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El derecho a la información es básico para la salud de la democracia. Incluye la posibilidad de que los ciudadanos conozcan por sí mismos, de primera mano los antecedentes de los servidores públicos, sus intereses y el patrimonio con el que cuentan. De este modo se asegura el control de la sociedad sobre sus funcionarios en tanto que disminuye los incentivos a conductas corruptas.
En la construcción de ciudadanía y de instituciones fuertes, cimentadas en valores democráticos fundamentales, la sociedad mexicana se ha topado continuamente con el anquilosamiento de un sistema de intereses políticos, partidistas que se niegan a ser reestructurados y limitados. ¿Qué justificación tiene un servidor público para negarse a dar a conocer su situación fiscal, patrimonial y de intereses, a pesar de que así lo manda la ley?
Como publica hoy EL UNIVERSAL, el Poder Judicial de la Ciudad de México, integrado por del Tribunal Superior de Justicia local, el Tribunal Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, promovió desde junio de 2016 una controversia constitucional contra la Ley de Transparencia, que los obliga a difundir aquellos tres documentos relacionados con su patrimonio. Es decir, los encargados de hacer valer la ley la desconocen a conveniencia, además de que buscan impedir el cumplimiento de un derecho ciudadano, el de la información.
Los magistrados de estos organismos están entre los servidores públicos que mayores ingresos perciben en la Ciudad. Así, dichos funcionarios no toman en cuenta que con su afrenta a la ciudadanía, al resistirse a publicar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses —su 3de3— generan desconfianza entre la sociedad a la que sirven. Cuando la población recela de sus servidores públicos, éstos pierden credibilidad y capacidad de maniobra para desempeñar su tarea.
Ya en 2016 las leyes anticorrupción padecieron un ataque similar desde el poder público. Precisamente los congresistas que definieron aquel marco legal aprobaron que los servidores públicos no estén obligados a hacer públicas las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses. A diferencia de entonces, los funcionarios de la capital se oponen a una ley que deben acatar.
Nuestra sociedad está dolida desde hace tiempo por la corrupción vista a todos niveles de las instituciones públicas. Las autoridades fiscalizadoras dan cuenta de forma cotidiana sobre las inconsistencias en el uso de los recursos en todos los rincones del país. La clase política y los funcionarios de alto nivel demuestran recurrentemente su desinterés en transformar estas realidades. Los mexicanos deberán decidir cuándo y dónde marcarles el alto.
