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13 de abril de 2012. En un puesto de comida de Boca del Río, Veracruz, le colocan un arma en la sien, le cubren la cabeza con una manta negra y la arrastran a un vehículo. Ella les advierte que está embarazada. A golpes, le preguntan por El Marino. Le dicen que si no contesta irán por su hijo y su madre para matarlos.
El vehículo la lleva a las instalaciones de la Secretaría de Marina Armada de México, Semar. La meten a un cuarto y le propinan golpes y descargas eléctricas en los senos y en su “parte”. Les urge saber dónde está El Marino. Sumergen su cabeza en un tanque, le dicen que le van “a sacar al monstruo de la panza”, le introducen los dedos en la vagina y luego se los meten en la boca.
La tortura sigue: le avientan agua con una cubeta, le jalan los cabellos. Luego la llevan a una mesa y le ponen enfrente unas cartulinas. Le ordenan que repita lo que tienen escrito.
Ese mismo día los marinos van en busca de otras personas. Irrumpen en el domicilio de la Víctima 2 y lo aseguran con otras cuatro personas (entre las que hay una mujer y un adolescente). “Llévense a estos perros”, dice uno de los aprehensores.
Los nuevos detenidos son llevados también a la Semar. A la Víctima 2 lo meten a un cuarto que huele a medicinas, lo tiran al suelo y lo mojan. Le enredan los dedos de los pies con un cable. Comienzan las descargas eléctricas: tantas, que luego tendrán que amputarle el dedo del pie derecho. “¿Dónde está El Negro León?”, le preguntan. La Víctima 2 responde que no lo conoce.
Alguien se le monta en el abdomen: “Dame una pinza —dice—, ahorita le voy a arrancar un pedazo a este pendejo”. El marino le arranca un trozo de pezón con las pinzas. Le dan toques en los testículos y en la boca. Le colocan en la cabeza una bolsa de plástico. Le dan puñetazos en las costillas.
Después lo graban, le hacen firmar en una hoja blanca en la que está escrito su nombre, lo obligan a tocar armas, cartuchos, granadas, bolsas de droga.
La Víctima 1 es llevada 26 horas y 20 minutos después de su detención a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). La Víctima 2, y las otras cuatro personas detenidas a su lado (quienes también han sufrido toques, golpes y asfixia) permanecen en la Semar 29 horas y 20 minutos.
La Secretaría de Marina informa al Ministerio Público que las detenciones se llevaron a cabo con motivo de una denuncia ciudadana, que la Víctima 2 y sus acompañantes fueron detenidos a bordo de un auto y que al revisarlos les encontraron armas y droga, “bolsas de plástico con vegetal verde seco”, “una sustancia con las características de la cocaína en piedra y en polvo”.
La Marina declara que a los detenidos les hallaron armas de fuego, granadas y cargadores, y que para salvaguardar su integridad los llevaron a la Semar “sólo el tiempo necesario para redactar la puesta a disposición”. Todo eso, en las mismas condiciones físicas en que se encontraban al momento de su detención.
El certificado médico de la Víctima 1 dice que la presentaron “sin lesiones clínicas aparentemente”. En su declaración, y en la ampliación de ésta, la Víctima 1 denuncia tortura y amenazas, y niega haber participado en los hechos que se le imputan (delincuencia organizada). Un dictamen realizado cuatro días después le encuentra lesiones en el pezón izquierdo, el codo, las costillas, los muslos y las piernas. El Protocolo de Estambul determina que el daño “es de los observados en actos de tortura”.
A la Víctima 2 se le encuentran “lesiones producidas por descargas de energía eléctrica en pies y órganos genitales”. El resto de los detenidos se encuentra en condiciones parecidas. El adolescente acusa, además, daños provocados por ese golpe en los oídos conocido como “el telefonazo”.
A principios de este año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, dirigió al almirante Vidal Francisco Soberón la recomendación 01/2016 en la que recomienda determinar la responsabilidad de cuatro elementos de la Secretaría de Marina relacionados con estos hechos de tortura.
El general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, ha ofrecido disculpas por los actos de tortura cometidos en Ajuchitlán. Es la primera vez que un secretario de la Defensa se disculpa por esta causa. Parece un buen momento para recordar historias como la que acabo de contar, para poner en la mesa las 4 mil 055 denuncias referentes al delito de tortura que la PGR recibió entre 2006 y 2014, y para preguntar si el acto celebrado en el Campo Militar No. 1 es señal de que el gobierno mexicano está listo para que esos casos se investiguen y procesen —o si sólo se trató de un control de daños, un evento mediático espectacular.
@hdemauleon
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