Eran las siete de la mañana del pasado 15 de mayo. Elementos del 75 batallón de infantería y patrullas repletas de policías estatales tomaron el control de la Secretaría de Seguridad Pública de Zihuatanejo, Guerrero.
Según informó luego el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, el alcalde perredista de Zihuatanejo, Gustavo García Bello, había pedido ayuda al gobierno estatal —del priísta Héctor Astudillo— porque su policía había sido infiltrada por un peligroso grupo criminal.
De acuerdo con el vocero, un grupo de civiles armados “tenía bajo su control la operación de la policía”:
“Nos llegó información de que quien estaba realmente mandando en la policía de Zihuatanejo era un delincuente y estaba adentro de las instalaciones”, declaró.
“Derivado de la infiltración y usurpación de funciones de individuos vinculados a la delincuencia en el cuerpo de policía municipal de Zihuatanejo, el gabinete de seguridad federal tomó la decisión de efectuar el desarme de los elementos de dicha corporación”, dijo Álvarez.
Las autoridades señalaron que el delincuente que había tomado el control de la policía era un sujeto apodado El Cadete, “exdirector de Seguridad Pública en Petatlán”.
Cerca de 200 policías municipales fueron desarmados aquella mañana. Los testigos vieron que los agentes se llevaban detenidos a tres hombres. No se permitió que nadie abandonara el lugar.
La primera versión fue que los integrantes del grupo criminal habían echado mano de uniformes, armas y patrullas. 60 elementos fueron detenidos; a 20 se les puso a disposición de la PGR para que investigara su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Más tarde resultó que siempre no. Corrió la versión de que las autoridades estatales investigaban a los agentes solo por el delito de usurpación de funciones, “ya que portaban armas e insignias oficiales pese a haber reprobado los exámenes de control y confianza” —y no por pertenecer a un grupo criminal.
La mayor parte de los detenidos quedó en libertad en un santiamén, cuando se comprobó que todos ellos estaban dados de alta en el Sistema Nacional de Seguridad Pública: no eran, como se había dicho, “civiles armados” que “tenían bajo su control la operación de la policía”.
Otros veinte elementos quedaron a disposición de un juez de control y fueron internados en el Cereso de Acapulco: esta semana un juez decidirá si los vincula a proceso u ordena su libertad.
El alcalde García Bello afirmó que con la liberación de la mayor parte de los agentes “quedaba demostrado que no había gente que usurpara funciones” en la policía de Zihuatanejo.
Admitió en cambio que la mitad de su policía no había pasado los controles de confianza, y que no había podido despedir a los elementos porque en el municipio “no hay dinero para liquidarlos”.
Reconoció que había recibido a la policía desarmada —precisamente porque en la administración anterior también la mitad de los elementos había reprobado los exámenes—, y que se había visto en la necesidad de volver a armarla, por la inseguridad que se vive en el municipio.
García Bello dijo por último que no había pedido ayuda al gobierno de Astudillo: que solo le había externado al gobernador “la preocupación de esto”.
Es una historia extraña. Por si no fuera suficientemente extraña, el alcalde recibió una amenaza de muerte vía telefónica apenas hubo declarado lo anterior, así que solicitó protección al gobierno federal. Luego hizo otra declaración extraña:
“La vida del alcalde corre peligro, porque se trata de elementos que tienen ciertos intereses en la corporación, por eso el alcalde anterior no los dio de baja”.
Hoy lo resguardan unidades artilladas del Ejército y patrullas de Seguridad Pública estatal.
En el gobierno de Astudillo creen que García Bello fue obligado a desmentir que hubiera pedido ayuda al gobernador.
Según reportes federales, Zihuatanejo forma parte de una red de tráfico de drogas controlada por Rubén El Nene Granados, líder de una organización al servicio del Cártel de los Beltrán, y a quien se considera el azote de la Costa Grande de Guerrero.
La PGR ofreció en 2006 tres millones de pesos por él. El narcotraficante fue incluido entre los objetivos prioritarios del gabinete de seguridad federal. En abril, la Policía Federal lo detuvo en una brecha.
Pero solo unos días más tarde Granados fue dejado en libertad por órdenes de un juez de Acapulco: Joaquín Alberto Ruiz García.
Supongo que estas piezas nos están contando una historia.
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