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Al Observatorio Nacional Ciudadano le comenzaron a hacer ruido, desde el año 2013, las cifras de incidencia delictiva en Nayarit.
Mientras la violencia crecía en el resto de México, en aquel estado de la costa del Pacífico todo se precipitaba a los últimos sitios de la tabla: el secuestro, la extorsión, el robo a negocio, el robo a casa habitación, el robo a vehículos.
Y sobre todo, el homicidio doloso.
Si en 2011 la Fiscalía General del Estado de Nayarit, FGEN, había reportado 40 homicidios por cada 100 mil habitantes, en 2016 la tasa llegó a tres homicidios por cada 100 mil habitantes.
El 21 de febrero pasado, el presidente Enrique Peña Nieto consideró que Nayarit era “una evidencia de los buenos logros y resultados que hemos tenido en materia de seguridad”.
En el Observatorio Nacional Ciudadano consideraban, sin embargo, que aquellos números manifestaban un comportamiento atípico. El director del Observatorio, Francisco Rivas, se entrevistó con el fiscal general, É dgar Veytia.
—¿Cómo le hizo? —le preguntó.
—Le echamos huevos —respondió Veytia.
Rivas insistió: no había indicios de que el estado hubiera equipado de manera especial a la FGEN; no había señales de que se hubiera capacitado a la policía, nada que explicara cómo se había conseguido aquel paraíso en medio del infierno que era el país.
Pero Veytia insistió en que la solución había sido la que líneas arriba he consignado.
Durante la investigación de campo que el Observatorio realizó en el estado, Rivas notó que las calles eran patrulladas por policías que llevaban el rostro cubierto con pasamontañas: que supuestos equipos tácticos se desplazaban incansablemente en nutridos convoyes.
No parecía la policía de un estado en el que ocurrían tres homicidios por cada cien mil habitantes. Parecía, más bien, la policía de un estado en llamas.
Los organismos empresariales del estado tampoco compartieron las cifras triunfales del fiscal. Por el contrario, hablaban de una “paz narca” de la que el funcionario era actor fundamental.
El Observatorio solicitó por transparencia las cifras de los últimos 4 años sobre secuestro, extorsión, fosas clandestinas, feminicidios, desarticulación de bandas, trata, etc. “De 54 solicitudes, solo respondieron una”, recuerda Rivas.
Extraño. El estado aparentemente más efectivo para combatir la inseguridad era también el más opaco y nadie notó nada: no se sospechó que las cifras estuvieran maquilladas.
Rivas le informó personalmente de esta situación al gobernador priísta Roberto Sandoval. Comunicó las inconsistencias que mostraban los reportes en foros y conferencias en los que estaban presentes representantes de la PGR, Segob, el Consejo Nacional de Seguridad. No sucedió nada.
A finales de marzo el fiscal Édgar Veytia fue detenido en San Diego, acusado de “fabricar, distribuir e importar a Estados Unidos heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana”. La Corte del Distrito Este de Nueva York lo acusa de ser “un narcotraficante en gran escala”, que aprovechó su cargo para operar en favor del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG.
Nayarit había sido un estado controlado criminalmente por el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Cuando Alfredo y Héctor fueron detenidos, y el jefe de la organización, Arturo, pereció en un enfrentamiento con la Marina, la entidad quedó al cuidado de Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro (enemigo mortal del otro Chapo: Joaquín Guzmán Loera).
La misión de El Chapo Isidro era conservar el estado e impedir que el cártel de El Chapo Guzmán se apoderara de éste. Para conseguirlo envió células de sicarios, conocidas como Los Mazatlecos. Comenzaron los levantones y las ejecuciones.
En los últimos años, un tercer cártel entró en juego, el CJNG. Un reporte de la DEA emitido hace tres años señalaba ya que la organización dirigida por Nemesio Oseguera, El Mencho, se había apoderado de la parte sur del estado.
El Chapo Isidro comisionó a Juan Francisco Patrón Sánchez, El H-2, para que expulsara de Nayarit al CJNG. Este H-2 es el narcotraficante que fue acribillado por la Marina en un fraccionamiento de Tepic, en febrero pasado. Había asesinado a cinco integrantes del Cártel Jalisco. El gobernador Sandoval dijo después que esos asesinatos fueron la pista para que las autoridades dieran con su paradero.
Trascendió que en realidad su ubicación fue aportada a la Marina, a través de una denuncia anónima, por miembros del CJNG: la organización que el fiscal protegía y de la cual, según la DEA, formaba parte.
El gobernador y el gabinete de seguridad deben explicar cómo bajo su gestión Nayarit se convirtió en bodega, narcolaboratorio y lugar de residencia del CJNG, el más poderoso del sexenio.
@hdemauleon
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