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A veces envidio a los políticos y a los personajes públicos. Viven, algunos al menos, en una realidad alterna, un universo paralelo.
Modifican, cuando discuten el paquete presupuestal (del que dependen las finanzas públicas y el pretendido balance ingreso-gasto) el precio del petróleo, o la paridad peso-dólar, para que les cuadren las cuentas.
Imaginan que pueden impunemente entrometerse en la campaña electoral de nuestro país vecino del norte, como si eso no sentara precedente, no generara costos políticos y no dejara abierta la puerta para una flagrante intervención futura en nuestros procesos electorales.
Creen, otros, que la violencia criminal se combate prohibiendo o limitando programaciones televisivas, como si el narcotráfico respondiera a los ratings y no a realidades mucho más profundas y complejas. Como si los sicarios salieran a las calles a contratarse después de ver el capítulo de una serie, como si en los tiempos del internet y del pago-por-ver el horario fuera limitante para que niños y jóvenes vean lo que más les apetezca a la hora y en el lugar que deseen.
Y piensan que el derecho de réplica, tan importante para aclarar falsedades o inexactitudes publicadas, debe ser modificado para evitar que personajes públicos se sientan agraviados, ofendidos. Hoy en día, la ley establece que para que exista la réplica, la información publicada debe ser falsa, errónea. Ahí es donde el afectado puede exigir (y el medio de comunicación debe cumplir) la aclaración correspondiente. Eso es correcto y justo, y si bien algunos medios, periodistas u opinadores se resisten a cumplir con una norma tan elemental, lo cierto es que cada vez es más frecuente encontrar, en distintos espacios mediáticos, la corrección o aclaración pertinente.
La reforma propuesta, sobre la cual la Suprema Corte de Justicia se pronunciará en cualquier momento, implica un cambio aparentemente menor pero fundamental. Al pretender borrar las palabras “inexacta y falsa”, el planteamiento permitiría que cualquiera que se sienta ofendido o agraviado pueda exigir el derecho de réplica, y de no obtenerlo proceder judicialmente, es decir demandar al periodista o al medio de comunicación.
El riesgo para la actividad periodística, para la libertad de expresión, es enorme.
Imaginemos un reportaje acerca de una empresa que ha contaminado, digamos, un río, o una comunidad. Aun si la información publicada es verídica y exacta, la empresa podría decirse agraviada y exigir derecho de réplica.
Imaginemos a un servidor público que ha desviado recursos, se ha enriquecido indebidamente, ha faltado a sus obligaciones. Podría, ese mismo personaje, exigir al medio que le diera espacio para justificar sus actos ilícitos o inmorales y demandarlo si no diera espacio a sus mentiras.
Y es que, al borrar el requisito de la falsedad, cualquier información publicada, por bien investigada y documentada que esté, está sujeta a que se deba publicar la versión del “agraviado”. Y ya sabemos cómo se las gastan algunos que, intolerantes a la crítica, alérgicos a que sus verdades se hagan públicas, recurren a la amenaza o la presión para intentar amedrentar a sus críticos, a quienes los exhiben.
Entiendo y apoyo plenamente el derecho de quien se ve afectado por una falsedad a aclarar, a limpiar su nombre. Pero si esta nueva iniciativa es aprobada por la Suprema Corte, los villanos tendrían acceso irrestricto a los medios. Los periodistas serios, los que investigan, denuncian irregularidades o crímenes, podrían ser quienes resulten castigados.
Nuestro país vivió durante décadas la censura y la presión gubernamentales y/o de los poderosos. Ha sido un largo y tortuoso camino hacia la libertad de expresión, que con una simple decisión judicial se vería borrado, literalmente, de un plumazo.
Si es necesario optar entre los excesos de la libertad o los del autoritarismo, yo no tengo duda. La libertad siempre será la mejor, la única, opción.
Analista político y comunicador.
Twitter: @gabrielguerrac
Facebook: Gabriel Guerra Castellanos
