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En los primeros días de noviembre de 2016, un fotógrafo español llegó al departamento que estaba rentando en Reforma 368, esquina con Varsovia. No pudo entrar. La puerta tenía sellos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
El inquilino fue llamado a declarar a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana. Ahí, un ministerio público le informó que se hallaba en un aprieto verdaderamente serio.
En primer lugar, porque el inmueble estaba relacionado con una denuncia de despojo. En segundo, porque al realizar el aseguramiento la policía de investigación había entrado en el departamento y hallado pornografía.
El fotógrafo intentó explicar que lo que había en su departamento eran desnudos artísticos. El funcionario le recomendó que no se metiera en problemas y desocupara el departamento al día siguiente. De paso le pidió 80 mil pesos para borrar el asunto de la “pornografía” de la carpeta de investigación.
El fotógrafo le llamó a su arrendador para decirle lo que había pasado y cobrarle los 80 mil pesos. De ese modo comenzó la pesadilla de Jorge Alberto Enríquez Sánchez.
En 1979, Enríquez Sánchez había comprado a sus propietarios originales el departamento 801 de Reforma 368. Pero como hace mucha gente en esta ciudad, no se preocupó por regularizar la escritura. Juzgó que poseer un contrato de compraventa notariado era más que suficiente.
Los padres de Enríquez vivieron en el departamento hasta que hace cinco años murió el último de ellos. A partir de entonces, el inmueble se comenzó a rentar. Todo siguió como en los últimos 37 años, hasta que llegó la procuraduría a poner los sellos.
¿Qué había pasado? Una señora de una remota comunidad de Puebla, Amalia Fernández González, según su credencial del INE, decía haber comprado el departamento en 1971. Pero debido a una enfermedad “se vio en la necesidad de tenerlo cerrado desde el 2000”. Un día, explicó un hombre que se presentó como su apoderado, la señora “se dirigió a su departamento y se llevó la sorpresa de que una persona desconocida se encontraba dentro de él”. Esa persona le informó que estaba rentando el lugar en 45 mil pesos.
La señora Fernández no podía exhibir, por desgracia, más que una copia fotostática del contrato que la amparaba como propietaria, porque precisamente en el departamento al que ya no podía entrar, según dijo, se hallaban “sus contratos bancarios, escrituras de otros inmuebles, el original de un testamento ológrafo”, así como “una computadora… en la cual la suscrita almacena todos sus movimientos bancarios, así como las claves y nip secretos”.
Una fotostática, pues, la nada jurídica, había provocado la movilización de los agentes, el aseguramiento de un inmueble, el desalojo del inquilino.
El señor Enríquez Sánchez comenzó a revolver cajones hasta dar con el contrato de compra venta original. Halló también 169 recibos telefónicos, 27 de la Compañía de Luz, 46 de la CFE, 111 de pago de derechos por el suministro de agua, 15 comprobantes de pago de impuesto predial, y 73 del pago de mantenimiento del edificio. Todos estaban a su nombre. El más viejo era de 1996.
Frente al cúmulo de pruebas, la fotostática de la señora Fernández parecía lucir un poco endeble. Entonces llegó el apoderado de otra señora, Romualda Portilla Meraz, quien decía ser la verdadera propietaria del departamento.
Según el apoderado, a la señora Romualda su esposo le había dejado el inmueble (“sin poder precisar si se hizo cargo de la escrituración o no”). Ella le entregó el departamento en comodato a un sobrino en 1997: 19 años más tarde se enteró en internet que el sobrino había muerto y mandó a su apoderado a checar el inmueble. El apoderado fue al edificio y advirtió que había sellos en la puerta del departamento en cuestión. Así que de ahí se fue a la Procuraduría y presentó el supuesto contrato de comodato en una copia certificada por un notario público… el 19 de diciembre de 2016.
Enríquez Sánchez jugó una última carta: llevó a declarar a la administradora del edificio, quien admitió conocerlo desde hace más de veinte años y presentó el libro de registro de actas del condominio, en el que su firma aparece decenas de veces.
Fue inútil. En solo cinco meses lo despojaron de un inmueble que le perteneció desde 1979. Hoy está en manos de un nuevo “propietario”.
Según los abogados de Enríquez, “alguien” detectó la escritura y vio que el propietario original había nacido en 1898: no había manera de que estuviera vivo. “Alguien”, dicen, no puede ser sino una mafia formada por gente de la Fiscalía y funcionarios del Registro Público de la Propiedad.
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