Un vehículo entró a dejar madera al penal de Aguaruto, Sinaloa, el pasado 16 de marzo. Las cámaras de vigilancia registraron su salida pocos minutos después. Ese día se fugaron del centro penitenciario cinco reos de alta peligrosidad, ligados al Cártel de Sinaloa.
El análisis de los videos en que quedaron registrados los movimientos de la unidad, una camioneta de carga, revelan que esta poseía en la caja un doble fondo.
Los encargados de la investigación sostienen que escondidos en ese compartimiento salieron del Centro Estatal de las Consecuencias Jurídicas del Delito —como le llaman al penal de Aguaruto— los reos que se fugaron aquel día.
En Aguaruto se hallaba recluido Juan José Esparragosa Monzón, alias El Negro, hijo de uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa: el famoso narcotraficante apodado El Azul.
Ahí se hallaban también Francisco Zazueta González, alias Pancho Chimal, jefe de seguridad de uno de los hijos de El Chapo Guzmán (Archivaldo), al que se considera responsable intelectual y material de la emboscada en la que perecieron, el 30 de septiembre de 2016, en las inmediaciones de Culiacán, cinco elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El Negro y Pancho Chimal compartían módulo con el líder de Los Ántrax —la célula que funge como brazo armado del Cártel de Sinaloa— Rafael Félix Núñez, alias El Changuito Ántrax; con Alfonso Limón Sánchez, alias El Limón, distribuidor de la cocaína de El Mayo Zambada en Estados Unidos, y con Jesús Peña González, El 20, jefe de seguridad del propio Zambada.
Todos ellos habrían salido en la unidad con doble fondo, de acuerdo con la principal línea de investigación de las autoridades.
La camioneta tenía la razón social de una empresa maderera. El número de placas llevó a los investigadores hasta una persona apellidada Zazueta Tamayo.
Zazueta es el primer apellido de Pancho Chimal, el jefe de seguridad del hijo de El Chapo.
El Zazueta al que llegaron los elementos que llevan la investigación no era, sin embargo, dueño de ninguna maderería. Tampoco había comprado nunca una camioneta. Es más: según las autoridades, “ni siquiera sabe manejar”.
Los autores de la fuga habían inventado una maderería fantasma. Con la complicidad de funcionarios de Aguaruto, afirman los investigadores, entraron a “descargar madera” en el centro penitenciario.
La fuga de El Azulito, como apodan también al hijo de Esparragoza Moreno, se llevó los titulares principales en varios medios de comunicación. Para los responsables de investigarla es mucho más relevante, en términos de violencia e inseguridad, el escape de Pancho Chimal.
El Azulito es sobre todo un administrador de recursos financieros que invierte en la compra-venta de inmuebles y ha creado empresas de lavado de dinero en Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Querétaro y Sinaloa.
En los archivos de la Procuraduría General de la República y de la Agencia de Investigación Criminal, Pancho Chimal aparece en cambio como jefe de plaza en Culiacán y Agua Prieta, Sonora, como encargado directo de la seguridad de Archivaldo Guzmán, y como responsable de la guerra que los hijos de El Chapo han emprendido en contra de Dámaso López Núñez, El Licenciado —al que se acusa de haber atentado contra El Mayo Zambada y los descendientes de El Chapo, para quedarse al frente del cártel.
Al ser detenido el 18 de febrero de 2017, Pancho Chimal tenía en su poder armas capaces de atravesar blindajes. Además de encabezar la agresión en la que cinco militares perdieron la vida y otros diez resultaron heridos, se cree que ordenó también el ataque en contra de la Marina, en el que un elemento de esa institución y cinco civiles fueron asesinados.
Del regreso a las calles de Francisco Zazueta González, alias Pancho Chimal, y del líder de Los Ántrax, Rafael Félix Núñez, solo cabe esperar una nueva ola de violencia.
La nueva ley de justicia penal ordena que los detenidos sean puestos a disposición en el centro penitenciario más cercano al punto en que fueron aprehendidos. La ley busca que los detenidos estén bajo custodia policiaca el menor tiempo posible para evitar, entre otras cosas, confesiones arrancadas por tortura.
Esta es la razón por la que, en vez de ser llevados a un penal de máxima seguridad, cinco narcotraficantes de altísima peligrosidad fueron internados en uno estatal, tomado totalmente por el Cártel de Sinaloa.
Se reformó la ley. Los penales siguieron siendo los mismos.
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