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El operativo de desalojo de Nochixtlán, que se llevó a cabo el 19 de junio de 2016 —y culminó con la muerte de ocho personas y arrojó un saldo de 190 heridos—, fue solicitado por el entonces gobernador de Oaxaca, Gabino Cué. Un grupo de coordinación institucional se reunió en un hotel de la capital oaxaqueña para planear las acciones. Ahí estaban los mandos operativos de la Policía Federal y estatal.
A las 4:20 de la mañana de aquel 19 de junio, un notario dio fe de que los elementos que iban a participar en el desalojo iban desarmados. De ese modo se asentó en el acta notarial.
Se había decidido que los agentes involucrados solo llevarían equipos antimotín —casco, escudo, rodilleras y “lanzadores simples de agentes químicos”—. Se prohibió expresamente que los elementos llevaran a Nochixtlán equipo táctico.
Según una investigación de nueve meses emprendida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, y que hoy se encuentra en su etapa final, agentes de la policía de Cué llegaron, sin embargo, al desalojo, con armas escondidas bajo el chaleco.
Así lo reconoció uno de los policías involucrados en el enfrentamiento.
La CNDH pudo establecer que los tripulantes de una patrulla de la policía estatal también llegaron armados al operativo.
El domingo aquel, las policías federal y estatal iniciaron el desalojo de una autopista bloqueada por la CNTE. La intención declarada era propiciar “el libre tránsito y evitar el desabasto de víveres”. Todo terminó en una confusa batalla en la que salieron a relucir armas de fuego, gases lacrimógenos, cohetes y balas de goma.
En total, 122 civiles y 68 policías resultaron heridos (tres de ellos por arma de fuego; el resto por quemaduras y contusiones). La Policía Federal aseguró que sus elementos habían acudido desarmados. Fotografías de agencias noticiosas internacionales demostraron lo contrario. Las autoridades admitieron al fin que había llegado un refuerzo armado a la autopista luego de que un supuesto grupo radical emboscara a los uniformados y abriera fuego contra la población civil.
Los civiles sostuvieron que la policía había disparado primero.
A lo largo de ocho meses, la CNDH buscó evidencias de todos y cada uno de los señalamientos. A pesar de que el lugar de los hechos fue indebidamente preservado, de que los testimonios se contradicen, de que la respuesta de las autoridades a las solicitudes de información no siempre incluyeron los datos requeridos, el organismo considera que “ante el cruce de evidencia e información” ya todos los elementos se encuentran sobre la mesa, y no pasará mucho tiempo para que se conozca a detalle la verdad.
La Comisión presidida por Luis Raúl González Pérez logró recabar 830 actas circunstanciadas “que incluyen testimonios de familiares de fallecidos, testigos de los hechos, lesionados, detenidos, afectados por gas lacrimógeno, personas reportadas como no localizadas, afectados en sus bienes, personal de salud de instituciones públicas y médicos particulares, comerciantes y taxistas”.
Pudo, al mismo tiempo, revisar 124 actas que contienen las declaraciones de los policías que acudieron al operativo; logró analizar 273 videos y 594 fotografías. Y entre otras cosas, estudió materiales periciales diversos.
A las 8:50 de ese domingo, se reportó al Centro de Mando de la Policía Federal el inicio de la balacera. Diez minutos más tarde llegó una segunda llamada. El Grupo de Coordinación Interinstitucional decidió que la Gendarmería se movilizara “en apoyo y rescate de los elementos”.
El enfrentamiento se prolongó casi hasta la una de la tarde. Los profesores habían solicitado ayuda a la población: de acuerdo con la CNDH, “ante el llamamiento que les hicieron”, del interior del pueblo llegó al punto del conflicto gente civil armada, “un muy buen número de civiles”, según confió al columnista un alto funcionario de la Comisión.
Las pesquisas del organismo no hallaron indicios de civiles que supuestamente habrían acribillado a la población desde lo alto de los hoteles cercanos, según se había informado:
“Comprobamos que uno de los dueños y algunos empleados habían subido a la azotea a ver lo que estaba ocurriendo y a hacer algunas fotos. Según nuestra investigación, no tiene sustento la versión de gente disparando desde las azoteas”.
Para la CNDH, la verdad de Nochixtlán se encuentra en la actuación de la policía estatal. Los agentes de Gabino Cué habrían sido “el elemento distorsionador”: el detonante de lo que sucedió aquel día.
La pregunta es la del primer día: ¿Por qué?
@hdemauleon
demauleon@hotmail.com
