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Eran parte de un grupo de militares detenidos en marzo de 2011 en Coahuila. Los acusaron de proteger a Los Zetas y les fincaron cargos por delitos contra la salud, lavado de dinero en la modalidad de custodia y posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos logró demostrar, sin embargo, que tres de los oficiales detenidos en Coahuila habían sido torturados para autoincriminarse y acusar a otros compañeros. El médico militar que los valoró señaló que todos habían sido severamente golpeados, y que los presentaron ante él con las manos y los ojos vendados.
La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, tuvo que admitir actos de tortura en agravio de los tres oficiales y los indemnizó con 49 mil pesos. El abogado de los militares dijo que el monto no era en realidad tan importante, como el reconocimiento de tortura por parte del instituto armado. Parecía que con aquel reconocimiento se inauguraba una nueva etapa, en la que incluso iba a seguirse una investigación en contra de los oficiales torturadores.
En abril de 2015, según notas de prensa publicadas en esos días, la Sedena y la Procuraduría General de la República, PGR, enfrentaban mil 254 juicios por prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, infligidos a civiles detenidos por miembros de fuerzas federales.
Las notas indicaban que la mayor parte de las personas detenidas por presuntos vínculos con la delincuencia organizada (en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico”) habían sido aprehendidas “mediante prácticas, policiacas o militares, prohibidas”.
El 30 de junio de 2016, en respuesta a una solicitud de información realizada por un ciudadano a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Sedena dio a conocer el número de convenios que suscribió de 2012 a 2015 “para responder a la reparación del daño derivado de torturas atribuibles a personal militar”.
De acuerdo con el folio 0000700098016 , firmado en Lomas de Sotelo el 30 de junio de 2016, y firmado por el titular de la Unidad de Transparencia de la Sedena, general Francisco Justo Toscano Camacho, en esos tres años la Defensa Nacional suscribió 15 convenios derivados del reconocimiento de actos de tortura.
En 2012 indemnizó a siete personas por un total de 623 mil 513 pesos 50 centavos.
En 2013 indemnizó a cinco ciudadanos, por un monto de 808 mil 308.10 pesos.
En 2014 fueron indemnizadas dos personas. El monto: 242 mil 705.10 pesos.
Finalmente, en 2015, el instituto armado indemnizó a un ciudadano con 45 mil 500 pesos.
En esos años, la Defensa pagó un total de un millón 779 mil 026.70 pesos.
Dos días antes de que la solicitud de información fuera entregada, Amnistía Internacional presentó el informe Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México. El organismo entrevistó a cien mujeres recluidas en prisiones federales que narraron las experiencias a que fueron sometidas durante su captura: semiasfixia con bolsas de plástico, descargas eléctricas y golpes en partes del cuerpo en las que las lesiones no son visibles (cabeza, oídos, estómago, tórax, piernas, glúteos, pechos y genitales).
El informe abrió la puerta de una segunda realidad: 72 de esas mujeres habían sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 habían sido violadas. Se habló de manoseo en los pechos, los glúteos y los genitales. Se describieron toques eléctricos en los senos, y violación con los dedos, el pene y otros objetos.
Aunque 66 mujeres denunciaron los abusos, sólo en 22 casos se abrió una investigación.
De acuerdo con el informe, el Ejército contestó por escrito a Amnistía Internacional que entre 2010 y 2015 ni un solo soldado había sido suspendido por violación o abuso sexual.
Las cifras hablan por sí solas.
@hdemauleon
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