Los policías federales que en la madrugada del domingo pasado se hallaban frente a las oficinas de la Sección 9 de la CNTE, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, creían que aquella noche la captura del dirigente de la Sección 22, Rubén Núñez Ginez, no iba a concretarse.
Todo parecía indicar que Núñez había decidido establecer “una encerrona estratégica” en las oficinas de la sección. Esa noche, 500 maestros de la Coordinadora, que habían establecido un plantón frente al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca a fin de exigir la liberación del segundo al mando de la Sección 22, Francisco Villalobos Ricárdez —detenido por robo agravado, desvío de recursos y uso de recursos de procedencia ilícita—, eran desalojados por 800 elementos de diversas corporaciones.
Durante una hora se había suscitado en Oaxaca un cruento enfrentamiento. Gases lacrimógenos, piedras, palos, cohetones.
Núñez había ofrecido una conferencia de prensa esa misma noche para condenar la detención de su brazo derecho, Villalobos Ricárdez —a la cual calificó de “desaparición forzada”.
Cuando llegó el reporte de que el IEEPO de Oaxaca había sido finalmente desalojado, los federales que tomaban parte en el operativo de detención del líder disidente supusieron que no tendrían mayor actividad en lo que quedaba de la noche. Lo más probable es que Núñez se mantuviera en estado de alerta.
En la calle de Belisario Domínguez, donde se encuentran las oficinas de la Sección 9, no hubo actividad, en efecto. Pero sólo hasta las dos de la mañana. A esa hora, un taxi de la marca Tsuru se estacionó frente al inmueble marcado con el número 32. Varias personas se acercaron al vehículo y hablaron con el conductor. “Iban y venían”, relató uno de los agentes que tomaron parte en el operativo.
El líder sindical salió al fin del edificio, en el que supuestamente se celebraba una asamblea nacional representativa. Parecía titubear. Lo acompañaban tres personas. Le dijo Núñez al taxista:
—¿Cómo estás, primo? Ya vamos a movernos para otro lado.
Abordó el taxi, con los sujetos que lo acompañaban. El Tsuru enfiló hacia Lázaro Cárdenas, luego por la avenida de los Insurgentes, hacia el norte, y finalmente tomó la autopista México-Pachuca.
Los agentes que lo seguían dicen que les sorprendió que, en el contexto en el que la CNTE se hallaba esa noche —los gases lacrimógenos, los cohetones, los golpes, la sangre que había corrido en Oaxaca—, Núñez hubiera relajado de tal forma su círculo de protección. Decidieron marcarle el alto cuando el taxi circulaba por la zona de moteles que hay al inicio de la autopista.
Los acompañantes del líder de la Sección 22 relataron a la prensa que “tras evadir en dos ocasiones las camionetas blancas doble cabina que nos cerraban el paso, ya que pensamos que se trataba de un asalto, nos detuvimos en un lugar conocido como La Joroba, en los límites de las colonias Santa Isabel Tola y El Risco”. Afirmaron que personas que no se identificaron bajaron al conductor del taxi “con lujo de violencia, mientras que al profesor que acompañaba al maestro Rubén lo golpearon en la cabeza y le revisaron todas sus pertenencias, mientras exigía que les dijera dónde tenía las armas”.
A los ocupantes del taxi, según la versión de los maestros, les dijeron que “si también querían ser trasladados a Sonora” y los amenazaron con “ir sobre ellos” si denunciaban lo que había ocurrido. “Desconocemos el paradero del maestro Rubén y responsabilizamos al gobierno federal y local de su integridad física y psicológica”, señalaron.
Los policías federales relatan, por su parte, que al “solicitar” a los ocupantes del taxi que descendieran, Rubén Núñez, que viajaba en el asiento del copiloto, no pudo hacerlo. Dicen que el líder sindical articulaba palabras con dificultad. Le preguntaron si estaba bien. Dijo que sí. Lo ayudaron a subir a una camioneta. Ahí, le tomaron una foto.
Esa misma noche de gases lacrimógenos, cohetones, golpes y sangre corriendo en Oaxaca, Nuñez voló a Hermosillo y fue internado en un centro penitenciario, acusado por la PGR de lavar al menos 24 millones de pesos que venían de comisiones ilegales obtenidas de contratistas que prestaban servicios a sus agremiados.
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