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A las 2:30 de la madrugada, personal de la policía estatal de Guerrero, que había instalado un retén de seguridad en el municipio de San Miguel Totolapan (como parte del llamado Operativo Relámpago), reportó que un convoy formado por ocho camionetas se dirigía a la comunidad de La Gavia.
Según el reporte de los agentes, la policía estatal y algunos miembros del Ejército le marcaron el alto al convoy, “sin embargo no respetaron las indicaciones para identificarse y se internaron a la comunidad de la gavia” (sic).
Media hora más tarde se escucharon disparos a las afueras del pueblo.
La policía estatal reportó que una hora más tarde, a las cuatro de la mañana, una de las camionetas regresó. Los tripulantes se identificaron como agentes de la PGR y dijeron que trasladaban a cuatro compañeros heridos. Dijeron también “que continuaban 4 células en la citada comunidad”.
No fue sino hasta las 7:20, de acuerdo con el reporte, que seis grupos de la policía estatal, en coordinación con personal de la Sedena, ingresaron en La Gavia, “en apoyo a personal de la Agencia Central de Investigaciones de la PGR” (sic).
Los federales se habían metido la madrugada del pasado 18 de junio al territorio que domina el grupo criminal conocido como Los Tequileros. En La Gavia los estaba esperando el infierno.
El convoy atravesó el pueblo y fue emboscado por un grupo de civiles armados. En un enfrentamiento de más de una hora, tres elementos de la Policía Federal Ministerial murieron y ocho más resultaron lesionados (tres presuntos sicarios de Los Tequileros cayeron en poder de la policía y uno más fue abatido).
Uno de los sobrevivientes portaba dos chalecos blindados. Le dieron nueve tiros, tres de los cuales atravesaron el blindaje e ingresaron en su cuerpo.
La hipótesis de las autoridades federales, y del propio gobierno de Guerrero, señala que el aviso de que el convoy se aproximaba a La Gavia salió del propio retén. “Todo está infiltrado por acá”, informó un funcionario.
En el lugar donde ocurrió el tiroteo, dos de los detenidos se hicieron pasar por víctimas de secuestro. Cuando sus nombres fueron confrontados con una base de datos se descubrió que ambos detenidos comparten apellido con Raybel Jacobo Almonte —a quien hasta hace poco se considero el líder máximo de la organización—. Ambos tenían orden de aprehensión por homicidio. Se trata de dos hermanos apodados El Mudo y El 50.
Raybel Jacobo Almonte es señalado desde 2013 como responsable de la tragedia en que se ha hundido San Miguel Totolapan, donde las bolsas negras con cuerpos desmembrados aparecen con tanta frecuencia que forman parte ya del paisaje cotidiano.
Almonte se halla al frente de un grupo de 60 hombres que conforman sus “Fuerzas Especiales”. Está relacionado con los Guerreros Unidos. La población de La Gavia lo protege de grado o por miedo.
Escribí líneas arriba que hasta hace poco se consideró que Raybel Jacobo Almonte era el líder de Los Tequileros. En un video dado a conocer hace unos días por Denise Maerker, el fiscal general del estado, Javier Olea, reveló ante un grupo de pobladores que es mentira que Raybel sea el líder de la organización criminal.
El verdadero líder, dijo, es el diputado priísta Saúl Beltrán Orozco: “Yo tengo perfectamente clara la radiografía completa. El Tequilero mayor se llama Saúl Beltrán Orozco, punto, pero tiene fuero”.
El diputado Beltrán ha sido repetidamente acusado de dirigir desde el cobijo del PRI a la organización criminal. Se probó que es compadre de Raybel Jacobo Almonte. Se le grabó en una fiesta celebrada en honor del hijo de Raybel, sentado en una mesa, conversando con el anfitrión.
Una ex policía municipal que se encuentra presa lo acusó de proteger narcotraficantes desde el tiempo en que fue alcalde de Totolapan y reveló que Beltrán Orozco había ordenado diversos asesinatos —que ejecutó Abelardo Miranda Urióstegui, El Alacrán.
A principios de mayo, el pleno del Congreso local acordó darle al diputado una licencia por tiempo indefinido. Se le giró orden de aprehensión por homicidio. La orden de captura no se ejecutó.
Unos días después un juez federal emitió un amparo que anuló la orden de aprehensión, bajo el alegato de que había encontrado inconsistencias y vicios formales en el mandato judicial.
La orden se canceló de manera automática.
Semanas más tarde, agentes federales que entraban al territorio cuyo cacique político es Saúl Beltrán, fueron emboscados.
@hdemauleon
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