A finales de junio llegó una denuncia anónima a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Señalaba que la magistrada de la Séptima Sala Civil, Petra Quezada, permitía que los expedientes salieran de los juzgados, cosa prohibida por la ley, y fueran llevados a despachos particulares, en donde personal de la Séptima Sala negociaba los casos con abogados, para favorecerlos al momento de dictar sentencia.
La policía de investigación abrió la carpeta FSP/T2/120/16. El 30 de junio fueron cateados dos despachos, Rodríguez y Rodríguez Asociados, y Reyes y Nava, Asociados —ambos ubicados en la colonia Escandón—.
El primero de ellos es el bufet donde litiga el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia (1995-1999) José Rodríguez y Rodríguez, cuya amistad con la magistrada Quezada es bien conocida en los círculos judiciales.
En ese despacho los investigadores localizaron tres expedientes relacionados con procesos mercantiles con la leyenda de la Séptima Sala del Tribunal Superior Justicia. Los tres expedientes, litigados por el despacho de Rodríguez, habían sido resueltos por el Juzgado 16, y se hallaban en proceso de confirmación por parte de la magistrada.
El día del cateo los investigadores hallaron en el despacho al ex presidente Rodríguez y Rodríguez, y a la secretaria proyectista de la Séptima Sala, Marisol Rodríguez Mier.
La Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia prohíbe que los expedientes sean sustraídos de los juzgados. El Código Penal considera que incurre en ejercicio ilícito del servicio público quien “por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión”.
Se anunció por lo pronto que la magistrada sería investigada por prevaricato, un delito en el que, según el Diccionario Jurídico Mexicano, incurren los servidores públicos que dictan una resolución arbitraria a sabiendas de que dicha resolución es injusta.
El hallazgo de los expedientes en un despacho particular era un escándalo.
El pasado 17 de agosto, sin embargo, el presidente de Morena, Martí Batres, anunció que la magistrada se encargaría de asesorar a este partido “en la elaboración de sus propuestas en materia de justicia, para llevarlas a la Asamblea Constituyente”.
Batres subrayó “la integridad moral y capacidad profesional de la magistrada” y dijo que ésta enfrentaba “una persecución política” por el delito de haberse opuesto a la reelección del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edgar Elías Azar.
En efecto, Quezada había formado un bloque con otros magistrados, el cual presentó incluso varios amparos, en diciembre de 2015, para impedir que el magistrado rindiera protesta por tercera ocasión.
Quezada denunció a través de un par de cartas entregadas al pleno del TSJ que desde el momento en que Elías Azar tomó posesión del cargo se desató una ola de amenazas telefónicas, auditorías fiscales en su contra y maniobras para entorpecer el curso de los amparos que había promovido.
Elías Azar respondió que el acoso del que lo acusaban “no era más que las visitas ordinarias que hace el Consejo de la Judicatura a todos los magistrados y jueces”: “Cuando en esas visitas ordinarias se encuentran cosas muy graves como rezagos de meses y meses y meses y meses, pues es cuando se mandan visitas especiales, que es el caso de una magistrada que trae un rezago histórico muy preocupante”.
A tres meses del escándalo, Petra Quezada fue citada a declarar en dos ocasiones por la fuga de los expedientes que fueron encontrados en el despacho de Rodríguez y Rodríguez. En ambas ocasiones, la magistrada se excusó. La primera dijo que estaba en diligencias. La segunda, que se encontraba enferma.
Al margen de una posible guerra sucia en el TSJ; al margen de que la intervención de Morena en el caso lleve a pensar en un nuevo capítulo de la lucha por la Ciudad entre este partido y el PRD, urge que se aclare la sustracción de los expedientes. Esa historia puede alumbrar el modo en que se hace “justicia” en esta Ciudad.
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