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La ONU ordenó que cuatro secuestradores fueran liberados y reparados con cerca de cien mil pesos. El caso desató tremenda indignación. Según el Ejército, los cuatro secuestradores fueron detenidos en una casa de seguridad de Tijuana, con 17 rifles de asalto, 14 mil cartuchos útiles, y un hombre de 67 años al que tenían secuestrado y al que le habían cortado, incluso, un dedo.
En medio del revuelo que causó la noticia, Jaime Rochín, titular del Comité Ejecutivo de Atención a Víctimas, (CEAV), se apresuró a declarar que no había recibido solicitud alguna de la ONU, “para reparar daño a ‘secuestradores’”.
El 27 de mayo de 2015, sin embargo, el general José Carlos Beltrán, de la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a la CEAV el oficio DH-IV-7939, en el que, “tomando en consideración” que el propósito del comité “es permitir el acceso efectivo de las víctimas a los derechos, garantías, mecanismos, procedimientos y servicios que establece la Ley General de Víctimas”, admitió que los cuatro hombres sentenciados fueron “víctimas directas” de “personal militar”, y por lo tanto “sujetos a las prerrogativas que el orden jurídico consagra en su favor”.
La Sedena admite, pues, que los cuatro hombres fueron torturados. La historia tiene otra cara.
De acuerdo con el Ejército, una llamada anónima le informó de personas dedicadas al secuestro en una casa de seguridad. Al acercarse, los militares detectaron a un hombre que hablaba por teléfono y lo detuvieron para “entrevistarlo”. El hombre, Ramiro López, les dijo que estaba encargado de informar lo que sucedía “fuera del domicilio que se ocupa como casa de seguridad”.
Los militares hallaron la puerta abierta y entraron. Adentro estaban Orlando Santaolaya El Chuletas, y los hermanos Rodrigo y Ramiro Ramírez, alias El Rambo. En una habitación hallaron las armas y en otra al hombre identificado como “don Fernando”.
De la llamada anónima en adelante, sin embargo, el Ejército lo había tergiversado todo. El Rambo y El Chuletas no estaban donde los militares dijeron. El supuesto encargado de vigilar a las afueras de la casa era un hombre que trabajaba tapando baches y que le estaba marcando a su esposa (los militares le dijeron: “¿A quién le andas avisando?”, y se lo llevaron).
Los detenidos fueron trasladados a la zona militar. Un juez determinó que en ese sitio les aplicaron toques eléctricos, les pusieron bolsas de plástico en la cabeza y “comenzaron a arrancarles las uñas”. A El Rambo y a El Chuletas les fracturaron la mandíbula. A Rodrigo Ramírez le lesionaron las cervicales a culatazos. Los retuvieron ahí diez horas, antes de presentarlos al Ministerio Público.
También se falsificaron certificados que indicaban que los detenidos presentaban heridas que tardaban menos de 15 días en sanar.
El relato del Ejército no fue “creíble, ni satisfactorio, ni convincente”. Se acreditó que los cuatro hombres “fueron objeto de tortura y malos tratos para obtener las declaraciones ministeriales… por tanto, su contenido debe invalidarse, por violación al derecho fundamental a la autoincriminación”. Las probanzas no resultaron suficientes para confirmar la responsabilidad penal ni siquiera del secuestro de “don Fernando”.
El Chuletas y El Rambo eran señalados como miembros de la delincuencia organizada en declaraciones rendidas por varios miembros del Cártel de Tijuana: El Kaibil, El Pegaso, El Baila Baila, El Maniaco. Sin embargo, las autoridades no lograron probar siquiera que El Rambo y El Chuletas… ¡fueran El Rambo y El Chuletas de que hablaban los expedientes!
“El resultado no puede ser otro que ordenar la absolución de los prenombrados”, concluyó el juez Francisco Javier Montaño: una vez más, la impartición sucia de la justicia no permite tener certeza alguna: en ese laberinto de pruebas fabricadas que es el expediente, sólo es posible saber que la tortura existió.
NOTA: En una entrega anterior referí versiones que hablan de organizaciones defensoras de los derechos humanos que pactan la defensa de sus clientes a cambio de un porcentaje. A través de su presidente, José Antonio Guevara, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos me demostró con documentos que toda reparación pecuniaria obtenida por la organización es puesta en manos de la víctima, y que en ningún caso y por ningún motivo la CMDPDH recibe pago alguno de parte de sus defendidos. La CMDPDH solicitó el reembolso de lo gastado en diez años durante la defensa del caso Radilla. El pago de gastos está contemplado por la Convención Americana de Derechos Humanos.
Entre los defensores de los derechos humanos, la CMDPDH es considerada irreprochable. Hasta ella admite, sin embargo, que en México existen organizaciones mercenarias.
@hdemauleon
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