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El año pasado, la delegada perredista de Iztapalapa, Dione Anguiano, otorgó dos contratos de 8 millones de pesos, por adjudicación directa, a una operadora política de su propio grupo, el Movimiento de Equidad Social de Izquierda, MESI.
La proveedora que consiguió los contratos, Jessica Romero Ojeda, había sido beneficiaria de varios programas de la Procuraduría Social durante el tiempo en que estuvo al frente de esta dependencia el esposo de la delegada Anguiano, Alfredo Hernández Raigosa.
Jessica Romero Ojeda obtuvo el contrato IZTP/DGA/AD-C05/015/2016 —por un monto de 6 millones 97 mil pesos—, y el contrato IZTP/DGA/AD-C25/185/2016 —por un total de un millón 800 mil.
Al firmar ambos documentos declaró que su actividad principal era la “captación, tratamiento y suministro de agua para uso doméstico” y se comprometió a distribuir agua potable, a través de pipas, en diversos puntos de la demarcación.
Los contratos, solicitados a través de la Ley de Transparencia, fueron firmados por el director general de Administración, Genaro Flores Sánchez —quien también fungió como coordinador administrativo de la Procuraduría Social cuando Anguiano estuvo al frente de ésta (2010-2012).
En 2013 y 2014 Jessica Romero no estaba dedicada a la “captación, tratamiento y suministro de agua para uso doméstico”. Apareció, por el contrario, entre los beneficiarios del programa Procura —de la Procuraduría Social—, que otorgó 6 mil pesos mensuales a operadores que promovieron la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México.
Romero Ojeda formaba parte de una lista de operadores del MESI que fueron beneficiados por Procura, la mayor parte de ellos, familiares de Gabriel Crespo Romero, funcionario de la Subdirección de Evaluación y Supervisión de la Procuraduría Social durante el tiempo en que la dirigió Alfredo Hernández Raigosa.
Entre los beneficiarios de este programa en 2013 aparecen una hermana, un hijo y dos cuñadas de Crespo Romero. Aparecen también algunas personas con los mismos apellidos de Jessica: entre otras, María del Rocío Romero Ojeda y Verónica Romero Ojeda.
Un año más tarde volvieron a figurar en el padrón de beneficiarios del programa Dulce María Romero Ojeda, María del Rocío Romero Ojeda, Verónica Romero Ojeda y Jessica Romero Ojeda.
La cadena de entrega de recursos públicos al mismo grupo político tiene, sin embargo, otros eslabones.
En 2010, varios miembros del Movimiento de Equidad Social obtuvieron la presidencia de diversos Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, que deciden el destino del Presupuesto Participativo. Entre ellos estaban Emilio Girón Sánchez, Musio Agustín Salazar, Juana Granados Garrido y Vianey Salazar Corona.
Al año siguiente la Gaceta Oficial del DF publicó el padrón de Promotores Educativos del Programa de Atención Integral al Estudiante. Entre los agraciados estaban: Zalatiel Girón Sánchez, Juana Granados Garrido y Vianey Salazar Corona.
En 2011, Dione Anguiano autorizó la entrega de recursos públicos por más de dos millones de pesos del programa social Ollin Callin (de apoyo a la remodelación de unidades habitacionales) a candidatos de la planilla 22 al Consejo Nacional y estatal del PRD (formaba parte de esa planilla la propia Anguiano y su esposo, Hernández Raigosa).
Pues bien, entre quienes recibieron los recursos estuvieron Emilio Girón Sánchez (un millón cien mil pesos) y Miguel Ángel Tadeo Alcántara (601 mil pesos). Ambos eran funcionarios al servicio de Hernández Raigosa en la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT).
En 2013 se renovaron nuevamente los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos. Varios miembros del grupo volvieron a ser beneficiados con el reparto de recursos: Musio Agustín Salazar, Juana Granados Garrido, Miguel Ángel Tadeo Alcántara, Vianey Salazar Corona e Israel Crespo Romero.
Llegó 2014 y se repartieron los recursos de otro programa: el de Mejoramiento Barrial. Resultaron beneficiados: Juana Granados Garrido y Musio Agustín Salazar. Ese año, en el proceso interno del PRD, Jessica Romero Ojeda fue postulada por MESI como candidata a consejera municipal.
Dos años después, la perredista que había comenzado cobrando seis mil pesos mensuales obtuvo ocho millones con los contratos de las pipas.
Hay que agregar que hace unos meses EL UNIVERSAL dio a conocer que entre enero y octubre de 2016 la delegación Iztapalapa gastó 209 millones de pesos en programas sociales que no están regulados: el botín de unos cuantos.
@hdemauleon
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