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Con unas horas de diferencia, la fuga de cinco narcotraficantes de la penitenciaría de Aguaruto, Sinaloa, y la difusión de unos videos que muestran a un grupo de reclusos mientras son vejados por miembros de una organización rival en el Cereso de Apodaca, Nuevo León, hicieron que el país recordara de nuevo que existen los penales.
El Cereso de Apodaca posee, desde hace años, esa extraña virtud. En febrero de 2012 se desencadenó ahí uno de los motines más graves que se recuerden: una riña fabricada para ocultar la fuga de 30 zetas, que ocasionó la muerte de 44 reclusos.
Aquella vez los custodios ayudaron a Los Zetas a alcanzar el edificio desde el cual iban a escapar, y luego permitieron que varios internos pasaran de una sección a otra para asesinar a miembros del Cártel del Golfo.
Las irregularidades brotaron por todos lados. En el momento de la tragedia se hallaban en el penal 43 mujeres y 25 niños que pernoctaban en las celdas. Los hechos fueron reportados con dos horas de retraso.
El director y el subdirector fueron cesados. También el encargado de Seguridad, así como quince custodios.
Fue en su tiempo la mayor tragedia carcelaria ocurrida en el país (cuatro años más tarde ese oscuro prestigio se lo llevó el Centro Estatal Preventivo de Topo Chico, también en Nuevo León, donde 52 reclusos fallecieron en una riña).
En todo caso, el gobernador de aquellos años, Rodrigo Medina, prometió una enmienda y señaló al gobierno federal por llenarle el Cereso con gente detenida por delitos federales.
Y el país olvidó Apodaca. Olvidamos Apodaca más o menos hasta febrero de 2016, cuando un operativo realizado por elementos de Fuerza Civil y la policía ministerial encontró que los verdaderos directores del penal eran los narcotraficantes, y que en su interior había celdas de lujo equipadas con televisores, refrigeradores, sistemas de aire acondicionado y antenas parabólicas, así como una batería de cuchillos, martillos, tijeras, desarmadores, cortaúñas, consolas de videojuegos, memorias USB, hornos de microondas, teléfonos celulares, películas “piratas” y “puntas” de todos los tipos: un total de 261 objetos prohibidos.
Tras doce horas exactas de revisión, el operativo permitió el hallazgo de 483 dosis de marihuana, 122 de cocaína y 107 de “piedra”.
En las celdas de los verdaderos jefes del centro penitenciario había pantallas de plasma, espejos panorámicos y pisos de cerámica.
Cuatro mandos que habían huido durante el operativo fueron acusados de permitir el ingreso de los objetos prohibidos.
En abril de ese mismo año, la Secretaría de Seguridad Pública del estado regresó a Apodaca. Halló prácticamente lo mismo: “puntas”, tijeras, cortaúñas, consolas de videojuegos, desarmadores, etcétera.
El 24 de febrero de este año, Daniel Valencia Treviño, alias El Muletas, fue detenido en una casa de seguridad de Apodaca, de la que había logrado huir una víctima de secuestro.
El Muletas es líder de una célula del llamado Cártel del Noreste. Días antes de su detención había logrado escapársele, tras un enfrentamiento, a la policía estatal. En las redes sociales corría un video en el que Valencia Treviño amenazaba, durante una borrachera, y mientras empuñaba un rifle de alto poder, a miembros de cárteles rivales. “¡Al topón, al topón!”, se oía en el video.
Su detención hizo que el país recordara de nuevo el penal de Apodaca: a unas semanas de su ingreso, él y otros miembros de su grupo fueron agredidos sexualmente y obligados a trapear pisos, desnudos o vestidos con lencería, mientras varios miembros de Los Zetas se burlaban: “¡Al topón, al topón!”.
La difusión de los videos que mostraban la manera en que los reclusos fueron vejados provocó el cese del subdirector de seguridad, el jefe de turno y el jefe de área —quienes, según el vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad, fueron amenazados para permitir el ingreso del teléfono con el que se realizaron las grabaciones.
Provocó también la colocación de narcomantas en diversos puentes peatonales de Nuevo León, las cuales anunciaron la venganza del Cártel del Noreste y señalaron los nombres de Los Zetas que presuntamente están “encargados” de los penales de Apodaca, Topo Chico y Cadereyta.
Fuentes del gabinete de seguridad aseguran que los personajes señalados en esas narcomantas mantienen, en efecto, el control de los centros penitenciarios.
El gobernador Jaime Rodríguez, El Bronco, prefiere creer que a los custodios “se les peló el celular y punto”. Pero el estado se encuentra en “alerta roja” desde entonces.
Apodaca puede recordarnos que, cinco años después de la masacre que dejó 44 muertos, en realidad poco o nada ha cambiado.
@hdemauleon
demauleon@hotmail.com
