El túnel de 1.5 kilómetros por el que escapó, la noche del pasado 11 de julio, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, partía del inmueble en obra negra ubicado en la colonia Santa Juanita, y se dirigía en línea recta hacia las instalaciones del penal de máxima seguridad del Altiplano.
Pero de pronto fue redireccionado hacia la celda número 20, en la que el capo se hallaba recluido desde febrero de 2014.
Las indagaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) señalan que el trazo fue modificado a fines de 2014, cuando la gente de El Chapo —se lee en una ficha de la carpeta de investigación— “logró comprar los planos”.
De acuerdo con las pesquisas, la construcción del túnel inició desde que El Chapo ingresó en el Cefereso No. 1. Pero los planos fueron obtenidos por sus colaboradores entre noviembre y diciembre de 2014. Fue entonces cuando el túnel cambió de ruta y avanzó sin titubeos hasta la regadera ubicada al fondo de la celda del narcotraficante.
Es probable que para entonces, nueve o diez meses después de su internamiento, El Chapo ya tuviera en el bolsillo a funcionarios clave del penal, los mandos y custodios que tendieron a su alrededor un círculo de protección, como indica la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/348/2015.
Los planos arquitectónico, estructural e hidrosanitario del Cefereso No.1 —conocido como del Altiplano—, son idénticos a los del Cefereso No. 2 Occidente, llamado de Puente Grande —y ubicado en Jalisco—, así como a los del Cefereso No. 3, situado en Matamoros, Tamaulipas.
La SEIDO considera que cualquiera de estos documentos pudo haber servido para lograr la evasión.
El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, es la unidad responsable de resguardar los planos arquitectónicos de los 19 penales federales que hay en el país.
Tras la fuga de El Chapo se informó que las dependencias a las que les era posible tener acceso a estos planos eran la Coordinación General de Centros Federales, la Dirección General de Ejecución de Sanciones y la Dirección General de Administración del órgano antes citado.
Funcionarios de esas áreas cayeron tras la fuga: Celina Oseguera, coordinadora general de Centros Federales, e Ignacio Hernández Mora, titular del Órgano Administrativo Desconcentrado.
Como se sabe, fueron cesados también el director del penal del Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma, y el director técnico del mismo, Librado Carmona: las autoridades indicaron que ambos también habrían tenido acceso a esos documentos.
De acuerdo con la investigación, cada vez se fortalece más la hipótesis de que funcionarios del sistema penitenciario estuvieron al servicio del crimen organizado.
Una de las fichas de la SEIDO indica que un abogado que compareció en calidad de defensor de un grupo de servidores públicos relacionados con la fuga, es también parte del grupo de abogados que lleva la defensa de Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera González, El Mencho.
El Mencho, considerado el hombre más buscado en México antes de la fuga de El Chapo, fue durante años aliado de Guzmán Loera: operador para el Cártel del Pacífico en la región de Jalisco y Nayarit.
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