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La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones ha traído muchos beneficios para nuestra población. Los precios han caído en promedio más de 25% (tan sólo en la telefonía móvil han disminuido 43%) y ya no se cobran las llamadas de larga distancia nacional. Los servicios son mejores y llegan a más personas; como ejemplo, la penetración de la banda ancha móvil entre la población se ha más que duplicado en los últimos 3 años.
Como parte de dicha reforma el Poder Legislativo, con una gran sensibilidad social, creó derechos de los usuarios y las audiencias, reconociendo su coexistencia con derechos fundamentales como la libertad de expresión y de difusión. Así, se estableció desde la Constitución en su artículo 6º que “toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna” y que la radiodifusión deberá preservar “la pluralidad y veracidad de la información”. Por su parte, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión estableció en su artículo 256, el derecho de las audiencias a “que se diferencie con claridad la información noticiosa de la información de quien la presenta” y “que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa”, entre otros. Asimismo, la ley ordenó al IFT emitir lineamientos que deberán asegurar el cumplimiento de los derechos de información, de expresión y de recepción de contenidos en términos de lo dispuesto por los artículos 6º y 7º de la Constitución.
En cumplimiento de dicho mandato, en el 2015 el IFT sometió a consulta pública un proyecto de lineamientos en esta materia que dio lugar a comentarios de muy diversa índole, desde simples rechazos hasta propuestas específicas de incluir, por ejemplo, el deber de los concesionarios de transmitir programación dirigida a la población infantil o contenidos de origen local. Del análisis del marco jurídico, los comentarios recibidos y las mejores prácticas internacionales, el IFT aprobó el pasado 29 de noviembre los lineamientos de defensa de las audiencias, que prevén mecanismos para hacer efectivos los derechos previstos en la ley, privilegiando en todo momento la libertad programática y la libertad de expresión.
Como sucede con las nuevas regulaciones, los lineamientos han generado cuestionamientos, unos señalando que faltó incorporar más obligaciones para mejorar la calidad de los contenidos que recibimos y otros, en el extremo contrario, reclamando supuestos excesos, como que el deber de distinguir la información de las opiniones de quien las presenta es contrario a la libertad de expresión, ignorando que se trata de una obligación impuesta por la propia ley.
Nuestro país ha dado pasos muy importantes en el reconocimiento de derechos y el fortalecimiento de sus instituciones, que permiten que hoy todos podamos aportar nuestra opinión en temas relevantes para nuestra sociedad y que tengamos mecanismos para revisar las decisiones del Estado mexicano. Si lo que se pretende es revisar la constitucionalidad de la ley o los lineamientos, hay caminos para ello, como también los hay para modificar las leyes que nos hemos dado. En tiempos de incertidumbre y de la necesaria unidad nacional, el camino no debe ser desprestigiar a las instituciones, sino fomentar el cumplimiento de la ley y la consolidación de un auténtico Estado de derecho. No olvidemos que ha sido precisamente eso lo que ha permitido que hoy tengamos mejores servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, así como condiciones para la inversión no vistas antes en estos sectores.
Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones
