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En 2013, con la reforma en telecomunicaciones, llegó algo que muchos se atreven a llamar “derecho constitucional de acceso a Internet”; pocos países han plasmado en sus constituciones conceptos similares, una decena más o menos son los que garantizan en su Carta Magna algún tipo de garantía de conexión para sus ciudadanos. Por supuesto no hay, en la práctica, una obligación del Estado por proveer a 120 millones de connacionales tal beneficio; derecho constitucional, es sólo un concepto maravilloso y vago para decir que lo que se garantiza es mayor competitividad entre proveedores de servicios de telecomunicaciones.
La conexión es, a pesar de aquellas vaguedades, una obsesión bienintencionada en la mayoría de los casos, pero siempre con claroscuros surreales; en Guadalajara, la Ciudad Creativa Digital (CCD) es un proyecto que recibió por parte del gobierno 20 millones de dólares; la CCD es un espacio en el centro de la ciudad que concentra industrias creativas en rubros que van desde el cine, la televisión y la animación hasta productoras de videojuegos o aplicaciones móviles. El potencial de integración cultural con industrias e instituciones educativas es grande, y la CDD ya produce hoy por hoy eventos culturales-tecnológicos de gran envergadura a nivel nacional. La CDD es una iniciativa interesante que convive todos los días con un gobierno acusado de usar software espía contra sus gobernados; y es al mismo tiempo el sitio (la zona metropolitana) que vio nacer al primer congresista independiente en México en ganar unas elecciones usando modelos “wikipartidistas” al estilo del Partido Pirata Islandés, hablamos, claro, de Pedro Kumamoto.
Pero, más allá de estos claroscuros, lo que se pone cada vez más de moda es el lado menos claro de la situación: Etiopía, Turquía, China y Uganda son un ejemplo de los muchos países que han desconectado el acceso de sus ciudadanos en más de una ocasión. En Uganda aplicaron esta agresión pasiva durante las últimas elecciones presidenciales; en Turquía, a causa de las acusaciones de corrupción del gobierno, se castigó a los turcos con apagones constantes a Twitter. Y en Francia, el país primermundista de la lista, el gobierno ha amenazado más de una vez a su población con espiarla y desconectarla.
Pero es ahí en Francia también donde se está dando un fenómeno particular: el derecho a la desconexión digital. Francia amaneció en la primera hora del Año Nuevo con esta modificación en el código laboral; en teoría, con esta reforma, un trabajador no podría tener represalias de su jefe por no responder una llamada o mensaje después de la hora de trabajo. Un fenómeno similar sucede en Alemania desde hace cinco años, aunque fuera del marco jurídico, Mercedes Benz, Volkswagen o Michelin ya lo llevan a la práctica. La ley de desconexión francesa se une a las iniciativas por una ley de olvido, en otras partes del mundo (incluido México) para obligar a los proveedores de servicios a borrar información personal ya sea parcial o totalmente. Estamos viendo el nacimiento de una inesperada cultura de la desconexión.
@lacevos
