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María Ligia murió el 27 de enero de 2014. Podría estar viva, tendría que estarlo, pero el sector salud echó mano de todas sus omisiones y todas sus deficiencias.
Y ahora María Ligia está muerta.
En el sector salud ocurre, por cierto, el 65% de las muertes maternas, la mayor parte de las cuales pudieron haberse evitado.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, lanzó ayer una campaña que denuncia el entramado de una tragedia silenciosa y brutal. Reproduzco el caso en estas líneas.
María Ligia nació en un poblado ubicado a dos horas de Mérida, Yucatán: Chacsinkín. Se dedicaba al hogar. Tenía 41 años y cinco hijos. El mayor, en la preparatoria.
No deseaba embarazarse de nuevo, pero se embarazó.
En su familia dicen que en la casa de salud a la que asistía —en su comunidad hay dos, que se reparten la atención de unas tres mil personas— le negaron el método anticonceptivo (probablemente ya no disponían de ninguno).
Ella supo que tendría gemelos. Las semanas empezaron a correr, pero se detuvieron en la semana 21. Con fuertes dolores en el vientre, María Ligia se trasladó al Hospital Comunitario de Peto, dependiente del gobierno federal. Puede que usted tenga la impresión de que lo que sigue lo ha escuchado ya.
Esto no es extraño, porque en México hay 38.2 muertes maternas por cada 100 mil nacimientos: una cifra que se encuentra muy por encima de la meta establecida hace 15 años por los Objetivos del Milenio: 22 por cada 100 mil.
En el hospital informaron a los familiares de María Ligia que tendrían que practicarle una cesárea, porque había amenaza de aborto, y que sólo ella sobreviviría.
Al día siguiente, el diagnóstico cambió: no habría cesárea, porque todo estaba bien: María Ligia estaba estable.
El diagnóstico se modificó de nuevo horas más tarde: ahora la paciente tenía anemia y septicemia, urgía realizar una transfusión, pero en el banco de sangre del hospital no había sangre.
Había que llevarla cuanto antes a Mérida. Pero tampoco había ambulancia.
La madre de María Ligia fue a ver si el municipio les facilitaba un auto. Lo consiguió: en ese auto hicieron el trayecto de dos horas —139 kilómetros— hasta el Hospital General Agustín O’Horán de la ciudad de Mérida. María Ligia entró al hospital en silla de ruedas.
Fue la última vez que su madre la vio con vida.
Desde luego, aquello no era todo. Comenzaba la segunda fase del infierno.
La primera información fue que los gemelos se habían salvado y estaban en una incubadora. La segunda, que ellos tampoco habían sobrevivido. El esposo de María Ligia, Eutiquio, pidió que le mostraran los cuerpos: le respondieron que el hospital no tenía obligación de mostrarlos.
La orden del Hospital Comunitario de Peto, que la madre de María Ligia llevaba en la mano, indicaba que la paciente debía ser sometida a cesárea urgentemente. El informe médico dice que María Ligia expulsó vía vaginal “dos productos no viables” —es decir, tuvo trabajo de parto—, que presentó un choque séptico y fue ingresada al quirófano, en donde se le realizó un legrado uterino. A las nueve de la noche se le reportó grave y con dificultad respiratoria.
Medía hora después, a cuatro de su llegada al hospital, había dejado de existir.
“A Eutiquio le entregaron el cuerpo de María Ligia la tarde del martes 28 de enero; y tras varias vueltas al Hospital O’Horán para rectificar errores en las actas de nacimiento, logró que le entregaran los restos de sus hijos hasta la madrugada del jueves 6 de febrero, es decir, nueve días después”, se lee en el reporte de GIRE.
De acuerdo con el mismo reporte, en México “la posibilidad de morir en los municipios de muy alta marginación es casi seis veces más elevada que en los de baja marginación”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 24/2014, a la que no le ha dado seguimiento. Según GIRE, a María Ligia le violaron sus derechos humanos a la vida, a la protección de la salud y a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes. La asociación afirma que ninguna mujer debe morir por razones prevenibles y ha desatado una campaña en redes sociales para que el Estado otorgue una reparación integral a los familiares de María Ligia.
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