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El primer reporte de la policía estatal decía que a las 5:05 horas se habían escuchado disparos de armas de fuego en el interior del Cereso de Acapulco. Según el parte, elementos de la policía estatal se trasladaron al penal y entraron en contacto con el director, Miguel Ángel Gómez Garduño.
El funcionario les dijo que “los disparos fueron en el interior del Dormitorio de Máxima Seguridad”. Los agentes observaron desde las torres que en el patio se encontraban aproximadamente 500 internos. Algunos otros deambulaban por los pasillos y las canchas.
El vigilante de la Torre 4 les informó “que al momento han sido privados de la vida (degollados) cuatro masculinos al interior del módulo de Máxima Seguridad”.
La primera información señaló que seis reos habían muerto en una riña. Horas más tarde el gobierno admitió que una “pugna permanente de grupos contrarios en el interior del penal” había dejado 28 muertos y tres heridos.
Al dar conocer estos datos, el gobierno del priísta Héctor Astudillo omitió lo que señalaba el primer parte de la policía estatal: que “se habían escuchado disparos”. En cambio, informó que las muertes habían sido ocasionadas “por armas punzocortantes y por golpes”.
El comunicado de prensa correspondiente dejó en claro, eso sí, que “desde el momento en que el gobernador del estado conoció de los hechos, instruyó la coordinación de la Policía Estatal y la Fiscalía General del estado a fin de que se efectuara un operativo y se incursionara al interior de este centro de reinserción”.
El comunicado señaló también que “es una indicación directa del gobernador del estado realizar las investigaciones correspondientes, llegar al fondo de los hechos y actuar con todo el peso de la ley contra los responsables de diversos delitos”.
La versión del vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, fue que varios reos habían roto los candados para salir de sus celdas e iniciar el enfrentamiento. De acuerdo con el gobierno, la recuperación y el levantamiento de los cuerpos “se dio” en áreas del módulo de seguridad, en el exterior de la cocina, en el interior de ésta, en uno de los patios y en el área de visitas conyugales”.
Como era de esperarse, se anunció que el director Gómez Garduño, el subsecretario del Sistema Penitenciario, Miguel Ángel Orihuela, y el jefe de seguridad del penal, Eduardo Sánchez Pineda, serían cesados e investigados.
Todo se modificó más tarde.
En medio de un gran hermetismo por parte de la Fiscalía General del Estado se anunció que el número de muertos no era de 28. Se había “elevado” a 34. Eso, a pesar del anuncio de la recuperación y el levantamiento de cadáveres en las áreas arriba mencionadas.
Más tarde se filtró desde la Fiscalía que en el penal se habían recogido casquillos de .223 y .762, lo que significa que durante la riña se detonaron fusiles AR-15 y AK-47. En el lugar de los hechos se recogió también un casquillo de .38 Súper.
Desde hace varios años el penal es controlado por el Cártel Independiente de Acapulco, CIDA. De 2011 a la fecha ese centro penitenciario ha tenido seis directores. Mantiene desde hace años un problema de sobrepoblación.
En julio de 2015 un operativo sorpresa, realizado por autoridades federales, reportó el hallazgo de varias dosis de cocaína, de envoltorios con mariguana, de celdas de lujo, de teléfonos celulares, de refrigeradores, de antenas parabólicas y consolas de videojuegos.
La madrugada en que el operativo ingresó al penal había 19 prostitutas en las celdas. Los reos tenían gallos de pelea y uno de ellos era propietario de dos pavorreales.
El operativo se repitió siete meses más tarde, en febrero de 2016, y los resultados fueron los mismos.
El Cereso de Acapulco fue identificado por autoridades federales como un centro de extorsión y de planeación de secuestros. Está documentado que en esa cárcel no se mueve una hoja sin la autorización del líder del CIDA: un sujeto condenado a 40 años de prisión, al que apodan El Meño (al día siguiente de los hechos sus rivales de La Barredora le dedicaron una narcomanta).
Los relatos de corrupción dentro del penal pueden ser rastreados con amplitud en la prensa del estado: el cobro por la visita la conyugal, la venta de alimentos en mal estado, la extorsión sistemática a los reclusos por parte de las autoridades y de los otros reos.
Pero el gobernador Astudillo no ordenó jamás lo que hoy dicen sus boletines: llegar al fondo de los hechos, actuar con todo el peso de la ley.
No solo no lo ordenó: todo apunta a que su gobierno intentó ocultar la masacre ocurrida la semana pasada. La pregunta es ¿por qué?
@hdemauleon demauleon@hotmail.com
