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Las autoridades sabían que en el penal de Aguaruto, Sinaloa, se preparaba una fuga. Intentaron trasladar a otro centro penitenciario a los principales sospechosos, tres internos de alta peligrosidad, pero amparos otorgados por jueces federales lo impidieron.
Los tres reos —operadores y sicarios de primer nivel de Ismael El Mayo Zambada— se quedaron en Aguaruto. Manejaban el penal desde que un juez federal de Nayarit le concedió a uno de ellos, Alfonso Limón Sánchez, el amparo que le permitió ser trasladado del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, al modesto Centro Estatal de las Consecuencias Jurídicas del Delito, como le llaman a la penitenciaría de Aguaruto.
Limón Sánchez es considerado el principal distribuidor de cocaína de El Mayo Zambada. El gobierno mexicano estaba a punto de extraditarlo a Estados Unidos, donde lo requiere la Corte Federal del Distrito Sur de San Diego, California.
A los cuatro meses de ingreso al penal —fue destinado al módulo 5— le fue a hacer compañía Jesús Peña González, alias El 20: el jefe de seguridad de El Mayo.
En Aguaruto esperaba también el momento de su extradición Rafael Félix Núñez, El Changuito Ántrax, jefe del brazo armado del Cártel de Sinaloa. La Marina lo había detenido en Culiacán el 18 de noviembre de 2014.
Los procesos con que los narcotraficantes querían impedir la extradición caminaban mal. En el penal era un secreto a voces que preparaban su fuga. Mientras tanto tenían bajo su dominio el penal, de 2 mil 142 reos, e intentaban pasarla lo mejor posible. Música, drogas, alcohol y sexoservidoras.
El pasado 19 de enero, la División Antidrogas de la Policía Federal aprehendió en Culiacán a Juan José Esparragoza Monzón, alias El Negro o El Azulito, hijo de uno de los tres cabecillas del Cártel de Sinaloa, Juan José Esparragoza Moreno, El Azul.
Según el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, Esparragoza Monzón coordinaba una red de distribución de droga, administraba los recursos financieros del cártel y era uno de los principales generadores de violencia en las ciudades fronterizas de Tijuana y Mexicali.
Aún más: el hijo de El Azul figuraba entre los 122 objetivos prioritarios del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Las autoridades llevaban muchos años detrás de él.
La Policía Federal lo puso en manos de la PGR. Y la PGR, en lugar de trasladarlo a un penal de máxima seguridad, lo puso a disposición de un juez de control en el penal de Aguaruto.
El mismo que se hallaba totalmente en poder de la gente de El Mayo.
¿Por qué se decidió esto?
Alguien tiene que explicarlo. Fuentes del gabinete de seguridad se quejan de que la PGR está conduciendo a los detenidos al lugar más cercano al de su captura “para evitar que los jueces aleguen dilación en la puesta a disposición”.
Anteriormente, los objetivos prioritarios eran trasladados a la Ciudad de México. Hoy la PGR arguye que los abogados de los narcotraficantes hallaron una puerta de salida para sus clientes, con el simple hecho de contar las horas que estos tardaron en ser presentados.
En todo caso, en cuanto Esparragoza Monzón pisó el penal, se amparó para evitar que lo sacaran de ese sitio.
Al mes siguiente, la lista de reos distinguidos del Centro Estatal de las Consecuencias Jurídicas del Delito se engrosó con la llegada de Francisco Javier Zazueta, alias Pancho Chimal, el hombre que ordenó la emboscada en la que murieron cinco militares en Culiacán el 30 de septiembre de 2016.
Supongo que a él también lo condujeron a ese sitio para evitar que el juez mirara el reloj.
Hoy se sabe que los cinco huéspedes distinguidos tenían celulares, celdas de lujo, televisiones de plasma y hasta confortables salas donde recibir a sus visitas.
No las disfrutaron mucho tiempo. El jueves pasado, justo al mediodía, los cinco salieron de Aguaruto caminando tranquilamente por la puerta principal. El periódico Reforma señaló que una noche antes de la fuga hicieron una fiesta en la que hubo el coctel de siempre: música, drogas, mujeres, alcohol.
La del hijo de El Azul es la historia de una fuga anunciada, en la que los personajes principales son, entre otros, la corrupción y la ineptitud.
El único consuelo es que no se afectó el debido proceso.
@hdemauleon
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