Mónica Madrigal de la Campa buscaba una entrevista con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para denunciar actos de corrupción en la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte. Fue entonces cuando la asesinaron.
El 31 de agosto pasado relaté su historia: en noviembre de 2015, Madrigal de la Campa denunció el robo ocurrido en sus oficinas ubicadas en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Los ladrones sólo se robaron dos computadoras y rompieron la chapa de su escritorio para extraer un disco duro que guardaba en el cajón.
Según su declaración, el disco contenía “información confidencial” de su empresa, autorizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, para practicar “exámenes psicofísicos y expedir constancias de aptitud en obtener una licencia federal para la operación, conducción o auxilio de los diversos modos de transporte del servicio público federal”.
Meses más tarde se escucharon tres tiros en la escalera del edificio donde Madrigal tenía su despacho. Los testigos vieron salir apresuradamente a “un hombre vestido de mujer, con ropas de color rosa y una peluca negra, y a un sujeto de pants y tenis”, que desde horas antes vigilaban el despacho de la víctima. Uno de esos tres tiros había alcanzado a Mónica Madrigal en la nuca.
Los agresores desdeñaron el dinero y las joyas que la mujer llevaba consigo. Sólo se apoderaron de su computadora portátil.
El asesinato provocó gran desconcierto en el gremio de médicos dictaminadores, autorizados por la SCT, especialmente porque ella se había convertido en portavoz de innumerables quejas en contra de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, a cargo del doctor José Valente Aguilar Zinzer.
Desde hace años, pesan sobre esta dirección, dependiente de la Subsecretaría de Transporte, acusaciones de corrupción, favoritismo y tráfico de influencias.
En 2012, trabajadores de base de la SCT realizaron ante la Auditoría Superior de la Federación las primeras acusaciones por “amiguismo” e indebida asignación de contratos, entre otras irregularidades. Todas ellas fueron consignadas por medios nacionales.
De acuerdo con testimonios recabados entre personas cercanas al círculo laboral de Madrigal de la Campa, quienes pidieron que su identidad fuera reservada por razones de su propia seguridad (“Ya ve usted de lo que son capaces”), ella había documentado el otorgamiento de autorizaciones para realizar exámenes médicos y toxicológicos sin que se cumpliera con los requisitos establecidos por el Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte, que entre otras cosas, exige a los aspirantes contar con una especialidad médica.
Este reglamento, publicado en mayo de 2013, señala que los interesados en obtener autorización como médico dictaminador, deben presentar una cédula profesional que acredite que poseen una especialidad afín al servicio que desean prestar.
En diciembre de 2013, la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte expidió la autorización número 4.4.-1214 que permitió a un médico cirujano dictaminar a personal aeronáutico, sin que éste fuera especialista en medicina aeroespacial. México está sujeto a estricta normatividad internacional en aeronáutica civil. Todos los dictámenes expedidos por el médico referido, deberían ser nulos de origen. Pero no fue así.
Madrigal había documentado también el pago a funcionarios encargados de supervisar las concesiones entregadas a terceros.
En la agenda pública del secretario de Comunicaciones y Transportes no existe registro de que Mónica Madrigal hubiera solicitado una cita con Ruiz Esparza, según pudo comprobar el columnista. Los allegados a Madrigal de la Campa aseguran, sin embargo, que la solicitud pudo llegar por cauces no regulares.
En la investigación no hay avances. Nadie sabe qué perseguían el hombre vestido de mujer y el sujeto de pants y tenis. Lo único cierto es que la víctima era portadora de las quejas compartidas por el gremio.
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