En 2004, José Luis Camba Arriola, dueño del Hotel Silver, intentó desterrar la prostitución de la calle Sullivan.
El hotel que había heredado de su padre, y que años antes fue frecuentado por políticos y artistas, había quedado en el epicentro de la prostitución urbana desde que en 1985 el entonces delegado en Cuauhtémoc, Enrique Jackson, decidió convertir esa calle en otra de las zonas de tolerancia que había en la metrópoli.
Los antiguos clientes se fueron. Por las noches la calle se convertía en un manicomio. La zona se llenó de judiciales y lenones.
Cada intento de Camba por alejar de Sullivan a las sexoservidoras provocó que El Silver fuera clausurado. Desde 1985 —escribió el empresario en un libro que relata las penurias que pasó ante las autoridades capitalinas—, “cada vez que un nuevo responsable de la delegación tomaba protesta del cargo, mi petición era repetida. La respuesta era la misma. Clausura ante mi insistencia”.
Cuando el gobierno de la ciudad quedó en manos de un nuevo partido, el empresario creyó que la situación iba a cambiar. Estaba equivocado. Absolutamente nada cambió. Cada una de sus denuncias fue a parar al cajón, según cuenta, o al No Ejercicio de la Acción Penal.
En 2004 decidió cerrar el hotel e hizo saber a las autoridades que no volvería a abrirlo hasta que el negocio dejara de verse afectado.
La ley lo autorizaba a llamar a la policía preventiva para que las sexoservidoras fueran presentadas ante el juzgado cívico. Solicitó una patrulla, pero los policías le dijeron que nada podía hacer “porque había unos lineamientos”. Se trataba de un acuerdo, le dijeron, firmado entre los vecinos y las autoridades.
Solicitó los “lineamientos” en la Subdirección de Juzgados Cívicos. Le informaron que los documentos estaban en poder del subdirector, pero no podían ser mostrados hasta que hubiera orden superior. Le recomendaron poner una queja en la Dirección General Jurídica y de Gobierno.
Solo consiguió que un buen día fuera a visitarlo una “representante” de las sexoservidoras: nada menos que Alejandra Gil, una de las lenonas más célebres de la calle Sullivan.
Gil le propuso que reabriera el hotel y le garantizó la ocupación de mil cuartos, “a 130 pesos el cuarto”, solo entre sábados y domingos.
Cuando él le replicó que aquello era ilegal y significaría la clausura del inmueble, Gil respondió, tranquilamente, “que ella se encargaría de todo”.
Una semana después, el empresario tuvo acceso a los “lineamientos”. Se trataba de un documento que las “representantes” de las sexoservidoras presentaron, el 22 de abril de 1997, a la consideración de tres funcionarios: el entonces delegado Alejandro Carrillo Castro; el subdelegado jurídico Carlos Vega Memije, y la subdelegada de participación ciudadana Alexandra Sánchez Gavito.
Para procurar las “buenas condiciones” de convivencia entre los vecinos, las “representantes” presentaban “el siguiente acuerdo de reglas para la prestación del sexoservicio”.
Según el documento, el número de sexoservidoras en Sullivan no podría pasar de 194. Los grupos estarían distribuidos “en Parque Vía y Sullivan, y en la calle de Manuel María Contreras y Sullivan, hasta Gabino Barreda”.
Las “representantes” detallaban en qué punto de estas calles se acomodarían los grupos: el de Alejandra Gil, compuesto por 26 mujeres; el de Soledad Ramírez, compuesto por 60; el de Margarita Lara, conformado por 50, y el Brenda Miller Orozco, integrado por 14 (seguía una larga lista de grupos más pequeños encabezados por Elitania Rangel, Victoria Alpizar, Lorena Islas, Rosa Aguilar, etcétera.
El acuerdo incluía la elaboración de un padrón con fotografía y el establecimiento de un horario de prestación de servicios de 9 de la noche a 5 de la mañana.
Un mes después, el Grupo Plural III de la Asamblea de Representantes aceptó en lo general los términos del acuerdo, y propuso solo breves modificaciones: “El vestuario que porten las sexoservidoras será de características moderadas, comprometiéndose a no usar ropa transparente”, etcétera.
En contubernio con las “representantes”, las autoridades capitalinas decretaban, a partir de este documento, la existencia de una zona de tolerancia y decidían cerrar los ojos ante unos lineamientos que autorizaban en Sullivan la trata de personas.
Camba escribió su testimonio hace once años. Prácticamente nada ha cambiado.
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