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En los años en que Teodoro García Simental, El Teo, hundía a Tijuana en una escalofriante espiral de horror, Ramiro Ramírez Martínez, El Rambo, y Orlando Santaolaya, El Chuletas, fueron señalados como autores de homicidios, desapariciones, decapitaciones y secuestros.
Dos mafiosos de Tijuana —Ángel Jácome Gamboa, El Kaibil, y Filiberto Ramos, La Perra— los involucraron con el asesinato y decapitación de siete policías, y señalaron que El Rambo era el encargado de ejecutar los secuestros ordenados por El Teo.
Inteligencia militar del 2º Regimiento de Caballería Motorizada logró ubicar a El Rambo, El Chuletas y dos personas más en una casa de seguridad de Rosarito. Tenían en su poder 17 rifles de asalto, 14 mil cartuchos útiles, pistolas y chalecos antibalas. No solo eso: según el parte militar mantenían dentro de un clóset a un hombre de 67 años, al que le habían amputado un dedo.
Los militares informaron que aquel hombre “se encontraba amarrado de pies y manos y vendado de los ojos, y presentaba lesiones y evidentes signos de tortura”. La víctima fue entrevistada por la televisión local y narró el martirio al que lo sometieron sus verdugos.
El Rambo declaró que la familia de aquel hombre había pagado ya el rescate, aunque no se le liberó porque Raydel López Uriarte, lugarteniente de El Teo, había dado la orden de pedir más dinero y luego asesinarlo. Esto ocurrió en junio de 2009.
En diciembre de 2015, se ordenó que El Rambo, El Chuletas y las dos personas que fueron detenidas con ellos recibieran del Fondo de Atención a Víctimas del gobierno federal una compensación de 99 mil 513 pesos.
La razón: el Comité contra la Tortura de la ONU instaba a que los detenidos fueran reparados integralmente por “violación de derechos humanos cometida por agentes del Estado mexicano”.
Según la Comunicación 500/212 del comité, El Rambo y sus compañeros fueron detenidos por los militares sin orden de arresto. Sus “agresores”, dice la comunicación, los esposaron “con las manos hacia atrás, les vendaron los ojos, les cubrieron con cobijas, les golpearon en la zona de las costillas, en el estómago y en la mandíbula, les colocaron bolsas de plástico en la cabeza llevándolos al borde de la asfixia… y les aplicaron choques eléctricos en los genitales y otras partes del cuerpo”. Finalmente, “les empezaron a arrancar las uñas de los pies” para que confesaran “un secuestro, así como la tenencia de armas”.
Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), que tomó la defensa de los imputados, éstos firmaron su declaración con los ojos vendados y sin la presencia de un abogado de su elección. La CMDPDH asegura que uno de ellos tenía el tímpano perforado y otro la mandíbula fracturada.
El médico de la Sedena que examinó al Rambo y a sus compañeros concluyó que los detenidos presentaban lesiones leves, pero no signos de tortura. Un juez determinó que la acusación de tortura carecía de valor probatorio, “puesto que no existían otros de medios de convicción que la sustentaran”. La CMDPDH llevó el caso al Comité contra la Tortura y aseguró que los agentes del estado infligieron intencionalmente a los detenidos “dolores y sufrimientos graves con el fin de obtener de ellos una confesión”.
Al final, el comité instó al Estado mexicano a investigar los hechos, a juzgar y castigar a los causantes de aquellos dolores y sufrimientos, a determinar la inmediata libertad de los detenidos y a concederles plena reparación del daño, incluida una indemnización justa.
Los cuatro están por un número en el registro nacional de víctimas: el Comité Ejecutivo de Atención a Víctimas las reconocerá como tales, y procederá a su indemnización.
“Recibirán del gobierno lo que estaban cobrando por el secuestro —se queja Isabel Miranda, de la asociación Alto al Secuestro—. Y mientras tanto, del secuestrado nadie se acuerda”.
Según Miranda, entre 2014 y 2015 diversas víctimas del delito fueron reparadas por el CEAV con solo 628 mil 108 pesos; las víctimas de violaciones a derechos humanos y “presuntos responsables que alegaron tortura” han recibido, en cambio, 29 millones 74 mil 482 pesos.
“Están muy contentos”, dijo un defensor de los derechos humanos cuando le preguntaron sobre el estado de ánimo de El Rambo y sus compañeros. Algo está podrido en la ley.
Y algo en los procedimientos, invariablemente contaminados desde el origen.
@hdemauleon
demauleon@hotmail.com
