Uno de los más frustrantes fracasos de la mal llamada “Alternancia del Poder”, en realidad un mero continuismo, protagonizado lamentablemente por Fox y por Calderón, se localiza en su nula visión de Estado, al no haber podido —ni siquiera intentado— desmantelar la estructura depredadora conocida como la “Dictadura Perfecta” instalada por Tata Lázaro, heredero de la diarquía Obregón-Calles. La presente coyuntura política que amenaza nuestra paz social como hace muchas décadas no acontecía, y que pone a prueba instituciones en las que muy pocos creen, requiere la construcción de un eficiente Estado de derecho. No se trata de una medida de resultados inmediatos, pero si la “Patria es Primero”, como dice el sarcástico letrero del Senado, otra carpa más, ¿por qué no cumplir con la dolorosa conclusión de Vicente Guerrero?
Las leyes penales fueron redactadas para impedir el encarcelamiento de la inmensa caterva de políticos corruptos. Las rendijas legales y los siniestros acuerdos políticos inconfesables, facilitan la huida de quienes cometen el delito de peculado, enervan a la sociedad ante la imposibilidad de sancionar a los funcionarios que hayan dispuesto ilícitamente del ahorro de la nación. La justificada irritación de la ciudadanía responde al enriquecimiento explicable de los “presupuestívoros” que disfrutan impunemente su patrimonio mal habido, más aún cuando no sólo no existen dispositivos eficientes para privarlos de la libertad, sino que nos encontramos frente a una delincuencia política organizada que bloquea su reclusión en los penales federales. Las pandillas en el poder no deben pedir comprensión ante la ausencia de ¡justicia!, la palabra que gritamos enardecidamente la mayoría de los mexicanos.
Se deben elevar de manera draconiana las sanciones aplicables a quien viole la ley. En Nueva York, quien asalte a un taxista sería condenado a 25 años de cárcel, a modo de ejemplo. No propongo que un juez o funcionario o legislador sea pasado por las armas (en realidad me encantaría) en caso de verse involucrado en casos de corrupción como acontece en China, no, pero sí, que no alcance fianza ni que el máximo castigo sea el impedimento de ejercer un cargo público en 10 años: una burla sarcástica para los contribuyentes de impuestos.
Si hablamos de “Reformas Estructurales” la primera debería haber sido la instrumentación de un Estado de derecho, una decisión orientada a enfriar los ánimos ciudadanos. ¿Cómo es posible que no se haya logrado promulgar el conjunto de leyes llamadas a integrar el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Y el famoso zar anticorrupción? La gobernabilidad estará en un juego creciente y temerario en la medida en que las sucesivas pandillas que nos han gobernado continúen lucrando con el tesoro público, ante una ciudadanía tan maldiciente como impotente y frustrada.
Las leyes de lavado de dinero han aterrorizado a la ciudadanía, paralizado de alguna forma a la economía (no estoy en contra de ellas) pero no han detenido la putrefacción del aparato político en el que los escandalosos peculados o los enriquecimientos inexplicables se siguen reproduciendo impunemente.
Se acaba la paciencia, se agota el tiempo: ¿Qué hace un pueblo ultrajado que no encuentra salidas y no es escuchado…? ¡Recurre a las manos o a las armas que financian quienes lucran con el caos…!
@fmartinmoreno
