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Seguramente han escuchado la frase “hacerse el sueco”.
Algunos dicen que se deriva de la palabra soccus, de donde provienen los vocablos zueco, zocato y zoquete. Otros, apoyan la versión de que la expresión hace referencia a los marineros, quienes desde Suecia llegaban a puertos españoles. Al hablar un idioma distinto, hacían como que no entendían.
Es el equivalente a una expresión más común en México: “hacerse guaje”. Sí, y hay otras más comunes.
Todo parece indicar que la administración peñista se está haciendo la sueca con el escándalo de los periodistas, defensores de derechos humanos y activistas espiados con el software Pegasus. El que sólo se vende a gobiernos y fue adquirido, por lo menos, por la PGR, Cisen y Sedena.
Recordarán que el Presidente pidió a la Procuraduría General de la República aplicar la ley a quienes “levantaron falsos señalamientos contra el gobierno”.
Enrique Peña, siendo parte, se erigió en juez. Con todo el poder de la investidura, dio su veredicto y mandato a seguir.
Ante la amenaza, en Los Pinos dijeron que el Ejecutivo no quiso decir eso.
En mi columna anterior escribí que la duda ya no era si están dispuestos a investigarse a si mismos, sino ¿de qué más serán capaces en lo que resta del sexenio?
Ayer, expertos de The Citizen Lab confirmaron los ataques con Pegasus dirigidos contra los líderes panistas Ricardo Anaya, Fernando Rodríguez Doval y Roberto Gil Zuarth.
También esta semana, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó evidencias sobre los vínculos de Peña Nieto y Emilio Gamboa con la empresa Balam Seguridad, intermediaria en la venta del mentado malware. El reportaje indicó que “el dueño de esa comercializadora (Rodrigo Ruiz) tiene conexiones con la élite priísta: su tío Guillermo Ruiz de Teresa es coordinador de Puertos y Marina de la SCT, ex líder del sector popular del PRI y junto con Gamboa, su padrino político, fue protagonista del Pemexgate”.
Pero en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, FEADLE, están en otra cosa. Hicieron caso omiso a la petición de las víctimas de crear un panel de expertos independientes nombrado y auspiciado por mecanismos internacionales.
En su lugar declaró que solicitó ayuda a integrantes de la ONU, FBI, IPN. Su labor, si es que se suman (EL UNIVERSAL informó que la embajada de Estados Unidos no había recibido petición formal para que el FBI colaborara), se reduciría a apoyo técnico.
Para colmo, esta fiscalía (dependiente de la PGR, dependiente de EPN) está canalizando las pesquisas y la “ayuda técnica” en contra de los denunciantes. No solo ignoró su solicitud, sino que les pidió ¡entregar sus celulares!
Surgen, pues, más preguntas:
¿Las autoridades federales están creando la percepción de que habrá vigilancia internacional en la indagatoria, cuando en realidad pretenden obstaculizar la participación del panel de expertos?
¿En lugar de ir tras los delincuentes espías, están persiguiendo a los afectados?
En la procuraduría de Raúl Cervantes, ¿se está preparando la investigación o se está armando la defensa de Peña Nieto?
¿Será que se están haciendo los suecos?
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