimes y diretes legales que vendrán, darán incertidumbre a Altán, al proyecto, a los funcionarios públicos involucrados y, de alguna manera, a todos los mexicanos.
¿Qué está en juego? La Red Compartida es un proyecto de asociación público privada, es decir, de participación conjunta entre el gobierno federal y la iniciativa privada; comprende, en resumen, la utilización de toda la banda de 700 MHz, que puede valer alrededor de 3 mil millones de dólares y que el Estado aporta en arrendamiento, así como parte de la red de fibra óptica de la CFE. Por otro lado, el ganador de la licitación hará todas las inversiones necesarias para construir y operar la Red y pagará anualmente por el uso del espectro. Con la operación de esta Red se busca cubrir a la población a la que no le llegan servicios y aumentar la competencia en donde ya opera alguna empresa y así bajar precios y mejorar la calidad. Por ello, la oferta de cobertura era la que definía al ganador, porque el principal objetivo de la Red es precisamente lograr la mayor cobertura posible.
Ahora bien, Altán, como dije, se adjudicó el proyecto con el 92.2% de la población, pero Rivada ha dicho ya que su oferta era más alta. Esa cifra aún se encuentra en un sobre cerrado y está en poder de un notario público. Si Rivada ofreció más del 92.2%, como afirma, ¿qué habría perdido nuestro país? Veamos.
Cobertura poblacional.De conformidad con el Censo 2010 del Inegi, Altán cubrirá un poco más de 103 millones de personas de un total 112 millones 226 mil 538. Si la oferta del Rivada fue del 100%, entonces hay una diferencia de 8 millones 762 mil 250 personas que no atenderá Altán y a las que Rivada sí hubiese alcanzado. En el caso de que la cobertura ofertada por Rivada fuera, digamos, del 95%, entonces el diferencial sería de 5 millones 616 mil 827 personas.Inversiones. Las propias bases de licitación de la Red Compartida establecen en el modelo de contrato de APP (página 68 del anexo 14), los “gastos de capital marginales de referencia”, esto es, la cantidad en que aumenta la inversión necesaria conforme se va incrementando la cobertura. Obviamente no es proporcional a la población atendida pues dar cobertura en zonas rurales es muy caro y se presta el servicio a muy pocas personas. Por ejemplo, es mucho más costoso llevar el servicio de telefonía, agua o luz a un habitante de la sierra de Oaxaca que a uno de la ciudad de Monterrey. Así, la propia tabla a la que me refiero del anexo 14 señala que para el 92.2% de cobertura la inversión sería de 18 mil 495 millones 741 mil 174 pesos, mientras que si la oferta de Rivada fue del 100% la cantidad asciende a 51 mil 677 millones 277 mil 065 pesos, es decir, un diferencial de 33 mil millones de pesos, esto por lo que le comento de las zonas rurales y semiurbanas. Si habláramos de 95%, entonces la cifra aumenta 10 mil millones de pesos, ¿qué le parece?
Con todo esto, se antoja que la SCT hubiese abierto el sobre de Rivada y puesto a competir a ambos consorcios, pero no lo hizo porque las bases establecen que no presentar la carta de garantía junto con la oferta técnica, era causal de descalificación. Estudiando a fondo este tema, que es lo que tendrá que hacer la jueza administrativa, creo que hay, como dije en mi columna pasada, algunos argumentos de fondo que darán batalla en el amparo, sobre todo por la conveniencia de haber tenido dos jugadores y no solo uno en un proyecto tan relevante, y más aún si la oferta de Rivada era mejor. Por otra parte, el precedente de inseguridad jurídica para futuras licitaciones por no haber aplicado las bases literalmente, también hubiera sido preocupante. No veo en absoluto corrupción por parte de la SCT en esta decisión. Eso sí, seguirán en el aire varias preguntas, algunas tendrán respuestas, otras no y las iremos descubriendo con el transcurso del tiempo. Ahora la más importante es ¿alguien cubrirá a los más de 8 millones de personas que no atenderá Altán, quién invertirá más de 30 mil millones de pesos para llegar hasta ellos?
Presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana.
Esta columna refleja la posición personal de la autora.
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