El pasado 17 de octubre publiqué en este espacio la columna titulada: Te metiste con la persona equivocada. Relataba la extorsión de que eran objeto los médicos dictaminadores autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, para practicar exámenes sicofísicos y expedir constancias de aptitud a todo interesado en obtener una licencia federal para conducir desde aviones hasta tráileres (“los diversos modos del transporte del servicio público federal”).
Según una denuncia de hechos entregada en junio pasado a la entonces procuradora Arely Gómez, a cierto ciudadano interesado en obtener una de estas autorizaciones —el ciudadano es dueño de clínicas en Tijuana, Puebla y la Ciudad de México—, se le acercó un ex funcionario de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, DGPMPT, y le dijo que podría conseguirle, mediante el pago de 20 mil pesos, y “por medio de sus contactos en la dirección médica y la dirección adjunta en Medicina Preventiva”, un lugar en el curso que deben acreditar quienes buscan convertirse en médicos dictaminadores autorizados.
El nombre del ex funcionario, asentado en la denuncia, es Sigfrido Aguilar Llantada. Era experto en informática y estaba encargado de dar acceso --una vez que los médicos obtenían la autorización--, al sistema de cómputo de la SCT: el sistema MED-PREV.
El ciudadano se negó a pagar el soborno y denunció a Aguilar Llantada ante los titulares de la Dirección de Autorizaciones a Terceros: José Arellano y Luis Tijerina quienes, sigue la denuncia, “manifestaron su desaprobación, misma que hicieron del conocimiento del director general de la dependencia, el doctor José Valente Aguilar Zínzer”.
Sigfrido Aguilar Llantada supo al día siguiente que lo habían denunciado, logró que en dos de las clínicas del denunciante el acceso al sistema de la SCT fuera bloqueado y amenazó a éste a través de llamadas telefónicas y mensajes de Whatsapp: “Te metiste con la persona equivocada”, “Ahora ve a cuidar a tus hijos que ya sé dónde viven”.
Al día siguiente de la publicación, el doctor Aguilar Zínzer, titular de la DGPMPT, me pidió que fuera a verlo a su oficina. Relató que Aguilar Llantada había sido despedido por problemático (solía llegar con golpes en el rostro, tenía problemas frecuentes con el personal), y que tras su despido supieron en la dependencia que solía desactivar a propósito el acceso de los médicos autorizados al sistema MED-PREV, para luego ir a verlos y cobrarles “por fuera” la compostura del equipo.
Los exámenes que realizan los médicos autorizados por la SCT son muy solicitados. Cada clínica factura grandes cantidades cada mes. La salud de sus equipos de cómputo es vital. Nadie duda en desembolsar cualquier suma para que el equipo sea arreglado cuanto antes.
Aguilar Zínzer fue enfático: “No dudo que Aguilar Llantada haya querido engañar a alguien prometiendo facilitarle una autorización. No sé si aquí haya alguna persona que se preste a allanar algún trámite. En todo caso, si esa persona existe lo hace de espaldas a la dirección y a riesgo de ser sancionado si se le descubre”.
A lo largo de la charla, el director detalló los mecanismos de que había echado mano para poner candados en los trámites. “De todos modos voy a revisar si existe una falla”, aseguró. Nos despedimos. Me pareció un hombre honesto.
Por esos días comenzaba a llevarse a cabo el curso para los médicos dictaminadores. Según la convocatoria, se realizaría del 17 de octubre al 4 de noviembre. Solo había 25 lugares disponibles.
Varios médicos intentaron inscribirse el día en que salió la convocatoria. Desde el primer minuto les informaron, sin embargo, que se habían acabado los lugares: supieron que otros médicos habían “apartado” el suyo mediante el “pago” de 23 mil pesos efectuado “a un gestor”.
Los médicos que no encontraron lugar recibieron poco después llamadas que les informaban que podrían ayudarles a encontrar un sitio en el curso “a través de contactos en la DGPMPT”. Cada lugar costaba 50 mil pesos. Aunque la convocatoria señalaba que solo había cupo para 25 personas, al final 40 tomaron el curso.
Varios de los asistentes afirman que cuando el curso concluyó, les exigieron cinco mil pesos más “para aprobarlo”. Solo hasta entonces dos de ellos se rebelaron y me dieron a conocer las fichas de dos depósitos, uno por 23 mil pesos y otro por 50 mil, que el 9 de septiembre y el 10 de octubre pasados hicieron en una cuenta bancaria a nombre de Sigfrido Aguilar Llantada.
Según estos recibos, una semana antes de mi visita a la DGPMPT, el otro Aguilar había recibido 50 mil pesos. Y algo peor: había obtenido, para el que se los pagó, un lugar en el curso.
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