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Rosa María tiene 22 años. Vive en el DF. Al quedar embarazada se atendió en el IMSS. En dicha institución le pidieron que eligiera un método anticonceptivo, que le sería administrado después del parto. Ella dijo que deseaba hablarlo con su pareja. La trabajadora social la presionó: la llamó “inconsciente” por tener hijos a esa edad, le retuvo su carnet, la urgió a elegir el método que fuera, asegurándole que podría cambiar de opinión antes de dar a luz. Rosa admitió que colocaran un dispositivo intrauterino (DIU).
Cuando a fines de 2014 llegó al hospital de ginecobstetricia “Luis Castelazo”, le dieron cinco minutos para aceptar la única opción que le ofrecieron —el DIU— y la amenazaron con no permitir que saliera del hospital si no daba su consentimiento. “Ya hay muchos niños en el mundo”, le dijeron.
Rosa regresó al hospital una semana después, a consecuencia de un dolor que resultó producto de una mala sutura. La cosieron por segunda vez y aunque el dolor persistía la dieron de alta —contraviniendo las indicaciones del médico titular, quien quería mantenerla en observación.
El dolor no cesó durante un mes. Un médico familiar le dijo a Rosa que la habían suturado mal, que el hilo estaba caduco y el DIU mal colocado. Todo esto le había provocado una infección. Tuvo que ser hospitalizada de nuevo. Los antibióticos le impidieron dar leche materna a su hijo. La fórmula láctea que recibió del IMSS no fue suficiente para alimentarlo. Durante mucho tiempo, los dolores en piernas y espalda no le dejaron siquiera cargarlo.
Lo de todos los días, dirá usted. Y es completamente cierto. Este caso de negligencia médica y anticoncepción forzada está documentado en el informe más reciente del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y la Red de Abogados por la Defensa de la Reproducción Elegida. De acuerdo con el documento, la anticoncepción forzada —violatoria de varios derechos humanos—, es altamente común en México: el pretexto de que se valen las instituciones para perpetrarla es reducir el nivel poblacional y la muerte materna por embarazos sin espaciamiento entre uno y otro.
Cifras de la Secretaría de Salud muestran que el número de mujeres que aceptaron la anticoncepción luego de un evento obstétrico en instituciones públicas aumentó considerablemente en sólo seis años. Eran 928 mil 500 en 2006. Fueron 1.26 millones en 2012. Un incremento de 36 por ciento.
Parecen buenas noticias. Las cifras no delatan, sin embargo, los métodos empleados para alcanzar estos números: discriminación, violencia obstétrica, presiones, amenazas… e incluso esterilización forzada con fines poblacionales, algo que no sólo padecen mujeres indígenas, de escasos recursos o con alguna discapacidad, sino también —sostiene el informe— hombres de comunidades apartadas que son presionados por instituciones públicas para practicarse la vasectomía a cambio de un apoyo social, o con la amenaza de perderlo si no aceptan someterse a ésta.
En agosto de 2014, mujeres de Tlapa, en la montaña de Guerrero, denunciaron ante medios de comunicación que habían sido obligadas a inyectarse un anticonceptivo a cambio de no ser expulsadas del programa Oportunidades. La Secretaría de Salud estatal las hostigó por haber emitido esas declaraciones. Estos hechos pisotearon la Constitución y tratados internacionales firmados por México: la injerencia del Estado en la capacidad de las personas para elegir el uso de un método anticonceptivo es violatorio del derecho a la vida privada.
La anticoncepción forzada no ocurre sólo en el contexto del parto: las mujeres discapacitadas o presas también la padecen. Una investigación llevada a cabo en Ceresos de Guanajuato, Guerrero, Puebla y Querétaro reveló que la visita conyugal está condicionada a que las reclusas acepten algún método anticonceptivo: 17 por ciento de las mujeres recluidas en esos centros revelaron haberlo aceptado por obligación y no por voluntad.
No es todo: 17 entidades del país no cuentan con intérpretes en instituciones de salud para informar sobre anticonceptivos a los hablantes de lenguas indígenas. Entre esas 17 entidades se encuentran el Estado de México y el Distrito Federal. El ISSSTE no cuenta con este recurso en ninguna de sus instalaciones.
Para el GIRE, la planificación familiar se sigue viendo bajo la perspectiva de control poblacional, lo que anula la titularidad de las personas sobre sus derechos reproductivos.
Tiene usted razón. Lo de todos los días.
@hdemauleon
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