A principios de febrero se dio a conocer que un juez de Chilpancingo había girado una orden de aprehensión en contra del ex alcalde de San Miguel Totolapan, Guerrero, y actual diputado del PRI, Saúl Beltrán Orozco.
Al diputado se le acusaba de ordenar dos asesinatos. El del párroco José Ascencio Acuña, y el de un empleado de Catastro del Ayuntamiento, José Antonio Ceferino Gil.
En septiembre de 2014, el empleado del Catastro vio cómo un escolta de Beltrán Orozco y varios integrantes del grupo criminal conocido como Los Tequileros sacaban de la iglesia del poblado al padre José Ascencio, cuyo cadáver apareció más tarde en Santa Cruz de la Tinaja, a orillas del Balsas.
El propio Ceferino Gil fue secuestrado más tarde en la comunidad de La Gavia. Su osamenta fue encontrada dos meses después. Se supo que era la de él porque sus familiares identificaron su ropa. Declararon a las autoridades que el asesinato era el precio de haber visto quiénes eran los que se llevaban al párroco.
Una policía municipal que confesó haber participado en el secuestro del padre José —“lo fuimos a sacar de la iglesia el 22 de septiembre de 2014”—, señaló directamente al alcalde Beltrán como autor intelectual del crimen: “El presidente ordenó que levantáramos al cura por problemas que tenía con él”.
El cura, como lo ha documentado ampliamente Denise Maerker, ofició en el bautizo de uno de los hijos de Raybel Jacobo Almonte, líder de Los Tequileros.
En un video de esa fiesta, dado a conocer por Maerker, el hoy diputado Beltrán aparece departiendo con Raybel Jacobo. Ese día, el alcalde y el jefe de plaza se hicieron compadres.
Los rumores que ligaban al líder criminal con el hoy diputado se convirtieron en hechos consumados debido a esa grabación.
La orden de aprehensión en contra del diputado Beltrán fue dada a conocer por el fiscal general del estado, Xavier Olea Pérez.
El fiscal se quejó porque la orden había sido librada sin que la dependencia a su cargo tuviera “elementos suficientes” y señaló que el legislador no podía ser detenido “porque tiene fuero”.
La orden había sido girada a principios de enero. No fue hasta el 4 de mayo de 2017 que el Congreso de Guerrero aprobó la solicitud de licencia definitiva del diputado local priísta. Durante cuatro meses, la orden permaneció en el limbo.
Cuando se dio a conocer su existencia, todo el proceso en contra del diputado Beltrán se había convertido en una farsa. La Constitución de Guerrero establece como requisito para ejercer acción penal en contra de un servidor público investido de fuero, la declaración de procedencia ante el Congreso del estado.
Sin el desafuero, la orden no servía de nada y, por el contrario, colocaba en un aprieto legal a quienes la expidieron: las leyes del estado consideran que ha cometido un delito contra la impartición de justicia quien “inicie un proceso legal contra un servidor público con fuero constitucional”.
El fiscal Olea señaló que la indagatoria consignada ante el juez estaba llena de errores y dijo contar con información que señalaba que los ministerios públicos que habían girado la orden fueron presionados por la delincuencia organizada mediante amenazas o mediante el pago de sobornos.
En todo caso, hace unas semanas un juez federal emitió un amparo que anula la orden de aprehensión, dado que el procedimiento venía viciado de origen.
“Se ordena que se deje insubsistente la orden de aprehensión que se emitió el 9 de enero de 2017”, se lee en la resolución.
Así que por lo pronto Beltrán Orozco se libró de ser capturado y enjuiciado por homicidio.
Lo que falta saber es por qué se tramitó e hizo pública una orden de aprehensión en contra del diputado Beltrán, aún a sabiendas de que ésta iba a quedar sin efecto.
Falta saber si la serie de errores que se hallan en la indagatoria fueron “sembrados” o “dirigidos”, para evitar que el priísta pisara la cárcel.
Falta todo eso, a menos que creamos que en Guerrero hay ministerios públicos que desconocen los principios básicos de las leyes del estado.
@hdemauleon
demauleon@hotmail.com
