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¿Ya leyó usted el 4to Informe de Gobierno? Tiene 765 páginas más los anexos. La semana pasada me di a la tarea de revisar lo que el informe contiene acerca de telecomunicaciones, así como otros temas que me interesan. No debe contener mucho, pensé, porque la mayor parte de estas cuestiones están a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), organismo constitucional autónomo que, por no formar parte del Poder Ejecutivo Federal —ni de ningún otro poder— tiene sus propias normas de rendición de cuentas.
Así, junto a un cafecito mañanero, inicié la travesía por el documento. Totalmente concentrada en las cifras y alcances que esbozan sus páginas, leí con sorpresa que menciona como acciones de la administración pública federal lo realizado por el IFT; me pareció curioso y fue como decidí concentrarme entonces en el tratamiento que el informe da al Instituto, y caí en cuenta que quienes lo redactaron hurtaron la autonomía del IFT y simplemente lo transformaron en una dependencia federal. Quizás esta redacción encierra una genialidad del sarcasmo o más probablemente ineptitud, ineficiencia e ignorancia. Aquí algunos párrafos que demuestran el robo de la identidad autónoma del IFT:
“El 18 de diciembre de 2015 entró en vigor la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación que establece los requisitos para todos los centros de trabajo de cualquier sector, actividad y giro, para que puedan certificarse en materia de igualdad laboral y no discriminación…. A julio de 2016 se certificaron ocho centros de trabajo en la República Mexicana, de los cuales destacan el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría Técnica del Gabinete del Gobierno del Estado de México. Son las primeras instituciones de la Administración Pública Federal (APF) y estatal en certificarse”. (Página 162)
“Con el propósito de promover la participación de los pueblos y comunidades indígenas en su propio desarrollo comunitario, a partir de la publicación, el 23 de febrero de 2013, del “Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas”, y hasta el 30 de junio de 2016, se asesoró a 15 dependencias federales (Comisión Federal de Electricidad; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Petróleos Mexicanos; Instituto Federal de Telecomunicaciones; Comisión Nacional del Agua; Secretaría de Energía; Comisión Nacional Forestal; Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación; Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados; e Instituto Nacional Electoral) para la elaboración de los Protocolos de Consulta Indígena específicos...“ (Página 207)
Pero eso no es todo, el documento también arrebata facultades al IFT:
“En materia de procuración de justicia, en cumplimiento a los acuerdos aprobados en el marco de la XXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), se lograron los siguientes resultados: …en colaboración con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se publicaron el 2 de diciembre de 2015 en el DOF, los “Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia”. (Página 173)
Esto no es así, es el IFT el que tiene la atribución de emitir estos lineamientos de acuerdo con el artículo 190, fracción I de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y así lo hizo; en todo caso, el Poder Ejecutivo tuvo la posibilidad de colaboración, no al revés.
Pero no hemos terminado, quien redactó el Informe no solo no sabe derecho constitucional ni derecho administrativo, tampoco entiende la reforma en telecomunicaciones ni competencia económica, mire:
“Entre otros cambios relevantes impulsados por la Reforma (constitucional en materia de telecomunicaciones) están… 1. El contar con un marco normativo que otorga certeza jurídica al sector, favorece la libre competencia, evita la preponderancia de agentes económicos dominantes...” (página 536) ¡¿Qué es esto, acaso nadie revisó el documento?!
También leemos otros errores, la televisión abierta y los operadores móviles virtuales no tienen que ver, pero para ellos sí: “Durante septiembre de 2015 a agosto de 2016 se continuaron realizando acciones encaminadas a promover la competencia en la televisión abierta. Entre los eventos ocurridos se encuentran los siguientes: … el 9 de marzo de 2016, se emitieron los lineamientos para la comercialización de servicios móviles por parte de Operadores Móviles Virtuales…” (página 540)
También constaté que en ningún párrafo se refiere al IFT como órgano autónomo. Total que al final de mi indigesta lectura pensé que si yo le preguntara a mis alumnos de derecho de las telecomunicaciones de la Universidad Iberoamericana cuál es la naturaleza jurídica del IFT y me contestaran que es una dependencia del gobierno federal, estarían completamente reprobados, como reprobado está el 4to Informe de Gobierno.
Como ciudadana mexicana exijo al Poder Ejecutivo Federal que modifique estos y otros gravísimos problemas —¿errores?— de fondo que contiene el Informe y que denigran al país, que confunden y denotan un bajísimo rigor en la elaboración de un documento tan importante que, al menos, debería ser confiable. Pero no sólo yo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sin dilación, debe solicitar formalmente a la Presidencia de la República la modificación de estos párrafos que lo atropellan. ¿Lo hará?
EN LA SOBREMESA. El viernes pasado…
1. Concluyó la segunda etapa del proceso de licitación de 191 frecuencias de FM y 66 de AM consistente en la entrega de información para calificación a la presentación de ofertas. Hubo 237 interesados que presentaron su información y firmaron con su FIEL, entre todos ellos se recibieron más de 6 mil archivos. La siguiente etapa será la de prevención de información faltante o incompleta que tendrá lugar el 7 de octubre.
2. El IFT multó a TVI, Megacable y Cablevisión del Norte con 62, 48 y 4 millones de pesos, respectivamente, por no retransmitir canales abiertos como el 7.1 de Azteca, el 11.2 (Once Tv niños), TV UNAM e Ingenio TV.
*Presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana.
Esta columna refleja la posición personal de la autora
@soyirenelevy
